50 días sin rendir cuentas al Parlamento: La crisis sanitaria orilla al poder legislativo como contrapeso del Gobierno autonómico

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, comparece este viernes en la Diputación Permanente del Parlamento para explicar su gestión en la crisis del coronavirus, que se ha cobrado 1.107 víctimas mortales y ha acumulado 11.536 contagios hasta la fecha, con 5.675 hospitalizaciones y 714 ingresos en la UCI.

Moreno ha aguantado 50 días sin someterse al control de la Cámara legislativa -41 de ellos en cuarentena-, desde el pasado 5 de marzo, que fue la última vez que los grupos de la oposición tuvieron la oportunidad de exigirle responsabilidades al presidente. Ninguna de aquellas preguntas hablaba de la COVID-19, que nueve días después empujaría al país a un estado de alarma y metería a toda la población en un severo confinamiento.

El PSOE andaluz, principal partido de la oposición, ha acusado a Moreno de “amordazar” el Parlamento, porque su intervención tendrá réplica de los grupos, pero no habrá espacio para las propuestas de resolución. Es decir, que la oposición no tendrá la oportunidad de presentar sus alternativas para frenar el avance de la epidemia. Los partidos de la izquierda -PSOE y Adelante Andalucía- llevan semanas presionando al presidente de la Junta para que “diese la cara”, han acusado a la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, de tener “secuestrado” y “amordazado” el órgano legislativo, que debe ejercer de contrapoder al Gobierno. “Moreno Bonilla es el último jefe de gobierno autonómico que acude a la sede de la soberanía popular a dar cuenta de su gestión de la pandemia”, vienen repitiendo los socialistas desde hace días, en una intensa campaña de presión en redes sociales.

En realidad, la situación andaluza no difiere mucho de lo que está ocurriendo en la mayoría de los parlamentos autonómicos del país, incluido aquellos donde gobierna el PSOE. Todos suspendieron su actividad regular en fecha próxima a la declaración del estado de alarma, todos vienen funcionando en servicios mínimos -a través de la Diputación Permanente-, que ha mantenido un mínimo debate entre partidos, ha servido para que miembros del Gobierno acudan a dar explicaciones y para convalidar algunos decretos relacionados con la gestión de la crisis sanitaria.

En seis semanas no ha habido sesiones de control parlamentaria a los Ejecutivos autonómicos. Hasta esta misma semana, ningún presidente autonómico ha regresado a la Cámara legislativa para dar cuenta de su gestión frente al coronavirus, y ninguno de ellos lo ha hecho con el formato que exige la oposición, a saber, con propuestas de resolución para que los grupos aporten sus ideas y sugerencias a la labor del Gobierno regional de turno.

El PSOE, que es oposición en Andalucía, acusa al presidente de la Junta y a la presidenta del Parlamento de tener la “democracia amordazada”; y el PP, que es oposición en Extremadura y en Castilla La Mancha, reprocha a los barones socialistas que hayan promulgado un “confinamiento democrático”. El Estado de las Autonomías no tiene fronteras tan altas -y menos con la mezcla que habita en las redes sociales- como para que no afloren las contradicciones de unos partidos políticos que dicen una cosa en una comunidad y la contraria en la región vecina.

Los presidentes autonómicos del PSOE han mantenido un distanciamiento del Parlamento similar al de Moreno en Andalucía. En las Islas Baleares, donde la incidencia del virus es menor, los partidos acordaron el pasado 8 de abril reactivar las sesiones plenarias reducidas. El pasado miércoles tuvo lugar la primera sesión de control al Gobierno en cinco semanas, y la presidenta Francina Armengol compareció en la Cámara al día siguiente. En Castilla La Mancha, el socialista Emiliano García Page ha rehusado someterse al control del Parlamento -ni siquiera ha comparecido-, pese a las reiteradas denuncias de PP y Cs, únicos partidos con representación en la oposición.

En Aragón, el socialista Javier Lambán compareció en la Asamblea regional el pasado 15 de abril para explicar su gestión de la crisis, en un formato similar al de Moreno Bonilla: sin preguntas ni propuestas de la oposición, sólo un turno para que fijen su argumentario. Lo mismo ha hecho en Extremadura el presidente Guillermo Fernández Vara, el pasado jueves, en la Asamblea autonómica. Ni réplicas ni propuestas de resolución, con el consecuente cabreo de sus rivales. Allí, los cuatro grupos con representación acordaron por unanimidad el 21 de abril que se retomasen los Plenos y las sesiones de control al Gobierno a partir de la semana que viene (el primero será el día 30). También ocurre lo mismo en la Comunidad Valenciana, donde la actividad presencial en el Parlamento se ha retomado esta semana, incluida la comparecencia del presidente Ximo Puig para dar explicaciones (sin preguntas ni propuestas de la oposición).

