El PP es el que más perdería con la propuesta de Susana Díaz de eliminar las donaciones a los partidos
La propuesta de la nueva presidenta de Andalucía, Susana Díaz, de prohibir las donaciones a los partidos es una idea de impacto. Pero corre el riesgo de quedar solo en eso, una propuesta, dado que no depende de Andalucía, sino de la reforma de la Ley Orgánica 8/2007 de financiación de los partidos, y por tanto, de un consenso que pretende conseguir en virtud de su apuesta por un pacto nacional contra la corrupción y por la transparencia. De momento, su compromiso es “promover una reforma legal” que se traslade al Congreso de los Diputados. Lo que está claro es que el PP es el partido que más tiene que perder con la medida, por acaparar la mayor parte de los ingresos por este concepto.
En todo caso, las donaciones (que pueden ser en dinero o en especie) suponen una mínima parte de los ingresos de los partidos. De los 613,5 millones de euros que recibieron en 2008 -último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas (TCU)- todos los partidos con representación en las distintas administraciones del país, solo 6,4 fueron donaciones (apenas el 1%). El que más recibió fue el PSC, con 1.642.052,49 euros; seguido por el PP, con 1.382.419,57; y el PSOE, con 1.230.694,26. La tercera fuerza con representación en Andalucía, IU, se quedó muy lejos de estas cantidades: 95.886,81 euros por donaciones.
La ley ya fue modificada en 2007 precisamente para que las donaciones, que pueden proceder de personas físicas o jurídicas, dejaran de ser anónimas. Tienen además carácter “irrevocable” y no pueden proceder de empresas que directa o indirectamente presten servicios o realicen obras para las administraciones o empresas públicas. Pero donde está la ley está la trampa, y una aportación puede fraccionarse y ponerse a nombre de varios donantes, que entre otras cosas es lo que se investiga en el caso Bárcenas como una de las vías que habría podido utilizar el PP para financiarse ilegalmente.
Con el cambio en la ley que permitió que dejaran de ser anónimas (algo que hasta entonces se producía en el 80% de los casos), también aumentó el límite para estas aportaciones, pasando de los 60.100 a los 100.000 euros por persona o empresa, a excepción de las que sean en especie de bienes inmuebles, y además estas limitaciones no se contemplan para las fundaciones, mientras que en el caso de los partidos a veces se las saltan -basta con leer los informes del TCU- y sin consecuencias.
Begoña Sesma Sánchez, catedrática de Derecho Financiero y Tributario, subraya que es necesario “imponer multas cuando hay exceso de donaciones pero la cuestión es que el TCU llegue a tiempo de sancionar estas conductas (prescriben a los cuatro años desde que se cometieron) y tenga pruebas suficientes (y voluntad) de imponerlas”.
Por su parte, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oviedo Óscar Rodríguez Buznego, habla de “insuficiencia” en la legislación que regula su competencia en el control de la financiación de los partidos. Recuerda también que el “TCU recomienda y amonesta, pero al quedarse en eso las más de las veces su actuación, su autoridad se debilita y la sensación de impunidad crece entre los partidos”.
En todo caso, aunque no sean anónimas por ley, sí lo son para la ciudadanía ya que ni las publica el TCU ni tampoco las dan a conocer la mayoría de los partidos. De hecho, estos guardan con celo los datos de las donaciones que hayan podido recibir el último año, aunque es una información que termina conociéndose porque están obligados a justificarlo ante el TCU. Claro que, como los informes sobre la actividad ordinaria de los partidos de este organismo van con tanto retraso, hay que remontarse a 2008 para tener los últimos datos al respecto. En dicho informe, que ha sido publicado este mismo verano, se recoge que las donaciones supusieron ese ejercicio los citados 6,4 millones de euros (11,3 en 2007) frente a los 44,7 (40,3 el año anterior) obtenidos por cuotas y aportaciones de afiliados, adheridos o simpatizantes. Estos dos conceptos conforman los principales ingresos privados, dado que los partidos se financian prácticamente en un 90% con dinero público.
Fuentes para obtener ingresos
¿De dónde viene ese dinero público? Las partidas que reciben provienen de subvenciones estatales, de los gobiernos autonómicos, de las Cortes Generales, de las asambleas autonómicas y de las entidades locales. En total fueron 536,8 millones de euros en 2008 para la actividad ordinaria de los partidos. Hay que sumarles las extraordinarias que se dan cuando hay procesos electorales.
En cuanto al capital privado, están las citadas donaciones; las cuotas y aportaciones de sus afiliados, adheridos y simpatizantes; los productos de las actividades propias del partido y los rendimientos procedentes de la gestión de su patrimonio o de los servicios que puedan prestar en relación con sus fines específicos; los fondos de los préstamos o créditos que concierten; y las herencias o legados que reciban. En total, fueron 76,7 millones de euros en 2008.
Entre 1987 y 2007, el último año en que podían ser anónimas, los partidos recaudaron por donaciones 100.293.543 euros, siendo el que más CIU (unos 42), seguido por el PNV (más de 27) y el PP (25,1), y muy por detrás, el PSOE, con 5,3. Eso sí, en esas dos décadas, según datos del TCU, el partido que más donaciones (anónimas y nominales) ha recibido ha sido el PP, con algo más de 48 millones de euros, frente a los 8,8 de los socialistas. Todo eso es legal. El problema está en la contabilidad B cuando se produce y es una asignatura más difícil que una modificación en la la ley.
