El Gobierno pide el Fondo de Solidaridad Europeo por las borrascas en Andalucía y cifra los gastos en 1.800 millones

El Ministerio de Hacienda ha remitido este viernes la solicitud formal de ayuda del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para paliar los daños ocasionados por las sucesivas borrascas registradas entre finales de enero y principios de febrero de este año, que afectó a la Península, principalmente a Andalucía y Extremadura. El Gobierno entiende que las siete borrascas que golpearon consecutivamente a estas comunidades reúnen los requisitos para ser consideradas una “catástrofe de naturaleza grave” y, tal y como ya anunció en febrero, activa ahora el mecanismo para que la Comisión Europea active los fondos de ayuda.

Así lo ha comunicado el Ministerio este viernes, cuantificando el coste de los gastos susceptibles de financiación en 1.801 millones de euros. El reglamento del fondo establece que los Estados miembros podrán adherirse a él ante situaciones de catástrofe ‘de naturaleza grave’, que se reconocen cuando los daños derivados de la catástrofe superan el 0,6% de la Renta Nacional Bruta o 3.000 millones de euros (precios de 2011). La documentación remitida refleja que España cumple esta condición, según ha informado el propio Ministerio.

Se inicia ahora un proceso en el que la Comisión Europea debe evaluar la documentación y, en su caso, asignar el importe de ayuda que corresponde a España. La subvención debe ser aprobada posteriormente por el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea. Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firmará un acuerdo con España y entregará la subvención. El proceso puede durar varios meses.

La solicitud detalla que el coste de los gastos susceptibles de financiación se cifra en 1.801 millones de euros, pero el Ministerio asume que se asignará una cuantía “necesariamente inferior”, pues esa cifra supera el presupuesto total destinado a la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia de la Unión Europea.

Se ha concedido ocho veces a España

El fondo, nacido precisamente como respuesta europea ante las devastadoras inundaciones que afectaron a Europa central en el verano de 2002, financia parte de algunos gastos e intervenciones de emergencia derivadas de catástrofes. Por ejemplo, los destinados al restablecimiento de las infraestructuras básicas, como la energía, el agua, la sanidad y la educación; alojamientos provisionales de la población afectada y costes de los servicios de urgencias para cubrir las necesidades inmediatas; seguridad de las infraestructuras de prevención; medidas de protección del patrimonio cultural; y operaciones de limpieza.

Hasta ahora España ha recibido los fondos en ocho ocasiones. La primera vez fue con motivo de la crisis del Prestige, en noviembre de 2003. También los ha percibido tras el terremoto de Lorca (2011), con la COVID-19 (2020), la erupción del volcán en La Palma (2022) o la DANA de Valencia (2024), tras la que recibió 946 milones de euros, la segunda mayor cuantía otorgada en la historia del Fondo.

En una visita a Cádiz el pasado 19 de febrero, justo tras el fin del largo episodio de lluvias intensas, el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, prometió que la Comisión Europea haría “todo lo posible para ayudar” a Andalucía a paliar los daños.

El Gobierno central abrió su propia línea, con ayudas de 5.000 euros para empresarios y profesionales, y de entre 10.000 y 150.000 euros para empresas, según su facturación, por los daños sufridos por el temporal, así como 150 euros por persona por cada día que hubiera pasado desalojado. El 17 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de ayudas y exenciones fiscales con un coste total de 7.000 millones de euros, según anunció María Jesús Montero, por entonces ministra de Hacienda. 2.100 millones son ayudas directas para los municipios afectados.

Por su parte, el Gobierno de la Junta de Andalucía modificó sus Presupuestos para destinar 685 millones de sus remanentes de Tesorería (sin gastar de los Presupuestos de 2024 y 2025) para ayudas directas a los agricultores y ganaderos más afectados.

Daños extraordinarios de un episodio excepcional

Entre el 22 de enero y el 14 de febrero de 2026, España se vio afectada por una secuencia excepcional de siete borrascas atlánticas con gran impacto (Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils y Oriana), que generaron un episodio prolongado de condiciones meteorológicas adversas en amplias zonas del territorio, aunque el impacto fue mayor en zonas de Andalucía y Extremadura, toda vez que en el sur peninsular las precipitaciones acumuladas triplicaron los valores climatológicos de referencia (1991-2020).

El episodio más crítico se produjo entre el 3 y el 7 de febrero, asociado a la borrasca Leonardo, con precipitaciones extraordinarias ligadas a un río atmosférico subtropical. Se registraron valores extremos, como los 577 mm en 24 horas de Grazalema (Cádiz), constituyendo un récord histórico, que causó inundaciones extraordinarias.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), analizando la precipitación acumulada en un periodo de 31 días, este episodio se sitúa como el segundo valor más alto de todo el siglo XXI para la España peninsular, y entre los más relevantes desde que existen registros (1961).

En Andalucía y Extremadura el impacto fue severo y transversal, con miles de personas afectadas, graves daños económicos en sectores clave e importantes alteraciones en el medio ambiente.

Más de 12.400 personas fueron desalojadas, con el caso de todo el pueblo de Grazalema (Cádiz) como símbolo. Decenas de viviendas quedaron destruidas o inhabitables, incluyendo en algunos casos derrumbes totales o parciales.

Además, se produjeron daños en infraestructuras y servicios públicos que persisten hoy. Hubo 150 carreteras afectadas; suspensión del tráfico ferroviario en líneas clave, como la del AVE Málaga-Madrid, que sigue cortado a la altura de Álora; y daños graves en centros educativos, sanitarios, edificios públicos, instalaciones deportivas y municipales y puertos. Aquellos días hubo que realizar desembalses controlados para preservar la seguridad de las infraestructuras.

Las lluvias afectaron gravemente a explotaciones agrícolas y ganaderas, y aislaron polígonos industriales y negocios locales. En cuanto al Patrimonio Cultural y Natural, el Ministerio recuerda que quedaron afectados bienes de alto valor histórico como castillos y conventos, y que se produjeron deterioros significativos en el entorno natural a causa de las lluvias extremas y los desbordamientos.

En conjunto, la población sufrió situaciones de aislamiento, pérdidas materiales significativas y desplazamientos forzosos, requiriéndose dispositivos de emergencia, albergues temporales y atención continuada. Y los daños económicos fueron generalizados y multidimensionales, afectando tanto a actividad pública como privada.