En las regiones gobernadas por PP y Ciudadanos, con respaldo de Vox, como Madrid y Murcia, la situación es similar. Y en Galicia, con el Parlamento disuelto por la convocatoria de las elecciones (que no llegaron a realizarse), el presidente Alberto Núñez Feijóo compareció una vez ante la Diputación Permanente. Fue el primero de todos los líderes autonómicos, pero también sin margen para que la oposición ejerciera su labor de control.

A petición propia

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, acude este viernes “a petición propia”, una fórmula que sugiere más de lo que en realidad significa. Todos los presidentes autonómicos acuden al Parlamento “a petición propio”, porque la posibilidad de que los grupos de la oposición pidan la comparecencia del presidente no está recogida en ningún reglamento de ninguna Cámara legislativa. No ha ocurrido en diez legislaturas. La oposición puede llamar a declarar a un consejero, pero no a un presidente.

Hasta hoy, Moreno ha esquivado su comparecencia alegando que la prioridad era contener el avance de la pandemia, y que “ya habrá tiempo para exigir responsabilidades políticas más adelante”. El argumento era el mismo que usaba Pedro Sánchez para responder al líder nacional del PP, Pablo Casado, cuando éste le acusaba de “tener la democracia confinada” y le exigía reactivar la actividad del Congreso de los Diputados.

Llegó un momento en que la reticencia de los presidentes autonómicos del PP a regresar a sus respectivos Parlamentos chirriaba con la estrategia de Casado en Madrid, y así se lo hizo ver Sánchez en su último cara a cara en el Congreso. “Señor Casado ¿Qué quiere decir con que la democracia está confinada?”, replicó el presidente al líder de la oposición, antes de repasar la “nula actividad parlamentaria” en los parlamentos de Andalucía, Madrid y Murcia, “donde gobiernan PP y Cs con apoyo de Vox”. “No quieren dar explicaciones de nada cuando gobiernan. Esa es la diferencia básica entre ustedes y nosotros: exigen lo que nunca han dado, ni dan, ni van a dar”, zanjó Sánchez, tras recordar a Casado que era la tercera vez que comparecía en el Congreso desde que decretó el estado de alarma. Ese mismo día, el presidente andaluz anunció su intención de comparecer en el Parlamento autonómico.

El 11 de marzo, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet (Ciudadanos), ordenó suspender las comisiones programadas para esa semana y extremar las medidas de higiene en los espacios comunes del edificio legislativo, después de que el grupo Vox retirase a sus 12 diputados tras verse expuestos al contagio del virus en el congreso nacional de Vistalegre. En ese momento, había 96 contagios de coronavirus detectados oficialmente en Andalucía. En la noche del 14 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretó el estado de alarma y ordenó el confinamiento de toda la población en sus casas.

Dos días después, la Mesa de la Cámara acordó, en una reunión telemática, suspender toda su actividad regular mientras dure el estado de alarma. Quedaron paralizadas todas las sesiones programadas, incluidas las de control al Gobierno andaluz, los plazos de tramitación de iniciativas y el registro de propuestas. Se convocó la Diputación Permanente, órgano que vela por los poderes del Parlamento en periodos inhábiles, y el poder legislativo que ejerce de contrapeso al Gobierno de Moreno quedó en servicios mínimos, en estado de hibernación hasta hoy.

Esta semana, Bosquet ha hecho llegar una propuesta a los grupos para reactivar la actividad regular, los Plenos, las comisiones y las sesiones de control al Gobierno a partir del próximo 6 de mayo. La idea es reducir la presencia de los diputados en el hemiciclo, de 109 a 43 escaños, para mantener la distancia de seguridad, y limitar los Plenos a ocho horas en un solo día, para que sus señorías tengan tiempo de regresar a sus provincias (dado que los hoteles en la capital andaluza están cerrados). Para ello será necesaria una reforma exprés del reglamento, que Bosquet quiere aprobar por lectura única, para habilitar el voto delegado de los diputados ausentes. Así, si prospera esta propuesta, el Parlamento empezaría a funcionar poco a poco con normalidad.

La situación de excepcionalidad que ha generado la crisis sanitaria del COVID-19 ha tenido un impacto fortísimo (y casi desapercibido) en la estructura del Estado, y en uno de sus pilares básicos: la división de poderes. El Ejecutivo, en este caso el andaluz, está ejerciendo sus funciones en la gestión de esta epidemia sin la presión habitual de quienes tienen el papel de fiscalizar su trabajo: los partidos de la oposición en el Parlamento y los periodistas. La limitación de movimientos y el acceso restringido y tamizado a las fuentes oficiales dificultan esa labor de control.

A esto se suma la estrategia del Gobierno -de todos los gobiernos- de bombardear a diario con comparecencias telemáticas de los responsables políticos, de anuncios y notas de prensa oficial, que inundan a diario el paisaje informativo con mensajes unilaterales, tendentes a la propaganda, y difíciles de verificar, contrastar o contextualizar por parte de un batallón de periodistas confinados en sus casas.