Cuestión de confianza

El Gobierno tiene una ardua tarea por delante. La crisis económica, las contrarreformas de la derecha y los meses de provisionalidad han dejado pendientes numerosos problemas en los ámbitos político, económico, institucional, legislativo y social que ahora tendrá que resolver el Ejecutivo de coalición.

En el terreno político se abren expectativas en relación con el conflicto catalán, aunque hay demasiados interesados en que el barco se hunda antes de zarpar, pero el Gobierno tendrá que trabajarse a fondo cada iniciativa, llegar a numerosos acuerdos para sacar adelante algunas de sus propuestas. Aun así, los cambios estratégicos, los de más calado, los que no se pueden basar en mayorías tan exiguas, tendrán que esperar tiempos mejores, las derechas no están dispuestas a llegar a ningún acuerdo de no ser que Pedro Sánchez renuncie al programa con el que fue elegido presidente.

En el plano institucional, la reunión del lunes 17 entre Pedro Sánchez y Pablo Casado terminó, como era de esperar, sin ningún acuerdo. El líder del PP  rechazó cualquier tipo de pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -que se debería haber renovado hace más de un año-, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Administración de RTVE, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. De esta manera, el PP consigue crear inestabilidad institucional -las instituciones no funcionan bien cuando sus órganos de gobierno son provisionales- y se beneficia de la mayoría conservadora que las gobierna desde los tiempos de Rajoy.

Lo malo, con ser importante el bloqueo institucional, es el riesgo de que la actitud de bloqueo se extienda a cualquier clase de acuerdo: Pacto de Toledo, financiación autonómica, pacto educativo… Hasta la política exterior esta siendo motivo de enfrentamiento.

Es en el ámbito social, económico y de derechos y libertades donde, a priori, más puede avanzar el Gobierno en el desarrollo de su programa. Ha empezado revalorizando las pensiones, subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pactado con empresarios y sindicatos, derogando el artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores que permite el despedido procedente por enfermedad… y en esta senda debe seguir, no en vano el centro de su política tienen que ser las personas, especialmente las más necesitadas.

Movilizaciones en la agricultura

El comienzo de la legislatura -valorando posiblemente, que con este Gobierno reformista tienen una oportunidad que no quieren desaprovechar- ha animado a numerosos colectivos a movilizarse. Es el caso de los agricultores, los 800.000 empleados públicos que llevan años siendo interinos, los autónomos o representantes de la España del interior que se siente ninguneada, como los leoneses… y seguro que se suman otros sectores damnificados por la gestión política que se ha hecho tanto de la crisis como de la recuperación económica.

Tienen razón en sus movilizaciones, pero estos colectivos, por muy justas que sean sus reivindicaciones tienen que ser conscientes de que la capacidad de intervención del Gobierno es limitada. Limitada a nivel económico, todas las reformas necesitan inversiones; limitada a nivel normativo, hay cuestiones que regula la Unión Europea, y limitada en el tiempo, hay medidas cuya repercusión no se puede ver a corto plazo.

Los que se consideran olvidados por las administraciones desde hace tiempo tienen prisa y el Ejecutivo, que necesita tiempo, solo podrá salir airoso, incluso fortalecido de esta situación, si consigue la confianza de los distintos sectores, algo complicado dada la escasa valoración que la sociedad española tiene  de los políticos.

Esta es otra de las taras del Gobierno, cambiar la dinámica de descrédito de la política y, para ello, la transparencia y la pedagogía deben presidir las acciones del gobierno. Sin embargo, ambas cualidades han estado ausentes en las diferentes versiones que el ministro Ábalos ha dado de su encuentro con la vicepresidenta venezolana  Delcy Rodríguez. No es así como se van a ganar la confianza de la ciudadanía, no es así como van a conseguir que los diferentes colectivos acepten modular sus reivindicaciones y compaginar los intereses de parte con los más generales.

Tampoco me parece la mejor manera de ganar credibilidad el “apreteu” de Pablo Iglesias a los agricultores. Está claro que, en general, el punto de equilibrio de cualquier negociación depende de las fuerzas que intervienen y si no te movilizas disminuye la tuya pero el Vicepresidente no debió  animarles públicamente a seguir con las movilizaciones. ¿Contra quién tienen que apretar? ¿Duda el Consejo de Ministros de si  abordar o no los problemas del campo?  ¿Les aconseja Iglesias que aprieten al Gobierno del que él que forma parte? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hará Iglesias cuando los disuelva la Guardia Civil? ¿O cuando, como propone el representante de ASAJA-Extremadura, sigan su consejo hasta manifestarse en la puerta de su casa?

Esperemos que el Gobierno se vaya asentando poco a poco, vaya enfocando con acierto los distintos problemas y prescinda de la prepotencia. También sería deseable que algunas personas que forman parte de él guarden en el fondo del armario el gorro de activista.