El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza ha dictado y publicado sentencia contra la sobreexplotación del acuífero Aguas y el expolio de tierras y recursos hídricos en el río Aguas (Almería). Aunque no es una sentencia vinculante, sí ayuda a que la dramática situación de la comarca llegue el Parlamento Europeo a través de la denuncia de las asociaciones y localidades afectadas. Este tribunal trata casos de violaciones cometidas contra los derechos de la Naturaleza en Europa. El expolio del Acuífero Aguas ha sido el único caso español llevado ante dicho Tribunal. Y un aspecto que ha tenido en cuenta el tribunal, y aspecto relevante, es considerar la vulneración de derechos de las generaciones futuras.
Detener la extracción de aguas subterráneas y permitir que los ecosistemas se recuperen es una reivindicación básica. Y por eso, allá por el mes de febrero de este año presentaba una propuesta en el Parlamento andaluz, trabajada con la Plataforma en Defensa del Río Aguas y la recién creada en ese momento plataforma que aglutinaba a todas las de la provincia, Acuíferos Vivos, para que, conocida la situación del acuífero, se tomaran medidas que evitaran el grave deterioro que se cernía sobre la comarca regada por los manantiales del río Aguas. Siguen haciendo falta medidas urgentes para frenar y revertir el ecocidio, porque, como queda reflejado en la sentencia, “el agua no tiene precio: las sociedades que sacrifican las fuentes de agua por dinero pagarán un precio terrible”.
La provincia de Almería, la región más árida de Europa, exporta grandes cantidades de agua virtual en forma de producción hortofrutícola o aceite de oliva, hacia regiones húmedas del centro y el norte de Europa. Siendo esto así, y siendo conscientes de lo que ello supone, seguir aceptando la existencia de miles de hectáreas de olivar en régimen superintensivo es una necedad. Supone una incoherencia ecológica que compromete el futuro socioeconómico del maltratado sureste peninsular. Todos los acuíferos de la provincia de Almería se encuentran catalogados como masas de agua subterráneas en mal estado en el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas, elaborado por la propia Junta. Sin embargo, y contra toda lógica, los grupos parlamentarios que suman mayorías en el Parlamento Andaluz impidieron la aprobación de la propuesta, que como digo, elaboré conjuntamente con Acuíferos Vivos.
Los regadíos consumen la mayor cantidad de agua (un 86,9%) en la provincia. El cambio en los usos del suelo y la intensificación de la actividad agrícola de exportación han generado una grave situación de insostenibilidad, lo que es una amenaza para el territorio y para la población que lo habita. Y la Junta de Andalucía no está cumpliendo con su papel de gestión y planificación en materia de agua.
La sobreexplotación de los acuíferos forma parte de un modelo agrícola que está haciendo mella en la viabilidad, a largo plazo, de la agricultura en la provincia y ya está provocando una progresiva falta de rentabilidad económica y la puesta en peligro del modelo de agricultura almeriense tradicional, con la pérdida asociada de numerosos puestos de trabajo.
Si la situación de Almería es grave, el resto de territorios andaluces -y también el resto de la península- siguen el mismo camino, sin querer asumir que el ciclo del agua no podemos acelerarlo y lo estamos alterando constantemente, al consumir agua a mayor velocidad de la que se repone.
Por eso es necesaria una planificación y gestión territorial que contemple la viabilidad de la agricultura a largo plazo. Es necesario adoptar medidas para no comprometer el futuro de los recursos hídricos y de las actividades que de estos dependen. La administración, siendo consciente del serio riesgo en que están las masas de agua subterránea por las abusivas extracciones, debe actuar. Es tarea imprescindible proteger y regenerar las masas de agua subterránea declaradas en mal estado, no permitir que los derechos de los propietarios de concesiones causen la pérdida del derecho al agua de los habitantes de la zona. Hay que conseguir que la situación de sobreexplotación se revierta porque las cifras de las concesiones y los derechos de agua son muy superiores a la disponibilidad.
Y es la Administración la que, inexplicablemente, ha dado más concesiones que recursos existen. Esto se agrava por la gran cantidad de sondeos, captaciones ilegales y pozos reprofundizados que extraen un volumen más alto del autorizado, además de todo un cúmulo de irregularidades que apenas se controlan.
Lamentablemente, los responsables políticos que gestionan en clave cortoplacista, sabiendo que serán evaluados cada cuatro años, son cobardes en relación a lo que se debería hacer, y acaban asumiendo la realización de grandes obras hidráulicas: presas, embalses, diques, trasvases o canalizaciones… Actuaciones todas que no solo no solucionan el problema de fondo, sino que lo agravan. El Gobierno Andaluz y las Confederaciones Hidrográficas, hasta ahora, han negado el problema de sobreexplotación, y es urgente encarar la situación existente para darle un adecuado tratamiento.
Hay que replantear los regadíos actuales y adaptar el número de hectáreas a la capacidad de nuestras cuencas y acuíferos para mantenerlas. Y una cuestión muy importante es la recuperación y conservación del buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y de ribera, que son los que mejor se encargarán de devolver a la normalidad el ciclo natural del agua.
Conocida toda esta problemática, las extracciones no han disminuido, sino que han aumentado al igual que la superficie regada. En 2015 había más de 5.000 hectáreas en regadío y, en la actualidad, alcanzan un volumen de más de 20 hm3, lo que sitúa la sobreexplotación por encima del 400%. Se calcula que se están extrayendo entre 100 y 300 hm3 de las reservas, por tanto, al acuífero le quedan menos de diez años para agotarse.
Y lo más preocupante de todo esto es que la solución que apunta el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas al agotamiento del acuífero Aguas, lejos de cuestionar el modelo de agricultura superintensiva, propone traer más agua de otros lugares o de desaladoras, todo un despropósito que no cuestiona la lógica del modelo. Un modelo sobre el que necesariamente se impone la reflexión tras la sentencia que viene a refrendar lo que venimos diciendo: que la situación es insostenible.
Carmen Molina. Coportavoz de EQUO Andalucía y diputada en el grupo parlamentario de Podemos Andalucía
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