Interinos andaluces recurren al TC que el Parlamento regional deje sin tramitar una Iniciativa Legislativa Popular

El promotor y portavoz de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular que pretendía la estabilización de unos 30.000 interinos andaluces a través de una oferta pública de empleo mediante un proceso selectivo exclusivamente por concurso de méritos ha interpuesto este miércoles un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La ILP, con calificación de Proposición de Ley y cuya tramitación fue respaldada en septiembre de 2019 en el Pleno del Parlamento sin ningún voto en contra, consiguió reunir más de 50.000 firmas. El debate y la votación final en el Pleno Popular no tuvieron finalmente lugar ya que la Mesa del Parlamento impidió el pasado mes de mayo la tramitación definitiva del proceso iniciado hace ya unos años en representación de unos 30.000 funcionarios interinos de Andalucía.

PP, Ciudadanos y Vox habían rechazado el dictamen de la Iniciativa Legislativa Popular en la comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior del 20 de mayo, y a ello se ciñó el letrado mayor del Parlamento de Andalucía para “tener por finalizado el procedimiento legislativo. Cabe recordar que se trataba de la segunda ocasión en más de tres décadas en la que se había hecho uso del llamado 'escaño 110' del Parlamento de Andalucía, aprobado en 2012 y que permite a los ciudadanos defender en el hemiciclo iniciativas legislativas que vengan avaladas por al menos 40.000 firmas. Pese a ser la primera vez en la Cámara aceptó la toma en consideración y tramitación de una ILP, esta no prosiguió con el procedimiento final, de ahí la interposición del recurso por parte de David Núñez, promotor y portavoz. El primer intento fue por parte de UPyD en 2014 y el segundo, promovido por sindicatos y asociaciones para una renta básica en Andalucía, también con suerte negativa.

La Iniciativa Legislativa Popular, se recuerda en el recurso, consiste en una Proposición de Ley para la aplicación del artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece un sistema selectivo de acceso a la función pública, exclusivamente por concurso de méritos, sin examen de oposición, en circunstancias especiales y siempre que se apruebe por Ley, para la definitiva estabilización de casi 30.000 funcionarios interinos y estatutarios temporales de la Junta de Andalucía que se encuentran “en fraude de Ley por abuso de la temporalidad”. Se trata de de funcionarios interinos en la Administración General, Administración de Justicia y Administración Educativa, así como del personal eventual de la Administración Sanitaria. Aprobaron una oposición, pero sin plaza, y ahora acuden como último recurso al Tribunal Constitucional.

Inadmisiones en mayo y junio

Los promotores de la ILP, que piden un concurso extraordinario de méritos por ley para acceder a la condición de funcionario, recuerdan las “reiteradas” sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han puesto de manifiesto ese “abuso” en el tiempo de duración de los nombramientos de funcionarios interinos y personal eventual en el conjunto de administraciones públicas de España y avalan el juicio de distintos tribunales superiores de justicia, que “están reconociendo la condición de indefinidos a funcionarios interinos, además de obligar a las administraciones públicas competentes respectivas a indemnizarlos por despido”.

El recurso lamenta que se haya tumbado la ILP “basándose solamente en un informe no vinculante del letrado del Parlamento” que dio por finalizado el procedimiento legislativo. La Mesa, además, acordó no admitir a trámite el escrito de mantenimiento de enmiendas para su defensa en Pleno por parte de los grupos parlamentarios que lo solicitaron “en plazo y forma”. La Mesa, ya en junio, inadmitió a trámite la solicitud por parte de David Núñez de reconsideración de los acuerdos previos de mayo basándose en su no consideración como miembro de la Cámara “a pesar de que dicha solicitud de reconsideración la presentó como promotor y portavoz de la Comisión Promotora, en defensa y representación de la Iniciativa Legislativa Popular”.

Según el recurso, “se han vulnerado derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, cuyas consecuencias son irreparables a menos que la Sentencia del Tribunal Constitucional disponga que tiene que producirse el debate y votación final de la Proposición de Ley de esta Iniciativa Legislativa Popular en el Pleno del Parlamento de Andalucía”.

Propuestas para el proyecto de ley estatal

El escrito de amparo al Tribunal Constitucional, apuntan fuentes de los recurrentes, coincide con la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, donde “los grupos parlamentarios están reclamando la articulación del sistema selectivo exclusivamente por concurso de méritos” que, según explican, “es lo que se invoca en la Iniciativa Legislativa Popular finalizada inconstitucionalmente por la Mesa del Parlamento”, según fundamenta el recurso de amparo.

Desde la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular, apuntan las fuentes, el pasado 1 de septiembre se propusieron a todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados un total de seis enmiendas a dicho Proyecto de Ley que, en palabras de David Núñez, “pueden servirles de orientación, con la esperanza de que en el Congreso se forje la voluntad política necesaria para resolver definitivamente el fraude de Ley del abuso de la temporalidad, sin dejarse a nadie atrás”. “Nosotros hemos adelantado este camino desde Andalucía”, apuntan las fuentes.