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Los directivos del cementerio de Granada cobran más que el presidente del Gobierno

El gerente de Emucesa, la entidad que gestiona el camposanto, se embolsa anualmente más de 98.000 euros brutos, 15.000 más de lo que gana Pedro Sánchez

En total, según denuncia Podemos-IU, Emucesa gasta alrededor de 450.000 euros al año solo en sueldos

El Ayuntamiento de Granada posee un 51% de la empresa y el alcalde es su presidente, aunque no cobra por ello

La empresa que gestiona el camposanto gasta anualmente 450.000 euros en sueldos

La empresa que gestiona el camposanto gasta anualmente 450.000 euros en sueldos

La transparencia le ha jugado una mala pasada a Emucesa, la empresa que gestiona el cementerio municipal de Granada. Según ha denunciado Podemos-IU en el Ayuntamiento y tal y como ha podido confirmar este medio, los directivos de esta entidad cobran un sueldo tan elevado que supera incluso al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una revelación que se ha sabido gracias al portal de transparencia del cementerio y que viene a sumarse a los problemas judiciales que ya tiene Emucesa.

La web de la empresa granadina es claro al respecto de los sueldos. Si se observa el epígrafe 'f' de su "compromiso de transparencia", se puede ver cómo el gerente y el director general cobran 98.211,52 y 90.151,56 euros brutos anuales respectivamente. Cantidades muy elevadas que superan la retribución que recibe Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo nacional. Según el Boletín del Estado (BOE), el hoy mandatario en funciones cobra 82.978,56 euros brutos al año. También cobran más que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla cuyo sueldo anual es de 67.886,04 euros bruto, según el Gobierno andaluz. No obstante, ahí no acaban las cifras que llaman la atención.

Si se suman las retribuciones que obtienen los jefes de los departamentos de coordinación, informática y administración, se obtienen más de 170.000 euros anuales brutos que sumados a los sueldos del gerente y el director general y estos a su vez a sus respectivas cuotas de la Seguridad Social, se obtiene que Emucesa gasta cada año alrededor de 450.000 euros solo en retribuciones. Una cantidad elevada que lo es aún más si se tiene en cuenta que el 51% de la sociedad mercantil es de titularidad pública desde que se privatizase en 2013. Sin embargo, no recibe dinero público ya que se autogestiona en parte gracias a que cada sepelio ronda los 3.000 euros de precio.

Tras la denuncia pública de Podemos-IU al respecto de los sueldos de los directivos de Emucesa, fuentes municipales indican a eldiario.es Andalucía que el alcalde de Granada, Luis Salvador, ya ha avanzado que se revisarán las retribuciones en la próxima comisión. Precisamente el primer edil cobra también menos de lo que perciben los dirigentes del cementerio granadino. Salvador se embolsa anualmente 68.035 euros brutos. Además, en teoría, ostenta un cargo superior al del gerente y el director general de Emucesa ya que el alcalde de Granada es también presidente de la entidad, aunque en este caso es un puesto meramente representativo por el que no se recibe remuneración.

A juicio por los contratos fantasma

Que los directivos de Emucesa cobren tal cantidad de dinero no es el único problema que tiene actualmente el cementerio de Granada. Desde hace tiempo, la empresa está siendo investigada por contratos fantasma. Es decir, la justicia sospecha que hubo personal contratado que cobraba por estarlo, pero que jamás acudió a su puesto de trabajo. Una investigación por la que los exediles del PP, María Francés y Eduardo Moral, se enfrentan a una petición de cárcel por parte de la Fiscalía de 5 y 6 años respectivamente.

Los hechos que se investigan pondrían de relieve que durante los anteriores mandatos del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada se colocó en el cementerio a personas afines al partido o próximas a los ediles imputados. Un caso que saltó a la luz gracias a la denuncia de Vamos Granada, una formación política que estuvo en el Ayuntamiento hasta las elecciones municipales del pasado mes de mayo. Según se desprende de los informes jurídicos, los contratos irregulares habrían tenido lugar hasta 2012, es decir, justo hasta el momento en que dejó de ser una empresa completamente pública y pasó a tener capital privado.

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