El Gobierno repara la memoria de 249 funcionarios de Córdoba represaliados por el franquismo
Manuela trabajaba como “sirvienta”. Basilio era topógrafo. Rosario, directora de las Cantinas Escolares. Francisco, veterinario. José fue chófer. Ambrosio y Honorio se ganaban la vida siendo músicos. Juan y José, como bomberos. Todos forman parte del grupo de funcionarios del Ayuntamiento de Córdoba represaliados por el franquismo. 249, de los que 80 fueron asesinados, y cuyos expedientes han sido limpiados para reparar su memoria.
El homenaje a estos trabajadores municipales ha sido presidido por la ministra de Justicia, Dolores Delgado. El reconocimiento personal ha contado con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, y del ya exdirector general de Memoria Histórica del Gobierno de España, Fernando Martínez.
Con anterioridad, la comitiva ha estado en el cementerio de La Salud, donde acaba de finalizar la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de la capital cordobesa, que albergarían los restos de unos 4.500 ejecutados por los golpistas de Franco. El equipo arqueológico ha recuperado los restos óseos de 20 personas, cuatro de ellas mujeres, a la espera de que las administraciones públicas aprueben la continuación de los trabajos.
Estos funcionarios de Córdoba castigados por sus ideas políticas son una parte de los 60.000 andaluces expoliados y que sufrieron depuración profesional. Andalucía fue la región más castigada por las fuerzas rebeldes. Las cifras dejan al menos 45.566 ejecutados en 708 fosas comunes, más de 50.000 refugiados o unos 100.000 trabajadores esclavos, según historiadores como Paul Preston o Ian Gibson.
Limpiar los expedientes
En el acto de homenaje, celebrado en el Palacio de Orive, la ministra de Justicia ha entregado 249 expedientes de declaraciones de reparación a estas víctimas del franquismo. Se trata de una medida prevista en la Ley de Memoria Histórica y que alcanza a estos dos centenares de empleados sancionados y depurados por los franquistas en 1936.
“Se dignifica a los funcionarios municipales y funcionarias que fueron objeto de represalias solamente por su ideología”, ha resaltado la ministra de Justicia. “Son personas que en su momento perdieron la vida y la libertad por defender unos valores que hoy son nuestros valores constitucionales”, en palabras de Dolores Delgado.
“Esto no es una leyenda del pasado, sino que es el presente y sobre todo el futuro”, ha destacado la ministra, como recoge Europa Press. El país necesita “construir ese relato” común. Por eso, ha insistido, “es muy importante la memoria histórica”.
En la entrega de la documentación que limpia los expedientes de los funcionarios cordobeses han estado presentes familiares de los trabajadores represaliados. Entre los depurados por los golpistas hay tres mujeres, según el listado que adelantó la Cadena SER. Y un grupo de 59 guardias municipales y 16 bomberos. O nueve músicos de la banda municipal. Incluso tres sepultureros que hacían sus labores en la tierra que acabó acogiendo los cadáveres de centenares de fusilados, y el propio capellán del cementerio de La Salud. Hasta el chófer de la Alcaldía, médicos, albañiles, jardineros, profesores, vigilantes, recaudadores o personal del servicio de limpieza.
Los certificados reconocen a funcionarios “depurados durante la etapa franquista”, como ha destacado la alcaldesa de Córdoba. “Se devuelve de alguna manera la dignidad y la memoria a muchas familias cordobesas que durante demasiados años han tenido que estar viviendo aislados, represaliados y sobre todo al margen de aquello por lo que sus familiares perdieron la vida, que era la legalidad, el compromiso con el régimen democrático que se establecía antes de la contienda y la defensa de la libertad, la democracia y la justicia social”, ha apuntado Isabel Ambrosio.
“No es buscar huesos”
La depuración profesional era una pata más de la represión poliédrica del franquismo. Del robo de bienes a los derrotados a la tortura de disidentes políticos o el genocidio fundacional de la dictadura de Franco, todavía viva en miles de tumbas ilegales y cunetas repartidas por el país.
Tras la visita a los Muros de la Memoria del cementerio de La Salud, la ministra de Justicia ha manifestado que confía en que las labores de exhumación de las fosas comunes del franquismo no queden frenadas con el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía.
“Porque las víctimas lo merecen y esto no es buscar, sino dignificar, dar tranquilidad”, según Delgado, aludiendo de soslayo a la polémica declaración del diputado andaluz de Vox Benito Morillo, que llamó a las víctimas “buscadores de huesos”. La formación de extrema derecha se esconde tras fosas falsas con franquistas para criticar la ley de memoria.
El Gobierno de España espera “poder seguir trabajando, porque se estaban consiguiendo unos espacios comunes, muy transversales, aprovechando muchas sinergias e incluso estableciendo protocolos” entre administraciones y coordinados desde la Dirección General de Memoria Histórica, ha destacado.
La legislación memorialista, y actos como la reparación a los funcionarios depurados profesionalmente, “vienen de alguna manera a reparar el olvido durante tantos años”, ha subrayado la alcaldesa de Córdoba. Muchos de estos procesos de castigo quedaron registrados en el Tribunal de Responsabilidades Políticas franquista.
Con la expulsión de sus trabajos, o mediante multas, los golpistas elaboraron un proceso de una “magnitud” extraordinaria que afecta “a todos los que militaron o tuvieron algún cargo de responsabilidad en alguno de los partidos o sindicatos que apoyaron al Frente Popular desde 1934”, según explica el libro La represión franquista en Andalucía.
Más de 80 años después, el Gobierno de España reconoce a estos trabajadores represaliados en el Ayuntamiento de Córdoba. Con la entrega de certificados, quedan limpios sus expedientes y reparadas sus memorias.
