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La 'protectora de los horrores' sigue disfrutando de dos concesiones del ayuntamiento de Torremolinos

Asociaciones animalistas convocan una manifestación este sábado para pedir al Ayuntamiento de Torremolinos que extinga los convenios a la asociación Parque Animal, que datan de finales de los noventa

La presidenta de la asociación, Carmen Marín, ingresó en la cárcel por provocar la muerte de miles de animales con "unos padecimientos totalmente injustificados"

Uno de sus empleados, condenado a un año de cárcel, da servicio de restaurante y bar en una caseta de feria concedida a la protectora

Antigua protectora Parque Animal | N.C.

Antigua protectora Parque Animal, en Torremolinos | N.C.

Carmen Marín, en prisión por la comisión de delitos continuados de maltrato animal, falsedad e intrusismo profesional, sigue siendo titular de dos concesiones municipales en Torremolinos a través de la asociación Parque Animal, que preside. Gracias a los convenios firmados con el Ayuntamiento en 1998 y 1999, es titular de los terrenos sobre los que se construyó la llamada "perrera de los horrores" y de una caseta de feria que, sin embargo, permanece abierta todo el año. El Ayuntamiento aún no ha extinguido esos convenios.

Hace casi diez años que agentes del Seprona descubrieron que en las instalaciones de Parque Animal, la supuesta protectora de animales de Torremolinos, se estaba ejecutando un sistema de exterminio masivo. Carmen Marín había perfeccionado un sistema de sacrificio orientado por la lógica del beneficio económico: cuantos más animales sacrificados al menor coste posible, mejor para ella. Tras años de investigación, fue condenada a tres años y nueve meses de prisión por un juzgado de Málaga el 9 de enero de 2017, e ingresó en prisión en diciembre. Fue un hecho histórico en la lucha contra el maltrato animal.

Sin embargo, estar condenada en firme por el sacrificio "masivo" e "indiscriminado" de perros y gatos no ha impedido que, a día de hoy, la asociación de Marín siga siendo titular de la concesión municipal sobre el terreno en el que se cometieron estas atrocidades.

Algunas asociaciones locales creen incluso que podría seguir lucrándose y han convocado para este sábado una manifestación bajo el lema "Recuperemos Parque Animal". "Queremos que el Ayuntamiento rescate esa concesión y recupere la competencia", resume Gloria Buil, portavoz de la plataforma, que aboga por que Torremolinos asuma la recogida y esterilización de animales ayudándose de voluntarios. La manifestación comenzará a las 12 del sábado en la plaza del Ayuntamiento.

Terrenos cedidos y aparentemente abandonados

El Ayuntamiento de Torremolinos cedió los terrenos en 1998 a la Asociación Parque Animal por un periodo de cincuenta años, que finalizaría en 2047. Poco después de iniciarse la investigación judicial, Marín subarrendó los terrenos a una entidad privada, Servicio de Cuidado y Protección de Animales Canes (Animal Domus). En agosto de 2016, Javier Delgado, gerente y administrador único de Animal Domus, declaró a En el punto de mira que había pactado con Carmen Marín una "cesión temporal del terreno" por la que abonaba un alquiler "mínimo": 100 euros al mes.

Para poder utilizar la parcela, Animal Domus se hizo también con la gestión del servicio municipal de recogida de animales de Torremolinos, que renovó en 2019 por 80.000 euros anuales, por dos años prorrogables otros dos. Fue el único licitador y ofertó exactamente por el precio base de licitación.

Sin embargo, Animal Domus no está cumpliendo las obligaciones de publicidad y transparencia que exige el contrato y, según las asociaciones, se está llevando los animales a otras instalaciones en Mijas y Fuengirola. La sede de Torremolinos parece abandonada. El cartel que antes anunciaba el lugar ha sido arrancado del exterior. Este jueves nadie respondía al telefonillo y tampoco hay respuesta telefónica.

Una caseta de feria con decoración taurina

Además, la asociación de Carmen Marín es titular, por el mismo plazo, de una caseta en el recinto ferial concedida para recaudar fondos para la protectora. Actualmente la explota durante todo el año Felipe Barco, el extrabajador de Parque Animal condenado a un año de prisión por colaborar con Marín. Era el encargado de mantenimiento y limpieza de animales y de las instalaciones de la "perrera de los horrores".

