STEPA lleva a la Comisión Europea los “incumplimientos” del Gobierno de Aragón con el personal interino

La Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, de la que forma parte el sindicato aragonés STEPA, ha presentado este miércoles ante la Representación de la Comisión Europea en Madrid un informe en el que denuncia que el Gobierno de Aragón se sitúa entre los principales incumplidores de la normativa europea y estatal en materia de temporalidad en el empleo público.

El documento concluye de forma tajante que “la Unión Europea no puede autorizar la concesión a España de los 626 millones de euros de fondos del Plan de Recuperación suspendidos hasta que el Gobierno no apruebe una nueva ley que sancione eficazmente el abuso de temporalidad mediante la estabilización real de todas las personas afectadas”.

Según el informe, la Administración pública española “lleva décadas infringiendo la normativa y sentencias europeas por la ausencia de normativa nacional válida para sancionar el enorme volumen de abuso de temporalidad existente”. Además, denuncia que el Ejecutivo central “ocultó el volumen real de temporalidad en el empleo público” al diseñar el Plan de Recuperación en abril de 2021. Los últimos datos oficiales sitúan la temporalidad en el 32,2% del total de empleados públicos, cerca de un millón de personas, “una parte muy significativa de ellos en situaciones de temporalidad claramente abusiva”. De ese porcentaje, el 76% corresponde a administraciones autonómicas.

En este contexto, STEPA —tercera fuerza en la Administración General de la DGA— subraya que Aragón presenta una situación especialmente preocupante, con una tasa de temporalidad del 43,35%, cinco puntos por encima de la media estatal. El sindicato calcula que unos 20.000 empleados públicos en la comunidad tendrían derecho a la estabilización de sus puestos.

27 años sin cumplir la normativa europea

El informe, que actualiza otro presentado hace año y medio, insiste en que España sigue sin transponer la Directiva 1999/70/CE tras 27 años, lo que obliga a que los puestos estructurales estén ocupados por personal fijo, una exigencia que, según denuncia, “es sistemáticamente vulnerada en el sector público”.

Este incumplimiento se produce pese a varios hitos recientes, como el avance del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España, el bloqueo de 626 millones de euros vinculados al cumplimiento del Plan de Recuperación o los pronunciamientos del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha reiterado que los actuales procesos de estabilización “no son una solución válida”.

Para la Coordinadora, la única salida pasa por una nueva ley estatal que incluya “una medida de estabilización real del personal en situación de abuso y sólo del personal en abuso, junto con la reparación de la infracción del Derecho de la Unión para todas las víctimas”.

El informe es especialmente crítico con el Gobierno central, al que acusa de haber ofrecido cifras insuficientes para acceder a los fondos europeos. “Es evidente que España mintió a la Comisión sobre el volumen de temporalidad en el sector público. El compromiso adquirido de estabilizar 300.000 plazas era claramente insuficiente”, señala. Además, critica que el enfoque en las plazas y no en las personas “ha tenido el efecto contrario al esperado: el cese de miles de trabajadoras y trabajadores en abuso de temporalidad”. Según sus datos, alrededor de 500.000 empleados públicos no han podido consolidar su puesto, ya que las plazas convocadas representaron menos del 20% de la temporalidad existente.

Los sindicatos denuncian también “una falta total de transparencia” en el número de plazas ofertadas, especialmente en las comunidades autónomas, que concentran casi 750.000 trabajadores temporales.

Aragón, entre las comunidades con más temporalidad

En el caso aragonés, STEPA sostiene que el Gobierno autonómico no ha cumplido ni siquiera con la identificación de las plazas susceptibles de estabilización, pese a tratarse de un mandato recogido en la normativa vigente. “El Gobierno de Aragón no realizó ni lo esencial”, denuncia. El sindicato cifra en apenas un 10% las plazas ofertadas en los procesos de estabilización —unas 2.500— frente a los cerca de 28.000 empleados temporales existentes en diciembre de 2021. “Con ofertas ridículas”, añade, “la gran mayoría de las víctimas no han visto reconocidos sus derechos”.

El informe advierte además del impacto económico de no abordar el problema mediante la estabilización. Según sus cálculos, el pago de indemnizaciones a los afectados podría superar los 40.000 millones de euros, lo que supondría “la ruina de las arcas públicas españolas”. A ello se suma un posible problema social, ya que, según la Coordinadora, los procesos actuales podrían derivar en el despido de hasta 600.000 trabajadores temporales, “el 70% mujeres con una edad media de 50 años, con nula reinserción laboral”.

Frente a ello, defienden la conversión de los contratos temporales en indefinidos como “la única alternativa viable económicamente” y una vía para “evitar el desmantelamiento de los servicios públicos”. El informe concluye con una petición directa a las instituciones europeas para que actúen y “no consientan violaciones flagrantes y masivas de derechos fundamentales europeos”, reclamando la protección de los trabajadores afectados por el abuso de la temporalidad.