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El sistema andaluz de renta básica aspira al escaño 110 del Parlamento

Una plataforma compuesta por numerosas organizaciones sociales y sindicales presentarán en breve una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) "ante la falta de iniciativa del Parlamento Andaluz en materia de lucha contra la pobreza y exclusión".

La propuesta se dirige tanto a combatir situaciones de desigualdad y discriminación como a "la nueva pobreza que afecta a la clase trabajadora, incluso a las clases medias que están siendo las víctimas de la crisis".

La prestación económica propuesta, considerada como "la última red de protección respecto de cualquier otra prestación", podría compatibilizarse durante seis meses con los ingresos derivados de una actividad laboral.

CCOO, UGT, CAVA, CEPES-A, FACUA Andalucía, Al-Andalus, UCA-UCE, ATTAC, Federación andaluza de Asociaciones de la Prensa, Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, EAPN y el SUP, AUGC, UGC y UFP, algunas de los que están detrás de la plataforma.

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Foto: Luis Serrano

Derecho a acceder a unos ingresos mínimos para cubrir necesidades básicas de la vida y derecho a disponer de los medios y apoyos personalizados para la inclusión social y laboral. Son los dos objetivos básicos que plantea la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular la renta básica, que está a punto de registrarse en el Parlamento de Andalucía y que persigue poder ser defendida en el llamado escaño 110, creado para promover la participación ciudadana.

El fin último de esta ILP es establecer un sistema andaluz de renta básica que regule las prestaciones económicas, los instrumentos para prevenir y paliar el riesgo de exclusión personal, social y laboral, y facilitar la inclusión de las personas que carezcan de recursos suficientes para el ejercicio efectivo de los derechos sociales de ciudadanía.

Así consta en la memoria justificativa y en la propuesta de texto articulado de la ILP que ya tiene preparada la plataforma 'Compromiso Social para el Progreso de Andalucía' y que se presentará en breve en la Cámara autonómica, quizá esta misma semana. Precisamente durante estos días se estrena el escaño 110 con la ILP sobre la reforma de la Ley Electoral de Andalucía, promovida por UPyD y que ha logrado reunir las 45.000 firmas necesarias. El debut de esta forma de participación directa de los ciudadanos en la vida parlamentaria no tendrá continuidad en este caso ya que los grupos han anunciado que rechazarán la reforma, argumentando, entre otras cuestiones, que existe desde mayo un grupo de trabajo dirigido hacia el mismo objetivo.

La ILP para la renta básica, por su parte, también se va a presentar meses después de que el Pleno del Parlamento acordara por unanimidad la creación de un grupo de trabajo, a instancias de IULV-CA, en el seno de la Comisión de Hacienda y Administración Pública, con el fin de aprobar una futura ley que regule la Renta Básica de Ciudadanía. Eso fue en diciembre. El grupo de trabajo se ha reunido siete veces desde febrero y en mayo ya tomaron voz los agentes sociales. La próxima reunión del citado grupo está prevista para este martes 24 de junio a las 11.00 horas, durante la que también se prevén comparecencias.

De cualquier forma, según consta en la propia ILP, el texto se registra "ante la falta de iniciativa del Parlamento Andaluz en materia de lucha contra la pobreza y exclusión" ya que "al ritmo que va el grupo de trabajo, nos podríamos ir a 2016", apuntan fuentes de la plataforma, que señalan que su propuesta es aprobar una renta básica "con vocación de universalidad", según se refleja en el propio texto. "Trataremos que el Parlamento lo tome como propio y, si no, empezaríamos a recoger firmas", añaden.

En concreto, la ILP para regular la renta básica para la inclusión en Andalucía aborda el reconocimiento de dos situaciones diferentes. Por un lado, el derecho a la prestación económica dirigida a las personas que tienen una problema de pobreza por falta coyuntural de recursos económicos como consecuencia del desempleo de larga duración, aun cuando no presenten una situación de exclusión social. Y la situación de personas o de unidades convivenciales que, además de no tener medios económicos, están en situación de exclusión estructural (social y laboral).

Entre los sindicatos y organizaciones sociales participantes en la plataforma y que respaldan la ILP se encuentran CCOO, UGT, CAVA, CEPES-A, FACUA Andalucía, Al-Andalus, UCA-UCE, Federación Mujeres Progresistas, FORUM de Políticas Feministas, ATTAC, Plataforma 2015 +, CERMI, Asociación Progresista de Andalucía, Federación andaluza de Asociaciones de la Prensa, Asociación andaluza 'Memoria, Libertad y Cultura Democrática', Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, EAPN y las asociaciones de las fuerzas de seguridad SUP, AUGC, UGC y UFP.

