Grazalema, una llamada de atención al efecto del cambio climático en las edificaciones

Para un amante de la literatura gris como yo, Grazalema me trae a la memoria una referencia del más que sesudo Informe de 2024 del Tribunal de Cuentas de Francia (Cour des Comptes) y de las Cámaras regiones y territoriales de Cuentas de ese país sobre “La acción pública para la adaptación al cambio climático”.

Trataba ese informe en un extenso apartado algo nuevo para mí: los efectos del cambio climático en las edificaciones, debido al creciente impacto que la mayor frecuencia e intensidad de las sequías y la mayor intensidad de las lluvias provocaba en el comportamiento de los suelos arcillosos en buena parte del territorio francés, acentuando sus procesos de contracción y expansión. ¿Qué sucedía entonces? Que las viviendas se agrietaban y se movían, poniendo en riesgo su habitabilidad y obligando, cuando era posible, a costosas reparaciones.

El informe señalaba que más de tres millones de edificaciones –viviendas unifamiliares en su mayoría- estaban expuestas a los riesgos de ese comportamiento de los suelos, en distintas regiones del país. El Tribunal de Cuentas prestaba atención a esta cuestión dada la creciente significación de la sangría que estaban suponiendo para las arcas francesas las indemnizaciones derivadas de la atención a los daños en las áreas expuestas (que suelen reclamar la categoría “zonas catastrófica” con los efectos que ello tiene sobre la aportación de recursos públicos), a los crecientes y altos costes que entrañaban esos daños a las aseguradoras (en sus estudios al horizonte 2050 estiman que les implicará gastos superiores a los mil millones de euros/año) y en las instituciones que actúan como reaseguradoras, y por los elevados gastos y molestias de toda índole que los propietarios debían asumir para las reparaciones de sus viviendas.

Las consecuencias de estos impactos negativos van más allá, al reducir el valor patrimonial de esos bienes, reducir también su valor a efectos de garantías hipotecarias, elevar el coste de los seguros que los promotores deben asumir y provocar serias perturbaciones a quienes habían financiado dichas edificaciones a base de préstamos ante las incertidumbres que se ciernen sobre la viabilidad de hacer frente a sus obligaciones.

Todas esas manifestaciones tenían además sus repercusiones, en menor o mayor grado, sobre las cuentas públicas, en particular sobre las de las administraciones locales.

Son precisas medidas de carácter técnico, disciplinar y regulatorio en el plano constructivo, de alcance tanto regional como local, para adaptar las nuevas construcciones al cambio climático, y no sólo para mejorar su comportamiento térmico o para apartarlas de las zonas de inundación, sino para atender los riesgos estructurales que pueden sufrir

El Tribunal estimaba que los costes de estas incidencias en la obra nueva como consecuencia de las medidas adicionales que debían introducirse en las estructuras supondrían un aumento del 3% de los costes constructivos al uso. Y estimaba también que  las intervenciones en las reparaciones y las adecuaciones a esos riesgos de las viviendas ya existentes conllevarían un gasto de 21.000 a 76.000 euros, según el tipo de vivienda y el grado de afección.

Este tipo de efectos del cambio climático sobre el comportamiento de los suelos sobre las edificaciones remarcados por Francia, ha recibido hasta ahora escasa atención en la literatura española sobre el impacto del cambio climático, a pesar de que en España y, en Andalucía en particular, los suelos arcillosos, candidatos natos a sufrir esos efectos, son frecuentes, y otros tipos de suelos, como los denominados coloquialmente “duros” sobre los que se asienta por ejemplo Grazalema, están expuestos también a riesgos climáticos. Ni siquiera el reciente informe de 2025 de la prestigiosa WWF sobre “Adaptación climática en el sector seguros en España” hace la menor mención a este tipo de riesgos. Y tampoco ha recibido atención en las reglas del sector asegurador, en especial en la que determina los riesgos cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros.

Pero la climatología de este año –con sus violentas  manifestaciones-, nos recuerda la conveniencia de poner la calidad constructiva y los riesgos edificatorios en las mesas de análisis y en los planes de acción de todos los agentes relacionados con la edificación. Durante los próximos meses llegarán previsiblemente a los despachos de las aseguradoras múltiples solicitudes de cobertura por daños estructurales a las casas, no encuadrables en los que hasta ahora provenían de las inundaciones: puede ser sólo el arranque de un tipo de efectos del cambio climático que es de prever adquiera más peso a futuro. Y aunque las compañías aseguradoras comienzan a estar advertidas de esas previsiones, tal como algunos de sus informes al respecto y la elevación de sus pólizas lo indican, el resto de los agentes interesados, públicos y privados, no parecen tan conscientes de tales riesgos y harían bien en tomar este asunto en consideración.

Son precisas medidas de carácter técnico, disciplinar y regulatorio en el plano constructivo, de alcance tanto regional como local, para adaptar las nuevas construcciones al cambio climático, y no sólo para mejorar su comportamiento térmico o para apartarlas de las zonas de inundación, sino para atender los riesgos estructurales que pueden sufrir. Y medidas también, en la misma dirección, para algo previsiblemente más complejo, adecuar el parque residencial actual que está expuesto a esos riesgos y, en consecuencia, a esos impactos.

Más allá y en otro plano, algunas medidas deberían atender quizás al respaldo a las aseguradoras en la atención a estos riesgos, y a la extensión de la cobertura de los seguros a este tipo de eventos, con objeto de auxiliar a las personas que lo sufran a hacer frente a los relevantes gastos que pueden requerir, que muy probablemente quedarían fuera del alcance de numerosas familias, acentuando así su exclusión.