El 70% del mercado de las residencias de ancianos en Aragón está en manos privadas

Aragón es una de las cinco únicas comunidades autónomas que alcanza el ratio de cinco plazas de residencia geriátrica por cada cien mayores de 65 años que viven en su territorio que marca como objetivo la OMS (Organización Mundial de la Salud), aunque lo hace a costa de una enorme dependencia de un sector privado que, de hecho y en términos de cuota de mercado, es el mayor de toda España.

Según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, las otras cuatro comunidades que superan ese umbral son, por este orden, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias.

La primera de ellas llega a ofrecer 7,85 plazas por cada cien mayores de 65 años, y lo hace con una proporción prácticamente asimétrica a la aragonesa: casi el 80% de ellas, 6,08 de 7,85, reciben financiación pública, una relación que en Aragón se reduce al 30%, con 1,89 de un total de 6,28. La castellanoleonesa es la única comunidad en el que el sector público alcanza el ratio de cinco por sí sola.

Un 70% del mercado es privado

Eso significa que el 70% del mercado de la atención geriátrica se encuentra en manos privadas en la comunidad, un porcentaje que no se da, ni de lejos, en el resto de comunidades y al que hay que añadir los centros privados que funcionan con financiación pública mediante convenios.

De hecho, las autonomías cuyos equilibrios de mercado más se acercan a los de Aragón son la Comunidad Valenciana y Galicia, por encima del 59% en ambos casos, y Madrid, donde supera el 28%.

En el extremo opuesto se encuentra Murcia, donde no hay plazas geriátricas de titularidad privada pero al mismo tiempo, con solo 1,42 por cada centenar de habitantes que superan la edad de jubilación, ofrece el menor ratio de cobertura de todo el país.

Más de 8.000 euros anuales

En todo el país “son necesarias 70.000 plazas residenciales más para alcanzar la ratio de cinco plazas por cada cien personas mayores de 65 años”, señala el informe, que destaca que aunque entre 2010 y 2018 el número de ciudadanos que superan esa edad “se ha incrementado en casi un millón (958.023)” el número de plazas residenciales geriátricas únicamente lo ha hecho en 12.353.

Ese déficit viene a coincidir con las alrededor de 70.000 personas que, tras habérseles reconocido grados de dependencia severos y grandes, siguen a la espera de que les sea asignada una plaza residencial.

Aragón, por su parte, “supera en 3.661 plazas la ratio”, aunque “sólo tres de cada diez plazas tienen financiación pública”, 5.405 de un total de 17.939, que son 317 menos de las que había en 2010.

El informe sitúa a la comunidad autónoma entre aquellas en las que ocupar una plaza en un geriátrico con financiación pública supera los 8.000 euros, como ocurre en Murcia, Navarra y Euskadi (en las dos últimas pasa de 10.000), mientras en otras como Valencia, La Rioja (donde los usuarios solo abonan el 25% del coste), Andalucía, Madrid o Cataluña no alcanza los 7.000.