Calatayud infló su padrón con más de 2.400 vecinos ficticios para no perder subvenciones

El Ayuntamiento de Calatayud (gobernado por el PP desde 2011) infló su padrón de 2015 con 2.470 vecinos ficticios para no perder el nivel de 20.000 habitantes que da derecho a mayores cuantías de fondos públicos. Y el Tribunal Supremo, que ha rechazado el recurso del Consistorio contra el real decreto que estableció la cifra oficial, le ha condenado a pagar las costas del pleito aunque limitándolas a 4.000 euros.

El Ayuntamiento pidió al tribunal que, en lugar de los 19.724 habitantes oficiales, declarara que esa cifra ascendía a 22.194 “o la que resulte a la vista del proceso y, en cualquier caso, superior a los 20.000 habitantes”. La discrepancia alcanzaba los 2.470 vecinos.

Sin embargo, el Supremo le recuerda al Consistorio que “la cifra de población es un hecho objetivo, que no puede verse condicionado por las consecuencias que puedan derivarse de que sea una u otra a los efectos de los servicios que hayan de prestarse en función de la misma, la percepción de subvenciones o la participación en los tributos del Estado”.

Así, ante la ausencia de alguna “prueba suficiente y cualificada” que lo contradiga, el tribunal concluye que “no hay indicio de error en la labor del INE” (Instituto Nacional de Estadística).

Vecinos de otros lugares

La mayoría de las discrepancias entre el INE y el Ayuntamiento “se deben a habitantes que ya figuran inscritos en otros municipios” o que se dieron de baja en Calatayud, que suponen 899, y a vecinos de origen extranjero (795) que no renovaron su inscripción (es obligatorio a los dos años para quien no tiene papeles) o la continuidad de cuya residencia no fue comprobada, indica la sentencia. “Esta situación denota que el Ayuntamiento de Calatayud no ha repercutido las bajas por residencia comunicadas por el INE en su función de coordinación”, añade la resolución.

Calatayud no había bajado de los 20.000 habitantes desde que rebasó esa cota una década antes, en 2005. Sin embargo, perdió 248 habitantes entre 2012 y 2013, otros 268 al año siguiente y 934 entre 2014 y 2015. “”Supone una bajada del 4,23 % sin que existan razones (emigración, crisis económica, fallecimientos) que lo justifiquen“, sostuvo el Ayuntamiento, que sí logró, mediante alegaciones, elevar de 19.741 a 20.191 el número oficial de vecinos de 2016, con lo que superó de nuevo la barrera de los 20.000.

Las alegaciones del año anterior no le dieron el mismo resultado: las 441 que presentó “resultaron desestimadas por utilizar una clave de alegación inconsistente (429) o estar duplicadas (12)”, y “tampoco consta” que remitiera al INE alguna documentación que justificara por qué había renovado las inscripciones de extranjeros o que el resultado de las inspecciones había sido positivo.

Mantener 531 errores

Un informe del INE, por otra parte, recoge cómo, tras haberle comunicado “531 registros con errores invalidantes detectados en la validación”, el Consistorio remitió una nueva copia del padrón a la delegación de Estadística de Zaragoza “manifestando que ha corregido los errores invalidantes, aunque el nuevo fichero seguía teniendo los mismos 531 errores”.

Ese bloque de anotaciones, no obstante, “no ha sido decisivo para la determinación de la cifra aprobada”, ya que “no han sido las que han motivado que las alegaciones presentadas fueran desestimadas”.

El llamado fichero de reparos incluía observaciones sobre 2.538 empadronamientos: los datos de 932 no fueron encontrados, los de otros 520 no llegaron a ser contabilizados por errores de gestión, 174 más no fueron incluidos por incluir errores invalidantes (la mayoría eran nacimientos con fechas no válidas) y 878 más fueron descartados por incidencias de coordinación, entre ellos los 795 extranjeros. Ninguna de las alegaciones se ajustaba a las formalidades que exige el INE, lo que conlleva su desestimación.

Quejas sin fundamento

Para el Supremo, el Ayuntamiento de Calatayud pretendía que el recuento de vecinos “vuelva a ser realizado en esta sede judicial, sin aludir siquiera a infracción alguna del ordenamiento jurídico, más allá de las invocaciones a la prueba de presunciones”.

Sus quejas, añade, “no tienen fundamento”, ya que el chequeo del padrón es un proceso “dotado de sobradas garantías” sobre el que no ofrece “datos fehacientes que hagan pensar que en su caso concreto el procedimiento haya concluido con errores significativos”.

“La mayoría de las discrepancias se deben a habitantes que ya figuran inscritos en otros municipios”, cuyas bajas no tramitó pese a comunicárselas el INE, mientras “la otra parte sustancial de discrepancias se corresponde con extranjeros no contabilizados por no haber renovado su inscripción padronal o no haberse comprobado la continuidad de su residencia en el municipio”, resume el tribunal.