El obispo de Teruel pide “no mirar hacia otro lado” con los abusos sexuales

El obispo de Teruel y Albarracín, monseñor José Antonio Satué, se ha referido al informe sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica presentado por el Defensor del Pueblo y ha considerado que “el dolor de tantas víctimas exige que no miremos hacia otro lado y pongamos nuestro punto de mira en este problema, con el fin de reparar los daños causados y evitarlos en el futuro”. 

Monseñor José Antonio Satué se ha expresado así tras la presentación del informe y la celebración de una Asamblea extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española. 

“Me parece necesario destacar que el informe del Defensor del Pueblo, aun con sus límites, ofrece no pocos aspectos positivos”, ha indicado, puesto que ha supuesto un proceso de escucha a 487 víctimas, “arrojando luz sobre los devastadores efectos de los abusos sexuales, que tienen su origen en procesos de abuso de conciencia; y denuncia algunas prácticas inaceptables dentro de la Iglesia, sin dejar de reconocer avances en la legislación canónica y en la forma de abordar dichos abusos”. 

Asimismo, ha señalado que el documento “enmarca” un “doloroso problema” en el amplio contexto del abuso sexual a menores en la sociedad, proponiendo iniciativas a la Iglesia y a las administraciones públicas para prevenir y reparar los daños causados. “Es un estudio que, en su conjunto, merece ser considerado atentamente”, ha apostillado en un artículo publicado en el Diario de Teruel. 

Así, el obispo de Teruel y Albarracín ha afirmado que, a la vista del informe, los obispos reunidos en Asamblea Plenaria, junto con los responsables de la Confederación de Religiosos y Religiosas, “manifestamos de nuevo nuestro dolor por el daño causado por algunos miembros de nuestra Iglesia y pedimos perdón sinceramente”. 

Ha continuado: “Muchos de nosotros hemos escuchado el testimonio de víctimas y su sufrimiento nos ha permitido comprender mejor la magnitud del daño que produce el abuso, particularmente cuando el agresor está vinculado a la Iglesia, y nos ha hecho caer en la cuenta de la importancia de escucharlas, darles credibilidad y apoyarlas decididamente, para que puedan sanar sus heridas”. 

En este sentido, ha expuesto que en la Asamblea de la Conferencia Episcopal se ha decidido encomendar a su servicio de Protección de Menores una propuesta para aplicar las recomendaciones del Defensor del Pueblo. 

“La necesidad de escuchar, dar credibilidad y apoyar a las personas que nos confían el dolor de haber sufrido un abuso no supone un atropello de los sacerdotes acusados, en su derecho a la presunción de inocencia. Es fundamental entender que, en estos casos, nuestra actitud no ha de ser juzgar, absolver o condenar, sino escuchar, acoger y respaldar”, ha observado. 

En este punto, monseñor José Antonio Satué ha aseverado que determinar la responsabilidad de los denunciados corresponde a los órganos y procedimientos jurídicos que se siguen, tanto en la sociedad como en la Iglesia. 

Del mismo modo, ha pedido no librar una batalla contra los sacerdotes en su conjunto, ya que en la Iglesia, al igual que en las familias y otras instituciones, hay quienes cometen abusos y quienes buscan la verdad, la justicia y el bien de las víctimas.

En cuanto al número de casos de abusos sexuales en el ámbito eclesial, “algunos medios de comunicación han extrapolado los datos del estudio demoscópico contenido en el Informe del Defensor del Pueblo, publicando la cifra de 440.000 víctimas”, un dato, ha precisado, “que no aparece” en el documento. 

“No quisiera entrar en una guerra de cifras, porque nos alejaría del respeto que merecen las víctimas, quienes nunca deberían ser utilizadas como munición para nuestras luchas políticas y sociales”, ha aclarado.

Por lo que respecta a la Diócesis de Teruel y Albarracín, el Informe del Defensor del Pueblo recoge tres casos. El más antiguo se refiere a un sacerdote condenado en 1962 por tribunales eclesiásticos. 

Los otros dos datan de 1968 y 1967, fueron presentados por el diario El País y no han podido ser investigados, porque uno de los denunciantes no ha respondido a las comunicaciones de la Diócesis para esclarecer su denuncia y, en el otro caso, el mencionado medio de comunicación no ha contestado, por el momento, a la carta que el obispado le dirigió, a fin de recabar la necesaria información, ha contado el obispo turolense. 

Ha remarcado que en la base de datos de El País, publicada en internet, “no se informa de los intentos de esta diócesis para investigar ambas denuncias”.