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ARAGÓN

¿Insumisión fiscal? Casi una de cada tres familias de Zaragoza elude pagar el impuesto de depuración

El Gobierno de Aragón cierra la primera tanda de recibos del ICA sin cobrar casi 110.000 recibos de los cerca de 360.000 emitidos

Las enmiendas de Podemos, Ciudadanos, Par e IU al tributo dejan en el aire los presupuestos de la comunidad al afectar a la previsión de ingresos

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Prácticamente una de cada tres familias zaragozanas ha eludido pagar los recibos del ICA, el polémico Impuesto de Contaminación de Aguas vinculado al desmesurado Plan de Depuración, en la primera remesa enviada por el Gobierno de Aragón, correspondiente a 2016.

El Departamento de Desarrollo Rural ha confirmado el pago de 249.210 de los cerca de 358.214 recibos enviados a los hogares y empresas de la capital, lo que supone que ha pagado el 69,57% de los afectados. Y también indica que el nivel de impago ha alcanzado el 30,43%; es decir, 109.004.

A ese nivel de rechazo hay que sumarle que el grueso de las más de 20.000 familias que han recurrido el impuesto a través de la campaña organizada por la Federación de Asociación de Vecinos y Barrios, la RAPA (Red de Agua Pública) y entidades y organizaciones sociales y de consumidores lo han pagado, lo que sitúa el rechazo por encima de un tercio de la población.

El Instituto Aragonés del Agua (IAA) prevé comenzar a remitir la semana que viene una nueva tanda de órdenes de pago con acuse de recibo a los contribuyentes que no han pagado el recibo ni lo han recurrido.

Una herencia conflictiva

El ICA, cuya legalidad se encuentra en manos del Tribunal Constitucional, está siendo uno de los ejes del debate político y social en Aragón en esta legislatura, en la que, como ocurrió en las tres anteriores, ha provocado  enfrentamientos y tensiones entre el Gobierno autonómico y el ayuntamiento de Zaragoza.

Concebido para financiar un polémico Plan de Depuración de los gobiernos PSOE-PAR y PP-PAR que la Cámara de Cuentas considera inviable por su alto coste, de más de 4.300 millones de euros, ha provocado malestar en todo el territorio por los  retrasos en su ejecución, por la inflación que ha provocado en el precio de un servicio como el de la depuración de aguas residuales, que ha llegado a triplicarse, y, también por su sobredimensionamiento: incluye depuradoras en pueblos deshabitados o en vías de quedar desiertos.

En el caso de Zaragoza, entre otras localidades, el motivo principal del rechazo es enfrentarse a una previsión de pagar 28,82 millones al año entre menos de 250.000 contribuyentes, más de 115 euros por casa, cuando los ayuntamientos pagaron las depuradoras de esos lugares.

El ejecutivo PSOE-Chunta de Javier Lambán, que se encontró con el plan dentro del legado de sus antecesores, es consciente de que este, que alcanza un coste anual de 75 millones de euros cuando queda más de la mitad por ejecutar, es inviable sin la participación de los zaragozanos, que suman la mitad de la población de la comunidad. Aunque también tiene claro que muchas de las obras previstas pueden ser rediseñadas a la baja, sustituyendo el hormigón por tecnologías verdes, y las está revisando.

Los presupuestos, en el aire

El ICA, por otro lado, se ha convertido en una amenaza para los presupuestos de la comunidad autónoma mientras una mesa redefine su aplicación y una comisión de investigación parlamentaria estudia el plan de depuración que lo originó.

Cuatro grupos han presentado enmiendas a esos presupuestos cuya aprobación afectaría a la previsión de ingresos: Podemos e IU proponen suprimir la tarifa del ICA este año, mientras C’s y PAR reclaman aumentos de las bonificaciones.

Los cuatro grupos mantienen vivas sus enmiendas, que se debatirán este lunes 26 en comisión y el miércoles 28 en el pleno, pese a que un informe de los letrados de las Cortes advierte de que su aprobación tendría “incidencia directa en los ingresos presupuestarios” y un “efecto de enmienda a la totalidad sobre los presupuestos”. Es decir, que reducir los ingresos descuadraría las cuentas de la comunidad y obligaría iniciar de nuevo su tramitación, que ya acumula dos meses de retraso.

No obstante, esa situación se produce con unos presupuestos cuya previsión de ingresos estatales es una estimación ante la falta de cuentas estatales, si bien el techo de gasto se calcula con las indicaciones del Consejo de Política Fiscal.

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