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Anomalía democrática en Andalucía

Salón de Plenos / Foto: Parlamento de Andalucía

Lourdes Lucio

Imagínense que en una comunidad autónoma se hubiesen celebrado elecciones hace tres años, que dos partidos nuevos hubiesen logrado representación en el Parlamento y que a un año para el final de la legislatura esos partidos ya no tan nuevos siguieran ausentes de instituciones de autogobierno o de control a las que por derecho les corresponde estar presentes, mientras las viejas formaciones mantuvieran intactas sus cuotas en función de los resultados obtenidos en la anterior competición electoral. Esta anomalía democrática ocurre en Andalucía y está pasando sin que pase nada.

En la actualidad, hay dos órganos de extracción parlamentaria, el Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y el Consejo Audiovisual, con el mandato ya caducado y que deberían haberse renovado para dar entrada a representantes propuestos por Podemos y Ciudadanos, los dos nuevos-viejos partidos que obtuvieron escaños en las últimas elecciones autonómicas. También ha entrado en el turno de reposición la Cámara de Cuentas de Andalucía. En los tres órganos, PSOE y Partido Popular mantienen sillones que ya no les corresponde y perderían en el reparto puestos de representación para dar entrada a Podemos y Ciudadanos.

En el caso del Consejo Audiovisual y la Cámara de Cuentas son necesarias mayorías cualificadas para su renovación, por lo que es imprescindible el concurso tanto del PSOE como del PP. Ocurre igual con el nombramiento del director general de la RTVA, un puesto que ocupa de manera interina Joaquín Durán desde hace casi cinco años. Repito: desde hace casi cinco años una persona dirige de manera provisional una de las mayores empresas públicas en número de trabajadores y presupuesto de Andalucía. Repito: desde hace casi cinco años el primer ejecutivo de RTVA está de manera eventual. Casi cinco años, repito, de interinidad.

PSOE y PP se echan la culpa del bloqueo. Los dos dicen apostar por la reducción de miembros en los distintos órganos y por dar entrada a todo el arco parlamentario, como dicta la ley. Ciudadanos culpa al bipartidismo porque “se niega a perder a sus enchufados”; IU reparte también responsabilidad entre socialistas y populares, al igual que hace Podemos.

Fuentes del Gobierno andaluz, que preside Susana Díaz, dicen que el acuerdo no les haría daño, pero admiten sin tapujos que prisa no tienen. Sus condiciones son dos: menos puestos en los consejos y, sobre todo, mantener su mayoría absoluta sumando con Ciudadanos, como ocurre ahora en la Mesa del Parlamento. Los socialistas no sólo están pensando en una renovación para esta legislatura, sino también para la próxima, pero conservando su hegemonía.

Acuerdo imposible

El imprescindible acuerdo entre PSOE y PP se antoja ahora mismo imposible. Lo admiten desde los dos partidos. A los dos les interesa conservar lo que tienen y esperar a lo que dicten las urnas cuando se convoquen elecciones. Las relaciones andan ahora revueltas tras el golpe de mano de Susana Díaz en el Consejo Consultivo, el órgano de asesoramiento legal del Ejecutivo. Al Gobierno le corresponde en exclusiva el nombramiento de sus miembros electos, pero había una norma no escrita que ni siquiera Manuel Chaves con sus mayorías absolutísimas –repito, mayorías absolutísimas- rompió nunca, la de consensuar con el resto de los grupos parlamentarios, sobre todo con el PP, algunos nombres.

Los populares sostienen que la ruptura de esta regla se debió a una represalia de los socialistas después de que la acusación del PP en el juicio del caso de los ERE pidiese la citación como testigo de Susana Díaz. Esta versión no la desmienten los socialistas, aunque hay quien mantiene que el Gobierno andaluz ha querido prescindir de lo que a priori consideran voces críticas en el Consejo Consultivo de cara al envío de nuevos proyectos legislativos.

IU protesta pero de manera sorda, porque probablemente tiene más que perder que ganar. También llama la atención el aparente desapego de Podemos, pese a ser uno de los grandes perjudicados. Desde esta formación admiten que no forma parte de sus prioridades políticas el denunciar su ausencia en los órganos de extracción parlamentaria, como si pelear por la cuota que les corresponde  fuera algo de mal gusto, cuando sería de justicia anticapitalista. De igual manera, se echa en falta la extraordinaria capacidad de presión que ha ejercido Ciudadanos en otros asuntos.

Lo más probable es que esta anomalía democrática, que tiene como consecuencia la falta de pluralismo en órganos de control de la comunidad,  se mantenga en lo poco que resta de legislatura y, repito, está pasando sin que pase nada.

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