“La legislación tiene que proteger más a las víctimas de violencia”, dice el juez de Vícar premiado

El magistrado juez del Juzgado de lo Social nº 3 de Almería, Juan Carlos Aparicio, ha sido galardonado con el premio del público a la mejor decisión judicial mundial del año en relación a los derechos de las mujeres, que concede cada año 'Women's Link Worldwide', después de que 10.000 votos de ciudadanos hayan reconocido su labor al declarar huérfana total a una niña cuya madre fue asesinada por su padre en el municipio de Vícar en 2011.

Ahora la sentencia ha sido reconocida internacionalmente en la sexta edición de los galardones 'Género y Justicia al Descubierto', donde recibía la distinción del público con la obtención del Mallete, el simbólico mazo judicial. “Me ha venido por sorpresa, no esperaba recibir ningún premio”, reconoce Aparicio. Él cree que es el primer juez español al que le conceden esta distinción internacional. Era la primera vez que se le presentaba un caso así, reconoce, porque “la pensión de orfandad total está prevista legalmente sólo en el caso de que no viva ninguno de los progenitores”.

“El planteamiento que hizo la letrada fue que la madre había fallecido y el padre vive, pero nunca había ejercido la patria potestad y estaba condenado a pena de cárcel. Yo vi que nadie se podría hacer cargo nunca de la niña y, aunque no estaba previsto en la ley, consideré después de estudiar el caso que no había ningún impedimento para que se le concediera la orfandad total. Y la Seguridad Social tiene que hacerse cargo de las víctimas”, explica.

Laguna legal en la ley de violencia de género

“La ley de violencia de género tiene esa laguna legal. Era como si no tuviera padres”. Una iniciativa parlamentaria pretende incluir estos casos en la ley para que tragedias similares no queden en el limbo legal. En 2013, un total de 42 menores perdieron a sus madres en España por actos de violencia machista.

“Creo que se trata de un problema de educación. Hay mucho machismo. En vez de ir mejorando, parece que vamos hacia atrás. Yo veo que esto no mejora y que no se reduce el número de casos de violencia de género. No sólo muertes, que es lo más grave, sino agresiones. Parece que no estamos preparados todavía. No entiendo por qué hay tanta violencia en la sociedad. La legislación tiene que proteger más a las víctimas”, reflexiona en voz alta el magistrado galardonado.

Los crueles hechos que originaron esta sentencia, ahora premiada, ocurrieron en el municipio almeriense de Vícar, situado en la comarca del Poniente, con un alto índice de inmigrantes de diversas nacionalidades dedicados al trabajo en invernaderos. Salud García Caparrós falleció el 27 de septiembre de 2011 a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico producido por la agresión de su marido, que le golpeó la cabeza contra el suelo. Francisco Jiménez Giménez fue condenado a 20 años de prisión por un delito con el agravante de ensañamiento y alevosía. Al agresor se le condenó a la privación de la patria potestad con prohibición de residir en Vícar y acercarse a menos de 500 metros del domicilio donde ocurrieron los hechos durante 30 años, debiendo indemnizar a su hija, Salud, con 200.000 euros, y a los padres de la víctima con 90.000.

La sentencia premiada refleja todos los trastornos que sufrió la hija por parte de su padre, reconociendo que “Francisco sometió a su hija Salud desde que nació a un abandono emocional absoluto, en ninguna ocasión llevó a la menor con sus amigos, ni la acompañó al médico, ni acudió a las fiestas escolares de la menor, ignoraba sus rendimientos escolares, no existía en definitiva diálogo alguno, no comiendo el padre con su hija y madre”.

Dice el fallo que “cuando su madre trabajaba de noche, la menor se iba con su tía a dormir, aunque el padre no trabajara, desatendiéndose de los cuidados de la menor suscitando en ella angustia e inseguridad; la nula comunicación con su padre y su actitud exigente sumían en absoluta intranquilidad a la menor agudizada por las numerosas discusiones entre el padre y la madre que le producían un mayor temor. Como consecuencia de estos sufrimientos psicológicos recibidos en el ámbito familiar la menor sufre un trastorno postraumático, trastorno adaptativo mixto con ansiedad y depresión como secuelas”.

Se da la circunstancia de que la Diputación Provincial de Almería inició una campaña pública de apoyo a la candidatura de la abogada almeriense María Vázquez, quien presentó el caso ante los tribunales a instancias de la tía de la menor, para que le otorgaran el premio. Sin embargo, sólo son premiadas las resoluciones judiciales, no los letrados. La diputada provincial Elisa Fernández destacaba entonces que “esta iniciativa no sólo supone un reconocimiento para esta letrada, sino también al trabajo que hacen los tribunales almerienses, que han demostrado una gran sensibilidad para aplicar la justicia en este caso. De este modo, se pretende abrir una nueva vía de protección para los hijos e hijas de víctimas de violencia de género en nuestro país”.

Como consecuencia del caso, en febrero de 2013, el Congreso aprobó una proposición no de ley del PP en la que se instaba al Gobierno a tomar medidas tendentes a proteger a los hijos de las víctimas de violencia de género. El diputado popular José Miguel Castillo Calvín, portavoz de la comisión de Justicia del PP, se inspiró en el caso de Almería para empezar su intervención así: “Esta proposición no de ley tiene un nombre, el de una niña llamada Salud”.

Las mejores decisiones judiciales

Estos premios judiciales son fruto de las votaciones sobre 65 candidaturas de 31 países seleccionadas por diversas organizaciones civiles, activistas y ciudadanos. El jurado estuvo integrado por la activista estadounidense Kerry Kennedy, la jueza de la Corte Constitucional de Sudáfrica Yvonne Mokgoro y el escritor y periodista colombiano Héctor Abad Faciolince.

Los galardones Women's Link distinguen a las mejores decisiones judiciales con el Mallete, que en esta ocasión recayó en su categoría de oro sobre un juez de la Alta Corte de Meru (Kenia) que ordenó a la policía volver a investigar las denuncias de más de 160 niñas violadas por sus padres, hermanos, tíos, profesores, que habían sido desestimadas por la policía. La peor decisión judicial a ojos del público fue la del Juzgado 68 de lo penal del Distrito Federal en México, que envió a prisión a Yakiri, una mujer que en legítima defensa mató a uno de sus dos violadores. En su decisión, el juez desestimó la declaración de la víctima y la culpabilizó y justificó al agresor.