La caseta se identifica con un cartel a la entrada en el que se lee "Protectora de Animales", con las imágenes de un perro y un gato. Se trata, en realidad, de una típica taberna andaluza con menú del día. En su interior hay alguna imagen de una virgen y decoración que casa mal con lo que se espera de una protectora: arreos, un cuadro de un elefante africano, réplicas y fotos de carretas de romería con sus bueyes y sus caballos y hasta el cartel de un festejo taurino. Preside el lugar la silueta de un gran toro.

"La caseta se hizo para recaudar para el refugio, que como tal ya no existe. Es un engaño para la gente, que entra allí pensando que va a ayudar a los animales", protesta Buil.

El contrato que regula la cesión de esta caseta pública fue suscrito por el exalcalde del PP Pedro Fernández Montes y Carmen Marín el 9 de septiembre de 1999 y prohíbe expresamente el subarriendo.

El Ayuntamiento no muestra el convenio

Sobre este asunto sigue pesando una gran opacidad. Después de pedir tiempo para dar respuesta, el Ayuntamiento (ahora gobernado por el PSOE) se ha limitado a indicar a eldiario.es/Andalucía que "lleva tiempo trabajando" para recuperar las concesiones y que las asociaciones convocantes forman parte de una mesa de trabajo que se reunió hace dos meses. "Dos meses que llevan riéndose de nosotros", denuncia Buil. Tampoco se ha constituido la comisión de investigación municipal, anunciada por este equipo de Gobierno en 2017, sin que el Ayuntamiento explique por qué.

Este medio ha podido consultar el convenio de concesión de la caseta de feria en favor de Parque Animal, pero el expediente de la concesión de los terrenos para la protectora sigue siendo un misterio. El Consistorio ignora desde 2011 la petición de la asociación de afectados Parque Animal para acceder al documento, que parece haberse evaporado. Ni lo entregó la anterior corporación (bajo el mandato del PP), ni lo entrega la actual (con gobierno socialista desde 2015).

Inhabilitados

Patricia Lara, de Resistencia Animal (una de las organizaciones convocantes de la manifestación) también pidió todo el expediente de la concesión y el Ayuntamiento le respondió el pasado 22 de octubre: "Dicho departamento le informará de la fecha y hora para acceder a lo solicitado con la intención de que sea en el menor tiempo posible, sin que en ningún caso superará (sic) los 30 días naturales, a contar desde la entrada de la solicitud". La solicitud entró el 24 de junio, por lo que ya estaba fuera de plazo. A 14 de enero, Lara sigue sin acceder al expediente. El Ayuntamiento también ha ignorado la petición de eldiario.es/Andalucía.

La sentencia que condenó a Marín y Barco incluye una pena de inhabilitación para ejercer durante tres años cualquier profesión relacionada con los animales. Sin embargo, en el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía sigue figurando como presidenta de Parque Animal, todavía titular de unos terrenos que le fueron concedidos para hacer exactamente lo contrario de lo que hizo. "En cuanto cumpla la sentencia, podría volver a abrir Parque Animal", concluye Buil.

2.183 animales murieron tras una "prolongada agonía"

La truculenta historia de Parque Animal arranca en 1998, cuando el ayuntamiento de Torremolinos, entonces bajo el mando del controvertido Pedro Fernández Montes (alcalde desde 1995 a 2015) concedió a la asociación presidida por Carmen Marín los terrenos municipales para una protectora de animales. Al menos desde principios de 2008 y hasta octubre de 2010, muchos fueron sacrificados bajo dolorosos padecimientos, sin control veterinario, sin sedación y con menos medicamento del indicado, para ahorrar.

Según la sentencia del juzgado de lo penal 14 de Málaga (luego ratificada por la Audiencia Provincial), los animales tenían "una muerte lenta y con dolorosa y prolongada agonía", que les provocaba "unos padecimientos totalmente injustificados antes de morir". El Seprona y la Guardia Civil contaron al menos 2.183 animales muertos, sacrificados a ritmo industrial para dejar paso a nuevos ingresos, remunerados por el ayuntamiento a 25 euros por gato, 60 por cada perro adulto, 45 por cada cachorro.

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