Indignación en víctimas del franquismo por “las palabras y la actitud de la derecha”

“Mi padre era concejal en Granada. Lo mataron el 7 de agosto de 1936. Se llamaba Juan Fernández Rosillo. Teníamos una imprenta, nos la quitaron y nos echaron de nuestra vivienda. Éramos tres hermanos, de 13, 10 y 6 años. Vivo sólo quedo yo”. El breve relato corresponde a Gabriel Fernández Valladares, víctima del franquismo que ha asistido a la entrada de la Ley de Memoria Democrática para Andalucía en el Parlamento regional.

Un trámite parlamentario manchado en cierta forma por el agrio debate suscitado desde las filas del PP, muy críticos con una ley que rechazan por “innecesaria”. Gabriel entorna los ojos al ser preguntado por cómo ha vivido la sesión. “A mi padre lo mataron los franquistas”, repite. Muestra su foto, junto a su madre, y “revistas extranjeras donde ha salido nuestro caso”.

Los populares, durante su intervención, han defendido la Transición y la ley de Amnistía de 1977 a la que incluso se opone Naciones Unidas. “Por poco me echan” del palco de invitados, refiere. “Me han indignado las palabras y la actitud de la derecha, también de Ciudadanos”, precisa. La formación naranja, ambigua en la asunción de la ley, ha pecado de una actitud equidistante entre víctimas y verdugos.

Fusilados “cuatro días antes que Lorca”

“Yo soy hijo del maestro de Alhendín, un pueblo de Granada. Su nombre era Ángel Matarán y fue fusilado junto a mi hermano mayor, Alfonso, que tenía 19 años. Los mataron el 13 de agosto del 36, cuatro días antes que a Lorca”. El crudo testimonio pertenece a Francisco Matarán.

“¿Mirar hacia adelante dicen los del PP? Eso dice la derecha. Pues que sepan que yo no tengo más remedio que mirar atrás porque mi vida me la condicionaron desde pequeño. La cambiaron los que mataron a mi padre y mi hermano”. Francisco no sabe dónde yacen sus restos. Nunca los ha podido localizar y exhumar. Sus familiares son, según la terminología legislativa internacional, desaparecidos forzados.

Crímenes de lesa humanidad que riegan Andalucía de fosas comunes, más de 600, donde yacen alrededor de 50.000 ejecutados, gran parte en los primeros años del denominado terror fundacional del franquismo. “Mi madre también era maestra y lo más que habían hecho era quitar el crucifijo de la escuela. Eso el cura no se lo perdonó jamás”.

“Y en Granada no hubo guerra”, continúa, “solo represión sistemática y fría que llevaba a la gente a las tapias del cementerio”. Las críticas de “las derechas” son “indignas”, apunta. Y la Transición “una bajada de pantalones que hizo que todos los franquistas de pronto eran demócratas y aquí no había pasado nada. Nunca pasó nada. Los que asesinaron a mi padre y a mi hermano siguieron en sus puestos y murieron en sus camas”.

“Emocionante” jornada e “indignante” actitud del PP

Desde la asociación Nuestra Memoria, María Luisa López tilda la ley de memoria andaluza como “un gran paso” para la recuperación de la dignidad de las víctimas del franquismo. La jornada en el Parlamento de Andalucía ha sido “emocionante”, señala, “y también indignante al escuchar las palabras del portavoz del PP”. Las palabras de la bancada popular “nos ha levantado de los asientos” cuando la cámara trataba “un tema tan sensible”.

“Es importantísimo el trámite superado y el proceso que se abre”, resume el coordinador del grupo de trabajo de CGT-A Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA), Cecilio Gordillo. “El texto, que ha cambiado a lo largo de estos años, también es trascendental aunque no definitivo, siempre es mejorable”, entiende.

En este sentido, Gordillo celebra “que se dé por hecho que van a ser llamados tanto técnicos –arqueólogos e historiadores– como familiares y asociaciones” durante la comisión parlamentaria. Espera, por esto, que los colectivos memorialistas “hagan sus peticiones para ser llamados y que sean tenidas en cuenta sus opiniones, sobre todo en artículos algo ambiguos y que no están totalmente desarrollados”.

Desde Unidad Cívica Andaluza por la República (UCAR) entienden que arranca “una ley para todos los andaluces” que llega para satisfacer “las justas reivindicaciones de las víctimas, sus familiares y la sociedad”. Subrayan el “compromiso legislativo” hacia un plan de exhumaciones “públicas” además de otros aspectos de la norma como la inclusión memorialista en el currículo educativo o la señalización de Lugares de Memoria.

Para el portavoz del colectivo, Juan Morillo, la ley merece “la respuesta afirmativa de todos los grupos parlamentarios y que su posterior desarrollo sea lo suficientemente ágil y participativo”. De este modo, percibe, “asociaciones y familiares de víctimas” encontrarán cauce para sus “aportaciones necesarias”. UCAR ha mostrado su “sorpresa” ante dos intervenciones plenarias. De un lado, “la de Podemos, porque ha explicado la cuestión de las exhumaciones y el tratamiento como restos arqueológicos”. Y de otro, “la del PP, que constata lo que es la derecha, y Ciudadanos igual. Los dos partidos han participado desde un mismo nivel demostrando que no solo son la misma derecha económica sino también ideológica”.