Funcionarios ¿Esos privilegiados?

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, manifestaba hace poco: “Los funcionarios ya venían desarrollando fuera de su puesto de trabajo, en el ámbito doméstico, parte de sus funciones para mejorar la calidad de los servicios”.

Es cierto que las nuevas tecnologías abren un importante abanico de posibilidades y cada vez resulta menos imprescindible la presencia física para el desarrollo de las responsabilidades, la conectividad, el teléfono; las funciones telemáticas, bien usadas, mejoran la vida personal de muchísimos profesionales. No podemos confundir los planos de análisis por intereses partidistas.

La Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación parecen haberse enfrascado en una disputa que secuestra a todo un colectivo, el de los funcionarios públicos. La Junta, realizando una apuesta agresiva por la jornada de treinta y cinco horas semanales, está poniendo en un serio aprieto a las condiciones de igualdad respecto a otros miles de funcionarios sobre los que tienen la responsabilidad los ministerios.

Se generan unas expectativas basándose en una discutible distribución de la carga de trabajo que ilusiona a los funcionarios, los cuales perciben como muy cercana una mejora de sus condiciones de trabajo que tardarán muy poco en convertirse en un derecho. A la vez, se obvia la paupérrima relación entre coste y calidad del servicio público del que disponemos.

Porque siguen siendo los ciudadanos, las pequeñas empresas, convidados de piedra en toda aquella disputa, los que sufren y pagan las consecuencias. En concreto se estima que el 74% de los costes de la burocracia es soportado por ciudadanos de a pie y pymes. Esos mismos que, en demasiadas ocasiones tienen expedientes por resolver, lista de espera en los hospitales o escuchan el vuelva usted mañana. Mientras esta situación siga siendo un lastre para el desarrollo económico y social, no es de recibo relegar a segundo plano este problema.

Aún más, tenemos que reconocerlo, todos. La crisis económica y social que se inició en 2007, ha estado y sigue estando muy mal distribuida y soportada. Algunos informes apuntan a que, en el sector privado, los salarios se han reducido hasta un 60%. A finales de 2017 existen peores condiciones de trabajo que hace veinticinco años. Otros colectivos, por ejemplo, los funcionarios, a lo más que llegaron es a ver reducida su tasa de incremento salarial, y siguen sin tener, en la inmensa mayoría de los casos, que rendir cuentas sobre su productividad.

La Fundación Savia, que me honro en presidir, está impulsando el Pacto por la Calidad Institucional. Tuvimos la oportunidad de presentarlo en la Universidad de Granada. Mientras no tengamos unas administraciones públicas que funcionen y sean así reconocidas por la ciudadanía, no estaremos abordando el nudo principal del problema. Mientras no se incentive desde la autoridad política la vocación de servicios hacia el cuerpo de funcionarios, fundamentalmente predicando con el ejemplo, no estarán cumpliendo, unos y otros la función básica encomendada, su responsabilidad.