Alaya y los peritos obviaron las ayudas del Ministerio que ahora investiga la jueza Núñez en el caso ERE
La Guardia Civil y al menos uno de los imputados en el caso ERE (el exdirector de Trabajo Daniel Alberto Rivera) han provocado que la nueva jueza titular del juzgado mueva ficha en la causa y solicite información al Ministerio de Empleo sobre las ayudas a los mineros de la Faja Pirítica. Pero estas ayudas no aparecen ahora por arte de magia en la instrucción. El abogado del exalto cargo de la Junta planteó diversas cuestiones al equipo pericial designado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a requerimiento de Alaya, cuando el pasado febrero ratificaron el informe considerado clave en el caso ERE, sin que se atendieran sus consideraciones.
Ni la jueza Alaya ni los miembros del equipo pericial vieron oportunas las apreciaciones de esa defensa en relación con la causa ni se preguntaron por qué no se publicaron las bases reguladoras de esas ayudas. Tampoco examinaron, según confesaron en el juzgado, si esas subvenciones superaron una cantidad determinada ni las causas que pudieron conllevar. Las de la Faja Pirítica son las únicas ayudas cofinanciadas por Ministerio y Junta que constan en autos, por valor de 34,5 millones. Las otras subvenciones cofinanciadas entre ambas administraciones se corresponden con la ayuda sociolaboral concedida a la empresa Hijos de Andres Molina pero no consta en la causa.
El caso de los ERE ha vuelto a ser actualidad en el mes de septiembre, al margen de por saber quién será finalmente la jueza que seguirá instruyéndolo, por esta nueva línea de investigación abierta por la jueza Núñez respecto a las ayudas a la Faja Pirítica concedidas, en esta ocasión, por el Ministerio de Trabajo y por la posible imputación de Manuel Pimentel, ministro del ramo con José María Aznar. Uno de los argumentos de la tesis acusatoria de Alaya es que el método utilizado por la Junta para la concesión de las ayudas sociolaborales era “ilegal” (el repetido “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”) si bien parece haber dejado pasar por alto algunas ayudas que se servían de un método al menos similar, ya que fueron de concesión directa y ya constaban en las actuaciones.
La Guardia Civil ha insistido concretamente en las ayudas concedidas por el Gobierno central entre los años 2003 y 2005 a la Faja Pirítica al detectarse que “presuntamente utilizó de forma voluntaria y de manera totalmente arbitraria los listados de las edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa para determinar qué trabajador tenía más de 55 años”. El caso es que, cuando los peritos ratificaron su informe a comienzos de este año 2015, la jueza Alaya evitó que se profundizara en las circunstancias que rodearon estas ayudas, considerando “impertinente” la pregunta que planteaba un letrado. Los peritos, ante la insistencia del letrado, que hizo valer su protesta, admitieron que no habían examinado la tramitación de esas ayudas del Gobierno central en esos años y ratificaron su informe de 8.000 folios, presente en la causa desde diciembre de 2013.
Los peritos confiesan que no examinaron las ayudas del Ministerio
Como se puede comprobar al final de esta información en la transcripción de aquel diálogo entre las partes (las preguntas corresponden al abogado, Ruiz-Ayúcar y Hernández son los peritos, y “su señoría” es la jueza Alaya), tampoco se aclara por qué no se publicaron las bases para la concesión de ayudas. De haber profundizado en la cuestión se podría haber constatado que se dieron sin concurso y publicación, una circunstancia que, por cierto, estableció de forma expresa el Ministerio de Empleo un año antes de ese encuentro y que tampoco nadie advirtió.
La Orden Ministerial de 5 de abril de 1995 a la que alude el perito director en este diálogo no tiene límites en la cuantía de las prejubilaciones por lo que su aplicación no sería adecuada, según vienen manteniendo algunas defensas. La profundización en el asunto podría haber derivado en un análisis de estas apreciaciones, como la publicación o no de las ayudas, si pasaron por el Consejo de Ministros o no al superar cierta cantidad, si la Junta de Andalucía era competente o no para la cofinanciación, etc.
La Guardia Civil, en cuyo trabajo se basa la jueza para pedir información al Gobierno central, baraja dos posibles hipótesis en relación con la Faja Pirítica, “ambas con posible reproche penal”. La primera se basa en pensar que “por parte del Ministerio no se solicitó en ningún caso” los coeficientes reductores de los mineros afectados, pudiéndose deber a que tenía conocimiento por informes anteriores del Instituto Nacional de la Seguridad Social de que había importantes desfases y su inclusión iba a producir una rebaja de los beneficiarios y como consecuencia nuevos actos de presión pública por parte de los sindicatos“. La segunda hipótesis, según los agentes, se basa en pensar que ”por parte del Ministerio sí se solicitó dichos listados, y al comprobar caso por caso que había numerosos desfases, decidió no incluirlos para evitar que se produjeran nuevos actos de presión pública por parte de los sindicatos“.
