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Sobre este blog

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.

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Detrás de la EPA está la gente. Buscarse la vida es un derecho, no un delito

Pablo María Fernández, coordinador del Área de Marginación de la APDHA

El pasado 25 de julio se conocieron los datos de la EPA del segundo trimestre del 2013 en la que figura Andalucía, con 1.440.400 personas (35,79%), casi 10 puntos más que la media estatal (26,26%). Lo peor de estos datos es que no son una noticia nueva y bien lo saben las personas que lo sufren directamente. Pareciera, para las distintas Administraciones, que las cosas son así y no hay nada que se pueda hacer y que algún día llegará la mejoría.

La situación que está viviendo Andalucía con respecto a las personas que viven actualmente en exclusión es alarmante, y a éstas hay que sumarles las familias que permanecen en exclusión desde hace décadas, a las que no se les dio solución en época de bonanza económica. La Junta de Andalucía nunca ha aprobado la necesaria Ley de inclusión y renta básica, a pesar de las reiteradas peticiones que ha tenido de los colectivos y asociaciones que trabajan en contra de la exclusión en Andalucía, entre los que se encuentra la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Si algo está claro es que la gente quiere y necesita trabajar, lo que pasa es que nadie les da trabajo ni las condiciones mínimas para llevar una vida que se pueda considerar digna de ser vivida. Hay personas que se buscan la vida de distintas maneras: vendiendo pañuelos en los semáforos, vendiendo gafas de sol y relojes en los bares y a lo largo de las playas, aparcando coches en los escasos huecos que quedan en algunas ciudades… Todas ellas intentan subsistir de alguna manera a falta de otro trabajo que les ofrezca unas condiciones mínimas.

Pero lo que encuentran estas personas de las Administraciones es una patrulla de la policía que se encarga de multarlas y retirarles sus mercancías. Lo más grave del asunto es que los Ayuntamientos cuentan con una cobertura normativa que, aprobada de espaldas a la realidad de las personas excluidas, sirve para sancionar una vez tras otra a quienes intentan buscarse la vida.

El otro día en Cádiz saltó la noticia: “La Policía confisca 148 pasteles, todos ellos sin envasar y distribuidos de la siguiente forma: 49 palmeras de chocolate, 35 carmelas de crema, 33 donuts y suxos rellenos y 31 cañas de chocolate, que se iban a vender en las playas de La Victoria y Cortadura”. Parece que la gente no sabe qué hacer para toparse con la policía… Pero lo que realmente pasa es que las personas tienen que buscarse la vida, tienen que buscar algún ingreso, no un ingreso extra, sino alguno, que les permita alimentarse y cubrir las necesidades básicas.

Hablaba hace unas semanas con un vendedor ambulante de ropa y calzado. Se quejaba con angustia de la realidad que está viviendo: “la cosa está muy mala, te quitan la mercancía y te multan, no sé cómo vamos a poder comer y cada vez esto está peor”. No es que el vendedor no quiera pagar impuestos, ¡es que no puede! Son más los impuestos que la poca ganancia que le dejan los artículos.

Parece de justicia que antes de aplicar las prohibiciones y sanciones, las Administraciones ofrezcan a las personas todos los medios que les permitan vivir y convivir en dignidad. Mientras esto no se haga, la prohibición de las actividades que les permiten subsistir y las sanciones que se están aplicando no dejarán de ser, simplemente, crueles.

No está de más advertir que no es de recibo la invocación de la crisis como disculpa. Dinero hay y un orden de prioridades también. Pues bien, en el orden de prioridades de todas las Administraciones deben de estar, en primera línea, el que todas las personas, también las excluidas, puedan disponer de los medios para vivir y convivir en dignidad. A esto se le puede llamar de muchas maneras, por ejemplo, Renta Básica para todas las personas.

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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.

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