Un Gobierno pusilánime (también) ante la crisis de Abengoa

Dos argumentos corren como la pólvora. Se han convertido ya en lo políticamente correcto que nadie se atreve a contradecir. Ambos favorecen la postura inactiva del Gobierno Rajoy, que ha decido desentenderse de la crisis de Abengoa. Ambos son falaces.

El primero es que el rescate de Abengoa no debe recaer sobre los bolsillos de los contribuyentes. “¡No, no, sólo faltaba!”, repiten todos, da igual el color político, en ruedas de prensa, columnas de opinión y tertulias. Como si la quiebra de la compañía no fuera a repercutir de inmediato, y con toda su crudeza, sobre los presupuestos públicos.

¿O acaso, sin ir más lejos, el drama de los miles de puestos de trabajo perdidos no supondrá una pesada carga para las cuentas del Inem y de la Seguridad Social?

Sólo directos, Abengoa suma 7.000 empleos en España, de ellos 4.000 en la provincia de Sevilla. A ellos hay que sumar los miles de empleos de cientos de empresas proveedoras y subcontratistas, que, si Abengoa cae, caerán también sobre los presupuestos públicos nacionales, autonómicos y municipales. Pueblos enteros, como Sanlúcar la Mayor o Utrera tiemblan sólo de pensarlo.

Hay más aún, porque buena parte de sus 17.000 empleados de plantilla repartidos por Europa, América, África, Asia y Oceanía son técnicos españoles altamente cualificados que, en muchos casos, se verán forzados a retornar y hacer de inmediato una visita a las oficinas de empleo.

No sólo desaparecen empleos actuales, sino también futuros. Miles de españoles, que hoy se forman en carreras técnicas, esperaban encontrar una salida en una empresa española líder en el que, todo el mundo coincide, será sector económico clave del modelo productivo del futuro.

El segundo argumento lo transmitió el viernes 27 de noviembre el ministro de Economía Luis de Guindos, protegido tras la mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros: “Abengoa es viable”, pero el Gobierno tiene que esperar para “”saber cuál es la situación real“ antes de actuar.

Implica dos asunciones falsas: que hay tiempo, y que una eventual ayuda del Gobierno implica hacerse cargo de “un endeudamiento que está en las decenas de miles de millones”, en palabras del propio de Guindos.

Nada más lejos de la realidad. El Gobierno, y de paso los mercados, saben hace semanas cuánto hay que poner encima de la mesa para salvar Abengoa del desastre: 250 millones de euros, que es la cifra que iba a poner la empresa vasca Gestamp y así asegurar la liquidez inmediata que permitiese a Abengoa sobrevivir, mientras se desarrollaba el plan de salvamento diseñado por sus acreedores bancarios.

Es más, incluso conocian cuál era el agujero de Abengoa, sus 2.300 millones de “deuda sin recurso”. Ese término contable que ahora llena las páginas de los periodicos y que fue el que empezó a alarmar a los inversores hace ya muchos meses. No es de extrañar, ya que no es otra cosa que los créditos otorgados a Abengoa sin que haya detrás un activo concreto que los respalde.

Sin la inmediata inyección de los 250 millones que Gestamp parecía dispuesta a sacar de sus bolsillos, con los bancos cerrando a toda prisa sus líneas de crédito con la compañía, la quiebra parece inevitable. Y será rápida, porque, cerrados los grifos de dinero, ni siquiera la Abengoa que funciona resistirá. Y será así porque los sesudos expertos financieros de la empresa (también los de los bancos que le prestaron los miles de millones de euros) decidieron romper su viejo esquema de sociedades vinculadas pero independientes, para concentrarlo todo en un gran grupo.

Le vino bien al ego de sus responsables, tan grande como el poderoso gigante que quisieron crear, pero al centralizarlo todo en una única cesta (incluida la tesorería o liquidez), concentraron también el riesgo, de manera que el mal de uno es ya el mal de todos.

Así que todos esos concursos de construcción de plantas de energía, de tratamiento de agua, y de líneas eléctricas que están en marcha, se pararán en muy pocos días si sus filiales carecen de liquidez para pagar materiales, mano de obra, gastos de administración... Tampoco podrán poner ni una sola primera piedra de los concursos adjudicados y aun por empezar.

De hecho, ya ha empezado. En Eucomsa, la filial de Abengoa que en la sevillana Utrera diseña y construye torres para líneas eléctricas, los trabajadores ya han recibido cartas de despido y de vacaciones forzosas que afectan a la mitad de la plantilla. El motivo, se ha parado la construcción proyectada en el desierto chileno de Atacama.

Sin líneas de liquidez, esos proyectos ya no los desarrollará Abengoa, pero no se quedarán parados, o abandonados para siempre, no. Serán adjudicados al siguiente de la lista, que será el que se quede con la obra, su dinero, y, también, el prestigio.

Así, esa marca (concepto tan voceado por el Gobierno), la de una empresa española que colocaba al país al frente de un sector puntero desaparecerá, para que otras empresas, de otros países, arrebaten las águilas y estandartes de las manos de los perdedores.

¿Y todo por 250 millones de euros? No, por un Gobierno pusilánime incapaz de liderar al país ante ninguna crisis, sea ésta política, social o económica. Pero un Gobierno muy eficaz, eso sí, en transmitir sus excusas y falacias.