El PSOE-A dice que la convocatoria de 2014 de cursos para el empleo será la primera por concurso
Ya lo advertía la Cámara de Cuentas en su informe el pasado mes de enero: entre 2009 y 2010, el 89% y el 36% de las subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos para el empleo, respectivamente, “se concedieron utilizando el procedimiento de concurrencia no competitiva”, sino mediante convenios de colaboración y abonándose en sus tres cuartas partes sin necesidad de justificación previa. Eso es lo que se pretende corregir con la convocatoria de 2014 -la primera en dos años porque en 2012 y 2013 no ha habido- cuando “todas” las subvenciones serán por concurso.
Lo ha dicho este lunes el número 2 del PSOE-A, Juan Cornejo, en una valoración de la noticia que ha saltado en Semana Santa de la investigación de un presunto fraude con partidas de 2010. “El Gobierno de Andalucía es el primer interesado en garantizar un buen uso de los fondos públicos y por eso se van a seguir las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y de la Intervención General de la Junta de Andalucía”, ha recalcado el secretario de Organización del PSOE-A. También se ha referido a la futura aprobación de la Ley de Formación Profesional, en la que trabaja la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, según han confirmado desde la misma, si bien no se esperará a su ratificación para la convocatoria, dado que es un trámite lento.
Juan Cornejo ha insistido en que “la izquierda hace autocrítica” en relación a que hasta ahora estas subvenciones no tuvieran tantos mecanismos de control, pero se ha centrado sobre todo en marcar un antes y un después con la llegada a la presidencia de Susana Díaz en septiembre de 2013, momento en el que también comenzaron a inspeccionarse “uno a uno” todos los expedientes de estas subvenciones, “para lo que se contrataron 60 interinos contra los que precisamente arremetió el PP-A”. Como ya refería el pasado miércoles el consejero Luciano Alonso, titular de Educación, Cultura y Deporte, ha recordado que la Fiscalía de Málaga ha pedido datos sobre 17 expedientes que suman un importe de algo más de millón y medio de euros, mientras que la Junta de Andalucía ha hecho requerimientos de información para un total de 480 y otras 56 solicitudes de reintegro de cantidades por no haberse justificado correctamente su uso.
Por otro lado, ha dejado claro que el PSOE-A “no va a apoyar una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía” como reclama el PP-A: “El Gobierno de Andalucía ya ha pedido una comparecencia para explicar este asunto”, ha puntualizado, dejando claro que corresponde hacerlo a Luciano Alonso, como responsable de estas competencias desde que tomó posesión Susana Díaz, y no a la presidenta.
En este contexto, ha criticado el “uso” que hacen los populares de este caso, centrándose, igual que hiciera Luciano Alonso hace unos días, en la “filtración” de la investigación, que atribuyen al Ministerio del Interior. Ha apuntado así la coincidencia en Málaga del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, el día de “la entrega de la medalla a la Virgen de los Amores”. Pese a que “cada uno salió por una puerta”, le “consta” esta “coincidencia” y le resulta sospechoso el hecho de que se hablara de esta investigación a los medios de comunicación, cuando la Junta de Andalucía “no tiene conocimiento de la investigación y tampoco ha recibido ningún requerimiento ”de la Comisión Europea como se ha publicado“.
Que se hablara de un fraude de 2.000 millones de euros -en referencia al volumen total de estas partidas entre 2007 y 2011- le parece “una barbaridad”. Ha pedido por ello “respeto para los andaluces” porque entiende que esta información se está usando para “insultar a toda la comunidad autónoma” y no a sus mandatarios, lo que para él exige “ser mala persona”. En este sentido, ha dicho que “en cumplimiento de la ley, hay que agotar todo el proceso administrativo y, en caso de que veamos algún indicio de delito”, se pondrá a disposición de la autoridad judicial pertinente“. Igualmente, ha pedido al PP que no use ”una doble vara de medir“ porque en Madrid se descubrió una situación parecida no hace mucho y ”a nadie se el ocurrió culpar a toda la comunidad autónoma“.
Horas antes se pronunciaba sobre el tema la presidenta, recordando que llevan “siete meses revisando” las subvenciones, algo que no se está haciendo en ningún otro territorio, y ha garantizado que “si alguien ha actuado mal lo va a pagar”. Pronunciaba estas palabras durante un desayuno informativo organizado por el Diario Córdoba, donde ha incidido en que esta polémica, “que tanta polvareda ha levantado”, se ha producido porque algunos “han aprovechado el vacío informativo tradicional en estas fechas de Semana Santa” para “hacer mucho ruido”.
Mientras, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, reclamaba “colaboración” de todas las administraciones públicas, incluida la Junta de Andalucía, “y de todo aquel que tenga información”, para “esclarecer” las irregularidades halladas en los cursos en esta comunidad autónoma y llegar “hasta el final”. Hablaba igualmente de un fraude “doble” porque, por un lado, se “malversan” recursos públicos que no llegan al destino para el que han sido consignados y, por otro, quita a desempleados y trabajadores la oportunidad de formarse y “recualificarse” para poder cumplir su “proyecto de vida”.
Por su parte, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, abogaba por “conocer la verdad” sobre este asunto, no sin dejar caer también sus sospechas sobre el hecho de que “llama la atención la salida de información tan selectiva que se produce”. En todo caso, ha dicho que IU “quiere que se conozca todo si surgen anomalías o irregularidades”. Sobre la posibilidad de apoyar una comisión de investigación, Antonio Maíllo ha apuntado: “Queremos profundizar en esa información, de hecho vamos a hacerlo y a conocer qué es lo que ha ocurrido, y no descartamos absolutamente nada”.
