El PSOE plantea criterios de partida para la negociación con IU sobre las viviendas ilegales

La modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que quiere regularizar entre 20.000 y 25.000 viviendas ilegales, y que ha generado nuevas tensiones entre el PSOE-A e IU, establecerá unos criterios para la legalización anunciada, con la intención de evitar una sensación del todo vale. Esas exigencias preliminares son las que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio -encargada de elaborar la modificación y en manos del PSOE-A- pretende transmitir a la Consejería de Fomento y Vivienda -de IU- para lo se han reunido este lunes en busca de consenso. Desde uno y otro lado están convencidos de que finalmente será posible. De momento, muchas preguntas y pocas respuestas.

En este sentido, en dicha reunión participaron los viceconsejeros y los secretarios generales sin que se acercaran posturas según han confirmado desde los dos partidos. Desde IU han exigido a sus socios que vayan a estas reuniones con una propuesta concreta -todavía no se ha visto nada plasmado en papel- y en el PSOE-A reconocen que no se atreven a aventurar una fecha para poner en marcha esta medida por las tensiones con la federación, pero sí dan por hecha una solución. Desde IU aseguran sentirse molestos porque el anuncio fuera hecho por la presidenta, Susana Díaz, en el pleno del Debate del Estado de la Comunidad la pasada semana, aún habiendo sido avisados de forma previa al debate. Sin embargo, la federación de izquieradas asegura que se había hablado de este asunto el pasado mes de marzo y “quedó aparcado” por falta de concreción. Por su parte, desde el PSOE-A han reiterado que en IU estaban informados de que iba a presentarse esta propuesta de resolución en el Parlamento de Andalucía, lo que ocurrió y salió adelante con el voto en contra de IU y la abstención del PP-A.

La consejera de Medio Ambiente ha concretado este martes varios de los principios que regirán esta modificación: será para construcciones que no estén en suelo de especial protección ni en área inundable; no podrán pesar sobre ellas expedientes de disciplina urbanística ni procesos en los tribunales; tendrán que tener un mínimo de seis años, de manera que hubiera prescrito esa posibilidad; y no podrán ser resultado de procesos especulativos, es decir, promociones propiamente dichas en suelo no urbanizable.

Estas condiciones son para IU “lo mínimo”, pero entienden también que una idea de este calado no debería haberse propuesto como “simple modificación de una ley”, sino que apelan a una norma de rango superior. Igualmente, exigen que se concrete cómo se va a evitar la especulación en este proceso, es decir, que se beneficien los que han obtenido plusvalías con el negocio de estas viviendas ilegales. Estas cuestiones y el hecho de que coincida con la cercanía de las elecciones municipales ha despertado las críticas de los socios, entre otras cosas porque no se beneficiarían del rédito que el PSOE-A sí obtendría dado que gobierna en muchos municipios donde las viviendas ilegales son un gran problema. Pero, por ejemplo, no se va a exigir que sean primera vivienda “porque eso es muy difícil de demostrar”, en palabras de la consejera María Jesús Serrano.

La cifra, “una estimación”

Desde su departamento insisten en que se busca sacar a estas construcciones de un limbo jurídico porque ha prescrito el plazo para emprender acciones legales contra sus dueños y, sin embargo, estos reclaman servicios que no pueden contratar. ¿Por qué se ha dado esa cifra? Es “una estimación”, reconocía la consejera, que no ha facilitado aún un censo. En la Consejería de Fomento y Vivienda dudan incluso de que la cifra de las que finalmente puedan acogerse a este proceso sea tan elevada y advierten de las expectativas que se pueden estar generando y luego frustrarse. En realidad esa información sólo la pueden dar los consistorios, que se resisten a hacerlo hasta que esté aprobada la modificación de la LOUA porque si no sería reconocer que saben de la existencia de una ilegalidad contra la que no actúan.

En este contexto, el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha asegurado este martes que la propuesta saldrá adelante. “Es un propuesta conocida, si bien es necesario trabajarla. Estamos en eso, creando un clima de trabajo y de diálogo para que esta propuesta salga adelante”, ha dicho sobre el hecho de que desde IU se haya hablado de premura en su presentación.

La estela del decreto 2/2012

Se da la circunstancia de que esta modificación pretende completar la senda que inició el decreto 2/2012 que no generó tanta polémica pero que tenía el mismo fin. Lo que ocurre es que en ese plan de regularización no se contemplaban viviendas ilegales que hubieran resultado de una parcelación -división en lotes de una finca- y la Junta de Andalucía ha considerado oportuno hacerlo en esos casos en los que por ejemplo responde a una familia que ha heredado una propiedad y la ha dividido para hacer varias construcciones. O sea, una cuestión práctica y privada y no una promoción fuera de la ley. Una de las cosas que se persigue supone una ventaja para el medioambiente, en concreto en el caso de urbanizaciones ilegales de cierta dimensión, porque estarán obligadas a tener un sistema de saneamiento adecuado, de manera que sus aguas residuales acaben en depuradoras y no en cualquier arroyo.

Igual que dicho decreto, se establecerán tres tipos y con el objetivo de ser AFO (asimiliados fuera de ordenación). Primero, las edificaciones aisladas. En segundo lugar, los asentamientos, consolidados por edificaciones próximas entre sí y con entidad suficiente como para necesitar infraestructuras, dotaciones y los servicios urbanísticos básicos. Y en tercer lugar, asentamientos que constituyen un hábitat rural diseminado, es decir, sobre los que se ubican un conjunto de edificaciones sin estructura urbana y ligadas en su origen a lo agropecuario, y que pueden demandar algunas infraestructuras, dotaciones o servicios comunes pero de menor calado. En caso de que existan este tipo de asentamientos, los municipios deben tramitan un “avance”. Si no es así, deben emitir un informe de “innecesaridad” del mismo.

María Jesús Serrano se ha esforzado en explicar que “no es una legalización, sino una regularización”. Es decir, ha insistido en que no se está premiando a los que han actuado fuera de la ley. Porque está prohibido construir en el campo. ¿Y qué diferencia hay? Que sus propietarios no tendrían derecho a indemnización por pérdida de vivienda si en un momento dado se decidiera por ejemplo expropiar ese suelo. Fuera de esto, queda prácticamente equiparado porque podrán tener derecho a contratar suministros (luz, agua...) y ser inscritas en el Registro de la Propiedad.

Tampoco podrán sus dueños hacer obras de envergadura en estas viviendas ilegales cuando estén regularizadas, más allá de las destinadas a garantizar sus condiciones de salubridad y habitabilidad. Pero no podrán por ejemplo ampliarlas o crear “una segunda planta”, según la consejera. Aunque en el caso de las viviendas legales también estas intervenciones también tienen limitaciones. Esto hará, según la consejera, que con el tiempo “desaparezcan”, que tienen “vocación de tender a desaparecer”, ha recalcado.