La oposición en bloque carga contra el Gobierno andaluz por sostener contratos a dedo sin el marco legal de la pandemia

El Parlamento andaluz se zambulló este miércoles en un debate bronco y crispado sobre la ley para ampliar regadíos en Doñana, saltó luego a la aprobación de la Ley del Flamenco, acompasada con palmas y bailes de los artistas presentes, y terminó enredado en el arenoso asunto de los contratos de emergencia con clínicas privadas, que el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha prorrogado durante dos años amparándose en el marco legal habilitado durante la pandemia y derogado en mayo de 2021.

Este asunto, adelantado por el diario.es Andalucía, ha irrumpido en la Cámara a propuesta de los grupos de la oposición, del PSOE, Por Andalucía, pero también Vox. Todos reclamaron la comparecencia de la consejera de Hacienda, Carolina España, para que explicase uno de los aspectos más dudosos de la contratación a dedo por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS): su departamento, en junio de 2021, instó al resto de consejerías a reducir al mínimo este tipo de contratos -sólo con carácter “excepcional y residual”-, un mes después de que el Gobierno central derogase el artículo 16 del Real Decreto 7/2020, la norma que habilitó durante la pandemia para permitir a las comunidades agilizar la prestación de servicios sanitarios apoyándose en la privada.

“En ningún momento se ha contratado con discrecionalidad, todos los contratos tenían informes favorables, todos están dentro de la legalidad”, ha subrayado la consejera. “Ustedes no tienen dudas sobre estos contratos, a ustedes les preocupan las elecciones municipales del 28 de mayo”, añadió.

De 70 a 243 millones

Tras esa instrucción de Hacienda, y pese a ella, el SAS continuó prorrogando los contratos a dedo y aumentando un presupuesto inicial de 70 millones de euros hasta los 243 millones. El Acuerdo de Emergencia inicial se aprobó en enero de 2021, sirvió para firmar contratos sin publicidad ni concurrencia competitiva con más de 70 clínicas privadas, que fueron modificados casi de inmediato engordando el gasto asignado a cada empresa con sucesivas adendas. Primero hasta los 125,7 millones de euros; luego hasta los 226,7 millones, y finalmente hasta los 242,7 millones, en dos últimas resoluciones de prórroga, que estiran la contratación a dedo hasta junio de 2023.

Tras la publicación de esta noticia, el Gobierno de Juan Manuel Moreno anunció que cancelaría esta fórmula de contratos tras la última prórroga, el próximo junio, pero defendió la legalidad y transparencia de todos los procedimientos, y justificó el mantenimiento de estos contratos a dedo, argumentando que las listas de espera habían aumentado significativamente durante la pandemia, tanto para pruebas de diagnóstico como para operaciones quirúrgicas, y sus efectos se arrastraban hasta el día de hoy.

La oposición de izquierdas ha lanzado una batería de preguntas orales, escritas y de documentación tanto a la consejera de Salud, Catalina García, como a la titular de Hacienda. La clave en el debate de este miércoles estaba en aquella instrucción de Hacienda, que dictó el departamento cuando estaba al mando el anterior consejero, Juan Bravo, hoy vicesecretario económico del PP nacional. Ese documento es taxativo al advertir de que las condiciones que justificaban la contratación de emergencia con clínicas privadas durante la pandemia habían dejado de tener razón de ser en junio de 2021, y exigía limitar su uso.

En ese tiempo, las comunidades empezaban ya a replegar las medidas extraordinarias contra la Covid-19, de hecho, Andalucía prescinde de 8.000 sanitarios de refuerzo contratados en el peor momento de la pandemia con fondos del Gobierno central para frenar los contagios. ¿Por qué si Hacienda mandó parar en junio de 2021, los contratos a dedo han seguido ampliándose hasta junio de 2023? Es la pregunta que, uno tras otro, han hecho los portavoces de la oposición a la consejera.

España se ha limitado a subrayar que toda la documentación de estos contratos está colgada del Perfil del Contratante de la Junta, que su departamento ha puesto en marcha medidas para ser más transparentes con el gasto público, y ha recalcado que “ni el Tribunal Administrativo de Contratación de la Junta ni el Gabinete Jurídico han elevado ninguna reclamación ni ninguna queja ni ningún recurso” contra estos contratos. “La contratación de emergencia no está derogada al día de hoy, sigue vigente a través de la Ley de Contratos Públicos”, ha insistido.

“Un gran fraude”

“Esto ha sido un gran fraude, el gran fraude de Moreno Bonilla”, ha sentenciado el diputado socialista Josele Aguilar. El diputado del grupo mixto Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha solicitado la creación de una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia de la Junta; y la diputada y presidenta de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, incidió en que el SAS había convertido “en regla lo que debería ser excepcional”. El grupo parlamentario Vox ha pedido explicaciones a la consejera, tanto por la permanencia a día de hoy de estos contratos a dedo del SAS, como de los realizados por la Consejería de Fomento para arreglos de dos carreteras.

La réplica a todos, esta vez en solitario, la ha hecho el diputado del PP Pablo Venzal, que ha defendido la legalidad de todos los contratos, los informes jurídicos preceptivos y el visto bueno de la Intervención General de la Junta. El PSOE también ha afeado al Gobierno que compaginase los contratos a dedo con contratos de emergencia, aludiendo a la contratación ordinaria y en abierto que hizo el SAS en Málaga -a través del Hospital Regional- a las mismas clínicas privadas que también estaban contratadas por la vía de emergencia, y por los mismos servicios.

Venzal ha negado la mayor, ha explicado que la contratación ordinaria de Málaga es “por camas hospitalarias”, mientras que la vía de emergencia fue para derivar “a pacientes oncológicos”. El diputado popular ha insistido en que los efectos de la pandemia han dejado agrietado al SAS a día de hoy, de ahí el aval de estos contratos a dedo en la actualidad. El diputado popular ha explicado que muchos de los contratos bajo sospecha vienen de la época socialista y ha recordado que la Ley de Contratos Públicos permite prorrogarlos en condiciones excepcionales.

España ha cerrado el debate cargando contra la etapa del PSOE en el Gobierno, afeándoles que hicieran “tantos contratos de emergencia sin que hubiera pandemia”. La consejera ha recordado que todos los contratos a dedo pasan por el Consejo de Gobierno y que se publican en dos portales web de la Junta de Andalucía. “El 89,10% de los contratos de emergencia aprobados por el Gobierno del PSOE no figuraban en el perfil del contratante de la Junta, hoy se publica el 100%”, sentenció.