El empleo, elemento central

El sistema parte del reconocimiento del empleo como el elemento central de la integración social y, por tanto, como la herramienta básica para la inclusión. Por ello, la norma que se propone deberá tener efectos sobre la reducción de las tasas de desempleo entre colectivos y segmentos de la población desfavorecidos y vulnerables, al igual que en el aumento de la tasa de actividad de algunos colectivos.

Aquellos que quieren ser beneficiarios de la renta básica, según la ILP, deberán acreditar la carencia de medios económicos con una prueba de rentas y/o ingresos, ser demandante de empleo, no percibir prestaciones contributivas o no contributivas, no ser titular de una pensión de jubilación y no estar en situación de internamiento, en líneas generales

En concreto, las cuantías de las prestaciones económicas de la renta básica, que se actualizará anualmente en función del IPC, tendrán como referencia el IPREM mensual (532,51 euros/mes), según consta en la memoria justificativa de la ILP. Para unidades familiares unipersonales se establece la renta básica en el 80% del IPREM y se incrementará en función del número de miembros de la unidad familiar o de convivencia, empezando por un 25% de la cuantía básica para la segunda persona, siendo a partir del tercero miembro el 15% y el 10%  para el cuarto y para el quinto y siguientes el 8% siguientes hasta alcanzar el máximo del 1,28 el IPREM.

Del concepto "programa" al concepto "ley"

"El crecimiento del desempleo y de la reducción de la tasa de cobertura de la prestación por desempleo debido al paro de larga duración, arroja en la EPA (media de 2013) datos muy alarmantes: son mas de 840.000 las personas paradas que no cobran prestaciones por haberlas agotado y, de estas, más de 280.000 personas viven en hogares con todos sus miembros en paro y no se reciben prestaciones, pensiones o subsidios. De ellas, 65.459 personas son menores de 16 años", argumenta la iniciativa.

Los antecedentes de esta ILP están en el Decreto 400/1990 por el que se regula el Programa de Solidaridad para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, que derivó en el Programa de Solidaridad fruto de los acuerdos de dialogo social entre el Gobierno y los sindicatos UGT-A y CCOO-A. "Esta norma que supuso una mejora social importante en su momento, actualmente se manifiesta como insuficiente", ejemplificando que el número de personas beneficiarias en 2012 del programa de Ingreso Mínimo de Solidaridad fueron 90.600 personas cuando "son más de 280.000 las personas que viven en hogares sin ingresos".

Por ello, en la ILP se constata que "hay que pasar del concepto de 'programa' al concepto de 'ley', que establezca derechos universales y exigibles y defina prestaciones económicas y/o de servicios que permitan abordar distintos aspectos de la protección social y de los servicios del bienestar que hay que articular para luchar contra la pobreza y la exclusión y para prevenirla".

Carácter subjetivo

La renta básica se articula como "un derecho de carácter subjetivo, resultando exigible para su disfrute el cumplimiento efectivo de las obligaciones generales que se impongan y de las especificas que contenga el plan  individualizado de inserción que, como convenio obligacional, ha de ser suscrito por el titular". Asimismo, responde al principio de subsidiariedad, "en tanto que se concibe como una prestación que se reconoce únicamente cuando no resulta posible el acceso a las acciones protectoras de otros sistemas de protección".

"La prestación económica se podrá compatibilizar durante seis meses con los ingresos derivados de una actividad laboral cuando el empleo se haya conseguido siendo beneficiario de la prestación, como forma de favorecer la empleabilidad", añade el articulado, que incide en que se trata de "un sistema integral de protección y promoción social destinado a la inclusión social y laboral" que incluirá, por parte de las administraciones públicas un plan de inclusión e inserción personalizado en el que se ponga en práctica las políticas integradas y multisectoriales de prevención y lucha contra la exclusión.

Se tendría derecho a percibir la prestación económica de la renta básica "todo el tiempo durante el cual se acredite la situación de necesidad y el cumplimiento de los requisitos para su reconocimiento. No obstante lo anterior, el derecho a percibir la renta básica se revisará anualmente, sin perjuicio de la obligación permanente de la persona beneficiaria de notificar cualquier modificación de la situación que ha generado el derecho y de la facultad, también permanente, de las Administraciones Públicas responsables de hacer las comprobaciones pertinentes.

La propuesta "se dirige tanto a combatir la pobreza y exclusión estructural debida a situaciones de desigualdad y discriminación que ha afectado históricamente a segmentos importantes de la población andaluza y que tiene raíces hondas, con frecuencia ligadas a actitudes clasistas y xenófobas, y a la nueva pobreza que afecta a la clase trabajadora, e incluso a las clases medias que están siendo las víctimas de la crisis, y que afecta también a las personas trabajadoras inmigrantes que son los nuevos ciudadanos y ciudadanas andaluzas".

