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El exministro Juan Carlos Campo arbitrará el recurso de Andalucía contra el impuesto estatal a las grandes fortunas

Archivo - El juez Juan Carlos Campo, en una imagen de 24 de enero durante el primer Pleno jurisdiccional del Tribunal Constitucional.

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El exministro de Justicia y actual magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo será el ponente que evalúe en nombre de este órgano jurídico-constitucional la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Junta de Andalucía contra el Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

La información, que ha adelantado el diario ABC, señala que el Pleno del Constitucional se reunirá este martes, para decidir, en primer término, que el recurso cumple con todos los requisitos formales para su posterior evaluación y pronunciamiento de un fallo.

Además de ministro y de secretario de Estado, Campo, que fue nombrado magistrado del Constitucional el 30 de diciembre de 2022 a propuesta del Gobierno, ha sido diputado socialista en el Congreso por Cádiz durante las legislaturas XI (2016-2016), XII (2016-2019), XIII (2019-2019) y apenas un par de meses de la actual, la XIV, por cuanto tomó posesión el 3 de diciembre de 2019 y dejó de serlo el 21 de febrero de 2020. También desempeñó diversas responsabilidades en la Administración autonómica. Fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia (1997-2000) y secretario general de Relaciones con el Parlamento (2014-2015).

El Gobierno andaluz interpuso el 24 de febrero su recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas tras estimar la vulneración de siete artículos de la Constitución, de cuatro del Estatuto de Autonomía de Andalucía y de cinco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

La Junta de Andalucía aprecia “una vulneración de la autonomía financiera” de la región y con ello una invasión de competencias del Estado, por cuanto, a posteriori de haber decidido bonificar al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio a través del Decreto-ley 7/2022, un tributo para los contribuyentes que tienen un patrimonio neto superior a los 700.000 euros, el Gobierno acordó mediante la Ley 38/2022 crear un impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, que entró en vigor el 29 de diciembre y tiene como destinatarios a los patrimonios netos superiores a tres millones de euros, por lo que afecta a ese tramo de contribuyentes andaluces y deja sin efecto para éstos la práctica anulación del tributo que había decidido la Junta.

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