La Fiscalía de Granada se corrige a sí misma y pide el archivo de una pieza de la Operación Nazarí tras haberla denunciado

Cinco años después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) iniciara la investigación contra el Ayuntamiento de Granada gobernado por el PP que acabó con la detención en abril de 2016 del entonces alcalde, José Torres Hurtado, y de buena parte de la cúpula de Urbanismo, poco se ha avanzado. Los expedientes de la ‘Operación Nazarí’ se suceden y las diligencias se acumulan en el despacho de la jueza instructora del caso, María Ángeles Jiménez. Una magistrada a la que se le acaba de sumar más trabajo después de que la Fiscalía haya pedido el archivo de una de las piezas.

El Ministerio Fiscal ha pedido el sobreseimiento del expediente “parkings” porque considera que los delitos han prescrito, uno de los ocho principales casos de presunta corrupción urbanística que se investigan en la mayor causa judicial en la que se ha visto implicado el Ayuntamiento de Granada. La fiscal, Sara Muñoz Cobo, remitió en julio un informe a la jueza Jiménez en el que solicita el archivo de esa pieza de la Nazarí. Algo que llama la atención porque fue la propia Fiscalía la que denunció los hechos en 2016 cuando la UDEF destapó el caso.

El informe, al que ha tenido acceso este diario, señala todas las irregularidades que se produjeron en las adjudicaciones hechas desde el Ayuntamiento de Granada de los contratos para la construcción de parkings públicos entre los años 2000 y 2001. En esa pieza, aparecen como imputados Manuel Lorente, considerado uno de los funcionarios más importantes de Urbanismo desde hace décadas, y los empresarios José Julián Romero y Enrique Legerén.

“Contratación a dedo”

Durante todo el informe se desarrollan las actividades delictivas por las que se ha estado investigando a Lorente, Romero y Legerén en este caso. De hecho, la fiscal menciona que la UDEF habla de “contratación a dedo” porque se les adjudicaron a las empresas de Romero y Legerén la construcción de varios aparcamientos sin que se les exigiera el pago para construir espacios públicos sobre los mismos, cuando en los pliegos de los contratos así aparecía. En total, los empresarios se hicieron con la construcción de siete parkings.

Además, en el informe remitido a la jueza se indica que, pese a que no existe ningún listado para adjudicar las plazas de aparcamiento a residentes o interesados, la UDEF encontró varias a nombre de los hijos de Manuel Lorente, lo que abriría la puerta a un presunto delito de tráfico de influencias dado que Lorente fue el que firmó la concesión del parking en el que sus hijos tienen plazas a su nombre.

La fiscal también se hace eco en el escrito de que los investigadores detectaron “gravísimas irregularidades en procesos de adjudicación y explotación de los aparcamientos”. Tres de ellos, cita el Ministerio Fiscal, se habrían construido contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada. Y en todos los casos hubo un informe favorable de Manuel Lorente, sin que el entonces jefe de Servicio de Arquitectura, Jacobo de la Rosa, tuviese conocimiento de los mismos.

En contra de la ley

El informe continúa señalando que los aparcamientos se adjudicaron sin que mediara concurso público alguno. Un hecho que va en contra de la Ley de Contratos de Servicio Público por no permitir la libre concurrencia de empresas. Según la fiscal, el espacio libre sobre los parkings también fue adjudicado de “forma directa” a las mismas empresas de Legerén y Romero a pesar de que lo que tenía que hacerse en ese caso es que fuesen estas las que pagasen al Ayuntamiento para adecuar esas zonas. Y ya entonces se tendría que haber abierto un concurso para que las empresas que quisieran pudieran hacer esas obras.

“El control de las obras se hizo de forma totalmente opaca, sin intervención de otros departamentos”, se indica en el escrito. En total, las empresas de Legerén y Romero se beneficiaron con más de 3,5 millones de euros en el aparcamiento en el que tienen sus plazas los hijos de Lorente. Según escribe la fiscal, esto se hizo “sin procedimiento legal alguno de adjudicación”.

Archivo por haber prescrito

Sin embargo, a pesar de todo lo detallado, el Ministerio Fiscal finaliza el informe solicitando el sobreseimiento de la pieza porque los delitos habrían prescrito según el artículo 131 del Código Penal. Y dado que solicita el archivo de esta causa, pide que se retiren las medidas cautelares que tiene impuestas Enrique Legerén, puesto que no está en calidad de investigado en ninguna otra pieza de la Nazarí.

Aunque la investigación de la UDEF y el informe de la fiscal vienen a confirmar una relación estrecha entre los imputados, como ya se desveló al conocerse que Manuel Lorente y José Julián Romero llegaron a hacer viajes juntos con sus familias, el Ministerio Fiscal argumenta que ha pasado demasiado tiempo como para que pueda enjuiciarse. Un extremo que fuentes del caso niegan a este medio.

Las voces consultadas no tienen claro si la jueza accederá al archivo de la pieza porque no se puede considerar que los delitos hayan prescrito. Estas fuentes entienden que no se puede sobreseer esta causa porque se trata de delitos continuados en el tiempo -porque los imputados aparecen en varias piezas de la Nazarí- y no son actos delictivos concretos.

Sin embargo, el PSOE, que gobernaba en la época en la que Lorente, desde Urbanismo, concedió los aparcamientos a los empresarios Romero y Legerén, considera que la fiscal tiene razón y que debe archivarse la pieza. De llegar a suceder, sería la segunda causa de la ‘Operación Nazarí’ que acaba archivada después de que el expediente del Palacio de Hielo se cayera porque ya había sido juzgado con anterioridad.