El transporte escolar amenaza con huelga en septiembre si Educación no prorroga los contratos en Andalucía

El presidente de la Federación Independiente Transportistas de Andalucía (Fedintra), Antonio Vázquez, ha asegurado que “si se empeñan en no realizar la prórroga del contrato de las rutas escolares, el sector está planteando una huelga general en septiembre, por lo que no se realizarían los servicios de transporte escolar” una vez que este martes mantuvieron la última concentración que han programado durante julio ante la sede de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga y ante la Agencia de Educación en Sevilla.

En Andalucía son más de 450 empresas las que se dedican al transporte escolar, con unas 1.500 rutas en toda la Comunidad Autónoma, y que desplazan a más de 75.000 alumnos cada día. Si la Consejería de Educación no prorroga los actuales contratos, “no podrán tener este servicio”, ha asegurado el presidente de Fedintra por medio de una nota.

“Para nosotros, sería una medida muy dolorosa, además consideramos que los que pueden pagar esta situación son los niños de Andalucía, ya que se quedarían sin poder ir a clase, pero que no les quepa ninguna duda de que si esto se produjera, el único culpable sería la Agencia Pública de Educación, dependiente de la Consejería de Educación”, ha afirmado Fedintra.

“Se ha negado por activa y por pasiva a realizar la prórroga del contrato; es más, después de dos semanas de movilizaciones en toda Andalucía ni siquiera hemos recibido una llamada para dialogar. Mientras, en otras comunidades autónomas, ante la gravedad de la situación, ya han prorrogado los contratos a sus empresas, mostrando un poco de sensibilidad”, ha proseguido explicando la Federación.

A juicio de Fedintra, los actuales contratos podrían ser prorrogados hasta junio de 2021, amparados en las normas de urgencia aprobadas a nivel autonómico y nacional por el estado de alarma y la crisis sanitaria.

Aunque ya se cumplían los plazos de finalización de los actuales contratos, el sector ha argumentado que las especiales circunstancias en la que nos encontramos, y la compleja situación económica derivada de la crisis del coronavirus motiva la prórroga de los actuales contratos al menos para el próximo curso escolar, y además hay marco legal para ello.

Destrucción de empleo

Las empresas del sector del transporte de toda Andalucía concluyeron este martes la ronda de movilizaciones que han mantenido durante julio, por lo que volvieron a concentrarse ante la sede de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga y ante la sede de la Agencia Pública de Educación en Sevilla.

“La Junta de Andalucía quiere hundir al sector del transporte escolar en Andalucía ya que la prórroga del contrato escolar sí que es posible en otras comunidades, que tienen las mismas circunstancias que Andalucía, como es Extremadura, donde ya se han dictado las órdenes de prórroga”.

Fedintra sostiene que sin la renovación del contrato escolar para el próximo año, la viabilidad económica de las 500 empresas de transporte que hay en Andalucía está en el aire. El 90% ha tramitado ya expedientes temporales de regulación de empleo, poniendo en peligro hasta 11.000 puestos de trabajo en la comunidad.

El sector de transportes de viajeros por carretera, cuya otra actividad fundamental es el servicio discrecional turístico, se declara paralizado como consecuencia de la Covid-19, y exigen tiempo y ayuda pública para su recuperación económica, ya que argumenta, de lo contrario provocará la desaparición de muchas de estas pymes y empresas familiares con la consiguiente destrucción de empleo y actividad económica.

Reclaman una indemización

La Junta adeuda a las empresas del transporte más de 10 millones de euros en concepto de indemnización tras la suspensión de los contratos de las rutas escolares en marzo con la declaración del estado de alarma, afirman desde la Federación. El pago de las indemnizaciones por la suspensión del contrato debe realizarse de forma urgente y en cuantía suficiente para atender los daños producidos por esta suspensión.

“En comunidades autónomas como Extremadura, Catalunya o Galicia, ya han sido abonadas, y en muchos casos han llegado al 80% de los costes de los servicios”, ha asegurado el presidente de Fedintra.