El PSOE de Zaragoza acusa al Gobierno del PP de vender suelo público por 76 millones para poder pagar La Romareda

La política residencial del Ayuntamiento de Zaragoza sigue centrando buena parte de la actualidad municipal. Si el martes el consejero de Urbanismo, Víctor Ruiz, trató de sacar pecho por unas cifras de vivienda protegida que siguen lejos de las registradas a finales de los años 2000, el grupo municipal del PSOE ha atacado al equipo de gobierno del PP por sus actuaciones en estos dos años. El concejal socialista Horacio Royo ha contrapuesto dos movimientos divergentes por parte de la alcaldesa Natalia Chueca: en el caso de vivienda libre, venta de parcelas públicas para pagar infraestructuras como la nueva Romareda; en el caso de la protegida, transformación de suelos dotacionales a los que se les modifican unos usos demandados en los barrios.

Esto último es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Rosales del Canal, donde un suelo previsto para equipamiento educativo muy demandado ahí –donde no hay instituto de Secundaria y cuando hay disposición de suelo al lado en Arcosur para 5.000 viviendas– va a ir destinado a vivienda pública. O en el Picarral, donde los vecinos demandan un equipamiento deportivo, más cuando hay suelo residencial disponible en la calle Juslibol o Aceralia.

El edil socialista ha criticado que, en estos dos años, el Gobierno de la ciudad ha “subcontratado” toda la política de vivienda al Gobierno de Aragón al ceder suelos de equipamiento cuyo valor es mínimo, mientras reserva los suelos residenciales para “hacer caja” y “poder pagar los grandes proyectos”, aunque eso suponga que vecinos de Rosales del Canal o Picarral se queden sin equipamientos educativos o deportivos muy requeridos.

“No tenía ningún sentido”

“No tenía ningún sentido estas operaciones, pero ahora, tras la venta de los suelos de la antigua Alumansa en San José, sabemos por qué lo ha hecho Chueca: los suelos de equipamiento que no tienen valor de mercado son los que se están destinando para construir vivienda y los suelos residenciales, con gran valor de mercado, se destinan exclusivamente para ganar dinero porque las cuentas no le salen, a pesar de que ha subido los impuestos más de un 12% los últimos años o haber recibido transferencias de otras administraciones, sobre todo del Gobierno de España, un 71% superiores a lo que eran en 2020”, ha apuntado Royo.

En este sentido, el concejal socialista ha lamentado que Chueca “está haciendo caja y vendiendo las joyas de la abuela, descapitalizando la ciudad y eliminando suelos de equipamiento porque las cuentas no le salen para pagar lo que realmente nos pueden costar sus grandes proyectos como la Romareda o el Huerva, o hasta qué punto es sostenible estar pagando en torno a 100 millones de euros por el servicio de transporte cuando hace 6 años se pagaban 50”.

Horacio Royo ha ido más allá a la hora de explicar la política de vivienda de Chueca: “Si se suman las cantidades que el Gobierno de la ciudad pretende obtener de la venta de los suelos de Vía Hispanidad, Montecanal y Alumalsa, la cifra coincide a la perfección con los 76 millones de euros que, a día de hoy, constituyen la aportación municipal para la construcción de la Nueva Romareda. ¿Casualidad?”.

El concejal socialista ha explicado además que en seis años –los que lleva el PP al frente de la Alcaldía–, más allá de lo construido en Arcosur, Vadorrey y Valdefierro, el Gobierno municipal no ha sido capaz de abordar nuevos desarrollos que permitan construir vivienda en precios y formatos asequibles, dejando solo la iniciativa privada a operaciones de lujo absolutamente inasequibles para la mayoría“.

En cuanto a las cifras “triunfalistas” que ha presentado este martes el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, Royo ha querido aclarar que el ritmo de construcción es exactamente el mismo que en 2023: cuatro viviendas libres al día, lo que proyecta 1.500 pisos al final de año. Además, el ritmo de la VPA en régimen de compra, lejos acelerarse, se ralentiza. “Excluidas las viviendas promovidas a través de programas públicos, apenas se ha concedido licencia para 132 pisos, frente a las 400 de media de los dos años anteriores”, ha señalado.

Teniendo en cuenta datos del INE que señalan que en Zaragoza se forman cada año en torno a 7.000 hogares nuevos, “si sumamos la iniciativa privada y la pública apenas vamos a lograr alcanzar las 2.000 viviendas nuevas en Zaragoza en este 2025”, ha lamentado.

“Negocio para los promotores”

El edil socialista ha insistido en que la política de vivienda de la ciudad se está basando en “utilizar los suelos residenciales exclusivamente para pagar los grandes proyectos de la alcaldesa mientras eliminamos la posibilidad de construir equipamientos necesarios para la ciudad”. “Y todo ello –ha añadido– subcontratando un programa del Gobierno de Aragón que es un gran negocio para los promotores con un impacto social muy limitado”.

En este sentido, Royo ha recordado que el Ejecutivo de Azcón ha lanzado tres licitaciones sobre ocho parcelas municipales de equipamiento, previamente cedidas por el ayuntamiento, a través de una figura de concesión demanial, por la cual el constructor se compromete a construir viviendas de hasta tres dormitorios que van de los 36 m² hasta los 77 m² como máximo, y por las que se cobrará un alquiler de 11,5 euros el metro cuadrado, más otros 120 euros más si se incluye garaje y trastero.

Esto supone que los constructores percibirán por una vivienda de 1 dormitorio entre 420 y 615 euros al mes; por una de dos dormitorios, entre 529 y 614 euros; y por una de tres, entre 580 y 1.005 euros, “cifras que están por encima del precio medio de alquiler de Zaragoza”, ha avanzado.

Además, ha criticado que el Gobierno de Azcón “violenta” el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) “con la connivencia” del Ayuntamiento, “edificando vivienda a precio de mercado en suelos dotaciones e incluso promoviendo la construcción de viviendas que ni tan siquiera tiene los mínimos de superficie prescritos por el PGOU”.