Para la financiación del sistema de renta básica, se consignará anualmente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma las partidas presupuestarias necesarias y en cuantía suficiente que permitan el cumplimiento de los objetivos de esta ley, posibilitándose su plena aplicación y desarrollo. Según apuntan las fuentes, "estaríamos hablando de 400 millones al año". "Ahí reside el problema", añaden, ya que ahora el gasto del Programa de Solidaridad estaría situado en torno a los 100 millones. La ILP incide en que será la administración pública andaluza la que garantizará, en el ejercicio de sus competencias, el acceso al sistema de renta básica a todas las personas que reúnan los requisitos para ello.

Principios generales de la propuesta

Responsabilidad Pública. La provisión pública de las prestaciones económicas y de los instrumentos de inclusión social y laboral integrados en el Sistema de Renta Básica de Andalucía recaerá en la responsabilidad de la administración pública andaluza en el ejercicio de sus respectivas competencias.

Universalidad. El Sistema de Renta Básica tiene vocación de universalidad y, en su marco, la administración pública andaluza garantizará, en el ejercicio de sus competencias, el acceso a todas las personas que reúnan los requisitos para ello a las prestaciones económicas y a las demás medidas de inclusión configuradas como derecho en esta ley.

Igualdad. La administración andaluza garantizará el acceso al sistema de Renta Básica con criterios de no discriminación, todo ello sin perjuicio de la aplicación de medidas de acción positiva orientadas a la plena consecución de una efectiva igualdad de oportunidades.

Solidaridad. El Sistema de Renta Básica para Andalucía es la expresión de la voluntad de la ciudadanía andaluza para promover la cohesión social, creando recursos y estableciendo medidas destinadas a mejorar la redistribución de rentas y garantizando el bienestar social en Andalucía.

Transversalidad de la política de inclusión social. La apuesta por la centralidad de las medidas de garantía de ingresos y del empleo como herramientas para la inclusión social no es óbice para reconocer la esencial aportación a dicho objetivo de otras políticas o sistemas sectoriales, como es el caso de los servicios sociales, la sanidad, la educación o la vivienda, o de cualquier otra política pública que pueda ser un instrumento para la inclusión.

Subsidiariedad. La prestación económica de la renta básica se considerará como la última red de protección respecto de cualquier otra prestación, de forma que se reconocerá cuando una vez solicitadas todas las prestaciones a que se pudieran tener derecho los destinatarios, se haya resuelto su no concesión o se haya agotado su percepción, salvo las excepciones establecidas para los supuestos de complementariedad.

Estabilidad. El Sistema de Renta Básica garantizará el mantenimiento de las prestaciones y servicios mientras persista la situación que originó el derecho y se cumpla con las obligaciones establecidas en esta Ley, parte esencial para mantener la estabilidad es la dotación presupuestaria suficiente y con garantía de ampliación de créditos en función de las necesidades de cobertura.

Atención individualizada. El Sistema de Renta Básica ofrecerá una atención personalizada, ajustada a las necesidades particulares de la persona y/o de la Unidad convivencial y basada en el diagnostico integral de su situación.

Participación. En el marco del Sistema de Renta Básica la administración andaluza promoverá y fomentará la participación en los procesos de inclusión social y/o laboral tanto de las propias personas usuarias como, con carácter general, de las entidades y agentes sociales y del conjunto de la ciudadanía.

Perspectiva de género. El diseño y ejecución de las acciones previstas en la presente ley recogerá de manera expresa el indicador del impacto de género, procurando una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la individualización específica de algunas actuaciones con mujeres en situación de exclusión.

Activación de las políticas sociales y rentabilización del empleo. El Sistema de Renta Básica de Andalucía establece medidas destinadas a activar las sinergias entre las políticas y herramientas para la inserción social, y las políticas y herramientas de inserción laboral para que la incorporación al mercado de trabajo sea una opción real de integración para una parte mayoritaria de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión o en exclusión.

Coordinación de las administraciones públicas. Las administraciones en la ejecución de sus competencias están obligadas a actuar en coordinación y cooperación para garantizar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos recogidos en esta ley.

Respeto a la diversidad. El Sistema de Renta Básica incorpora al disfrute de los derechos a las nuevas formas de unidades de convivencia, a los extranjeros que son los nuevos ciudadanos andaluces, además se contemplan los derechos a la emancipación y a la autonomía personal de diferentes colectivos, tradicionalmente protegidos, que forman parte de la sociedad andaluza, señalando de forma especial a las personas con discapacidad.

Prevención. El Sistema de Renta Básica, entre otras, actuará sobre las causas que dan lugar a la pobreza y la exclusión, evitando la reproducción de las mismas.

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