Diez años del “doloroso desahucio” que destapó el acoso de 'asustaviejas'

Rosario Piudo, mientras esperaba su desahucio (año 2004). / ARCHIVO EL MUNDO

A Rosario Piudo la desahuciaron hace justo una década. Estaba enferma, tenía 87 años y una deuda de 39 euros de renta mensual del piso donde vivía desde 1978. No había pagado por un error. Aquel desalojo causó conmoción, fue noticia a nivel nacional. Era el “primer desahucio” público y evidenciaba le expulsión masiva de inquilinos del casco histórico de ciudades que masticaban el inicio de la especulación urbanística. El drama sigue vigente, casi más que nunca y asociado a la rutilante crisis económica, al impago de hipotecas y alquileres. Y Rosario… falleció años después en una residencia para pobres. Nunca entendió lo que ocurrió con su casa, lo que hicieron con su vida.

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Los 'asustaviejas'. Ese era el nombre que recibían unos siniestros personajes contratados por arrendadores para practicar acoso a ancianos que firmaron alquileres bajo contratos de renta antigua (acogidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964) en fincas urbanas susceptibles de entrar en el pastel de la burbuja inmobiliaria. Era un secreto a voces que saltó tras el suceso de Rosario Piudo.

Como indica la asociación civil nacida tras el “doloroso desahucio”, la Liga de Inquilinos 'La Corriente', se evidenciaban “por primera vez infames prácticas de mobbing, violencia física y psicológica utilizada para obligar al inquilinato a abandonar su hogar con fines especulativos”. Eran los propios “propietarios” quienes requerían los servicios de “asustaviejas” para haciendas que se calificaban como “edificios llenos de nichos”.

“Fue como un Gamonal en pequeñito”

Rosario, dice el presidente de la Liga de Inquilinos, Miguel Macías, “nunca llegó a entender porqué la habían echado, se murió con esa pena”. Eran “los años malos que hubo en Sevilla”, cuando se acabó con la mayoría de las antiguas corralas de vecinos. Rosario Piudo, su drama, provocó la movilización ciudadana. “Les paramos los pies a los 'asustaviejas' –dice Macías– y nos llamaban de toda Andalucía para ver cómo lo estábamos haciendo”. “Fue como un Gamonal en pequeñito, en Sevilla y hace diez años”; recuerda que se apoyó en el soporte institucional con la creación de la Oficina Técnica de Asesoramiento al Inquilino en Situación de Abuso (OTAINSA), adscrita a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.

Desde entonces, un mínimo análisis de la problemática del alquiler refleja un avance discreto, pues la propia asociación sigue ofreciendo “asesoramiento gratuito”. Aunque las circunstancias han virado a nuevos colectivos: “estudiantes, desempleados de larga duración, trabajadores precarios, inmigrantes, personas separadas que han de hacer frente a una nueva vivienda…”. La lista es larga e incluye desahucios hipotecarios y escasos recursos para acceder “a un hogar medianamente digno”.

En estos últimos años, la Liga de Inquilinos “ha denunciado y atendido centenares de casos poniendo de manifiesto la intolerable situación de un inquilinato que, lejos de ir avanzando en conquistas en torno a la vivienda, ha empeorado notablemente”. El colectivo pone de ejemplo la “política municipal en materia de vivienda para los sectores más indefensos de Sevilla”: el “parque de viviendas” municipal destinado a estas problemáticas “permanecen vacías”. O incluso cómo, desde la entrada del nuevo Gobierno local del PP, se cierra la oficina de atención a inquilinos.

El Ayuntamiento expropió el edificio de la Encarnación tras la “indignación ciudadana”

Hace diez años, por la “indignación ciudadana”, el Ayuntamiento de Sevilla acabó expropiando el edificio donde había vivido Rosario Piudo, ubicado en la plaza de la Encarnación (números 5 y 6), justo detrás del complejo Metrosol Parasol o Setas. La operación se hizo a través de OTAINSA y debido al mal estado de conservación en el que sumieron al inmueble sus propietarios dedicados “más que arreglarlo a destrozarlo”.

Cuenta Miguel Macías que a Rosario “le llegan a romper las ventanas y ése es el motivo por el que decide no pagar hasta que se las arreglen, aunque después del juicio se confunde con el cambio de pesetas a euros e ingresa 39 euros menos en el banco por el alquiler de ese tiempo”. Los dueños esperan el plazo legal para denunciarla y el juez tiene que ejecutar el desahucio.

Desde la expropiación, el único uso de la finca ha sido como recinto “ocupado” por la Asamblea de Okupas de Sevilla, que fueron desalojados a su vez por la policía en febrero de 2006. En la actualidad, el Ayuntamiento de Sevilla ha sacado a concurso con opción de compra esta propiedad municipal. El anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) expone la adjudicación de los derechos de superficie del inmueble por un periodo máximo de 30 años con un canon mínimo al año de 178.211,79 euros más IVA. Para la Liga de Inquilinos, la medida supone “ofrecer el edificio de nuevo a la especulación y que de viviendas de vecinos pase con los años a viviendas de lujo”.

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