El Gobierno incorporará la nueva doctrina constitucional en una instrucción que regule la relación entre personas presas y periodistas

El Gobierno de España toma nota pero asegura que ya la había tomado. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene previsto incorporar los criterios del Tribunal Constitucional que constan en la sentencia conocida este miércoles, que ha reconocido por primera vez el derecho de las personas presas a comunicarse libremente con periodistas tras otorgar el amparo solicitado por un interno de la cárcel de Córdoba al que se le negó poder hablar por segunda vez con eldiario.es Andalucía.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias apuntan a este periódico que ya se estaba trabajando en la elaboración de una nueva instrucción que regule la relación de los medios de comunicación con las personas privadas de libertad, principalmente tras la solicitud del Defensor del Pueblo de España que, en octubre de 2018, instaba al Ejecutivo a modificar la normativa de las entrevistas periodísticas con presos a raíz de una queja elevada dos años antes por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS).

Pese a que el Gobierno había rechazado, como ya informó este periodico, modificar expresamente la norma que le exime de dar explicaciones para denegar entrevistas con personas presas, tras la sentencia del Tribunal Constitucional aseguran desde Instutuciones Penitenciarias que “la Instrucción incorporará ahora los criterios del Constitucional, además de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, y lo ya regulado por la Ley General Orgánica Penitenciaria, el Reglamento Penitenciario y el Estatuto de las Víctimas”. La norma habría empezado a fraguarse tras la llegada en junio de 2018 de Ángel Luis Ortiz a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Estudio exhaustivo de cada solicitud

Precisamente los argumentos expuestos ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez se centran achacan al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy el “apagón informativo” denunciado por la APDHA y la APS. “La sentencia hace referencia a un caso que tuvo lugar en 2016. En los últimos 19 meses, los centros penitenciarios se han abierto a los medios de comunicación, desde el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información, pero también, y sobre todo, desde el escrupuloso respeto a los derechos de las víctimas. Se ha permitido el acceso a periodistas, tras el estudio exhaustivo de cada solicitud y cada caso -la situación procesal o penitenciaria de los internos- y las cuestiones de seguridad”, detallan, aludiendo a una “reunión previa” de responsables de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y de los sindicatos de la prensa.

Las fuentes detallan que “durante el pasado año 2019, atendiendo a peticiones de diferentes medios de comunicación, cerca de 300 internos voluntaria y libremente accedieron a mantener entrevistas con periodistas y documentalistas, llevándose éstas a cabo de manera satisfactoria”.

En el mismo período se autorizaron unas 90 entradas a diferentes medios de comunicación escritos y audiovisuales a centros dependientes de Instituciones Penitenciarias, aseguran las fuentes, que añaden que solamente en enero de 2020 ya se han autorizado 12 entradas a una veintena de medios en centros penitenciarios. “Todas las entradas y entrevistas se han llevado a cabo bajo el amparo y la guía del artículo 25.2 de la Constitución Española que establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas a la reinserción social del penado”, añaden.

Ninguna entrevista autorizada entre 2015 y 2017

Las cifras, ciertamente, constrastan con las de los últimos años del Gobierno del PP. En las recomendaciones expuestas por el Defensor del Pueblo de España en octubre de 2018 se indicaba que la institución dirgida por Fernández Marugán había solicitado información relativa a cuántas comunicaciones habían sido solicitadas en los centros penitenciarios para ser mantenidas con profesionales del periodismo, cuántas habían sido autorizadas y denegadas, y razones aducidas para ello.

En ese sentido, la entonces senadora andaluza de Podemos Maribel Mora había preguntado al Gobierno en abril de aquel año 2018 por el número de solicitudes para que profesionales de los medios de comunicación pudieran entrevistarse con internos o internas en los centros penitenciarios en los años 2015, 2016 y 2017, cuántas fueron autorizadas, cuántas denegadas y, en ese caso, los motivos de la denegación, así como cuántas resoluciones desestimatorias estaban fundadas en derecho y sus principales fundamentos.

La respuesta del Gobierno a la senadora, emitida en julio de 2018 y a la que tuvo acceso este medio, no dejaba lugar a dudas: “No se ha realizado ninguna entrevista autorizada con internos”, si bien, añadía la respuesta oficial, “se han hecho reportajes donde voluntariamente ha sido entrevistado alguno”. El Ejecutivo señalaba en su defensa que “todas las resoluciones de la Administración desestimatorias han estado fundadas y motivadas en derecho, por cuestiones de orden y seguridad del establecimiento”, justamente en los mismos términos que se hizo con el preso de Córdoba, al que ahora se le ha concedido amparo.

Instituciones Penitenciarias, por otra parte, también destaca que “nunca ha impuesto o sugerido a los medios autorizados el género periodístico en el que debían reproducirse las conversaciones mantenidas por el profesional de la comunicación con los internos (entrevista, reportaje, artículo, noticia …)”.