El curso universitario 2018-19 es el segundo en el que, en Andalucía, los estudiantes de Grado y Máster pueden beneficiarse de la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula. Es muy probable que usted ya se haya enterado, pues es una de las acciones educativas más proclamadas por los candidatos socialistas en estos días de campaña. Pero además, la medida ha sido ampliamente publicitada por la Junta previamente. Por ejemplo, mediante un anuncio institucional con el que me topé en Internet hace un tiempo. El mensaje era el siguiente: “Igualdad de oportunidades. Bonificamos el 99% de tu matrícula universitaria”. El enlace llevaba a una página de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad en la que, bajo un segundo eslogan (“Tu esfuerzo y talento cuentan”), se explicaba la medida. Igualdad de oportunidades, esfuerzo, talento… Permítanme un breve análisis del mensaje y de la política en cuestión a partir de algunas cuestiones aprendidas desde la sociología.
Antes que nada, aclaremos conceptos. El incluido en el primer eslogan, “igualdad de oportunidades”, comienza a extenderse en Occidente a partir de la segunda mitad del s. XX, tras emerger datos y estudios que, como el Informe Coleman en los EE.UU, probaban empíricamente la fuerte relación existente entre el origen social, étnico y racial, por un lado, y el rendimiento y logro educativo, por otro. Ante estas evidencias, adquiere fuerza la idea de que, para la equidad educativa, no basta con garantizar el derecho a la enseñanza, sino que resulta necesario ir más allá actuando sobre desigualdades que provienen de fuera de la escuela, que responden a cómo la sociedad estratifica a grupos de personas, y que acaban condicionando fuertemente logros educativos y socioeconómicos.
Las políticas de igualdad de oportunidades educativas son, por tanto, aquellas que tratan de reducir las desigualdades educativas actuando sobre las desigualdades que afectan a la posición de salida de los individuos; aquellas que intentan que las personas tengan las mismas oportunidades a la hora de alcanzar cualquier logro educativo, independientemente de su clase social, raza, etnia o sexo, entre otros. Un ejemplo son todos los tipos de becas que tienen en cuenta los ingresos familiares.
En contraste con la idea anterior, los términos empleados en el segundo eslogan (“esfuerzo” y “talento”) aluden a priori a atributos individuales y, por tanto, al concepto de diferencia. Ambos se asocian, además, al mérito personal. Son pilares de la idea de meritocracia (el “gobierno” del mérito), otro término que gana fuerza en la segunda mitad del s. XX y que fue acuñado por el sociólogo británico Michael Young. Lo hizo en 1958, en un ejercicio de política ficción titulado The rise of meritocracy. En él satirizaba sobre las políticas educativas basadas en la priorización de la inteligencia y el mérito planteando un escenario distópico en la Inglaterra de 2034.
En teoría, como explicaba Young, la meritocracia permite que el estatus de un individuo sea adquirido (elegido), en lugar de heredado o adscrito a cuestiones que le vienen dadas, como, por ejemplo, el origen social del que parte. Seguramente, tanto usted como yo estemos de acuerdo con la idea de que los trabajos o los logros educativos se alcancen en función del mérito demostrado. Pero quizás no lo estemos tanto si tenemos la certeza de que, como demuestran los datos, los que alcanzan los mejores resultados académicos o los más elevados puestos de trabajo (los considerados “gente de mérito”) proceden muy mayoritariamente de clases sociales elevadas.
Y es que cuando el mérito entra en colisión con una estructura de oportunidades profundamente desigual, la creencia en la meritocracia se convierte en una trampa, en una ideología legitimadora de las desiguales sociales. El discurso de “si han llegado tan alto es porque lo valen, y si no lo han hecho es porque no se han esforzado o no tienen las cualidades para ello” presenta como resultado exclusivo del mérito desigualdades que, en gran medida, tienen que ver con la estructura social en la que vivimos. Y con ello, tales desigualdades se perciben como justas.
En 2001, poco antes de morir, Young se lamentaba en The Guardian de que el término meritocracia hubiera quedado, en su uso, desprovisto de las connotaciones negativas que él le otorgó y, especialmente, de que acabara siendo abrazado por el Partido Laborista. Eran tiempos de Blair y de su famosa tercera vía para la socialdemocracia.
Tras analizar las ideas contenidas en los mensajes, vayamos a la política. A la bonificación de los costes de matriculación que se lleva a cabo con esta medida de la Junta de Andalucía puede acceder, en un principio, todo el alumnado. Es decir, es una medida dirigida al conjunto de los estudiantes universitarios, sin tener en cuenta las desigualdades de origen de las que parten. Beneficia a todos por igual. Es cierto que el alumnado de orígenes sociales menos favorecidos tendrá más dificultades para afrontar el pago de esa primera matrícula, lo que puede seguir suponiendo una barrera para el acceso a la universidad para algunos; aunque también lo es que la reducción de los costes marginales es mayor para ellos, pues el alivio que supone para las economías de sus hogares es superior que el que supone para las de los estudiantes de clases más acomodadas. Por otra parte, el hecho de que para la bonificación de los costes se tome como criterio exclusivo el haber aprobado en primera matrícula (supuesta selección en función del mérito) implica jugar en contra de los menos favorecidos socioeconómicamente, pues, como lleva demostrando la sociología desde los años 60, son ellos los que más dificultades tendrán para rendir a ese nivel.
Así pues, a priori se trata de una medida que no va dirigida a atajar claramente ningún tipo de brecha, por lo que muy dudosamente puede calificarse como medida de igualdad de oportunidades, tal y como rezan el anuncio y las proclamas de los candidatos del PSOE. Que a posteriori provoque que el alumnado de clases más desfavorecidas se gradúe en mayor medida es algo incierto y que habría que evaluar en los próximos años.
Más evidente parece la orientación meritocrática de la medida, si bien el hecho de si fomenta o no el mérito y el esfuerzo sea algo que, igualmente, haya que valorar a futuro con datos que lo permitan. Lo que sí está claro es que el meritocrático es un discurso profundamente liberal, que, en contextos estructuralmente desiguales, sirve para legitimar el orden social existente. Y que la idea meritocrática —por más que se entremezcle con otros discursos— haya sido abrazada por partidos socialdemócratas dice mucho tanto del alto grado de penetración que ésta presenta en nuestras sociedades, como de la deriva liberal de estos partidos y de la crisis de identidad en la que llevan años sumidos.
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