Madrid, o paraíso fiscal o al menos refugio

Salvo sorpresa mayúscula, el Gobierno conseguirá este jueves un gran éxito político. Va a sacar adelante en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo con casi 190 votos, una mayoría amplísima, muy superior a la que tuvo el Presupuesto aún vivo que consiguió aprobar Mariano Rajoy en mayo de 2018, pocas semanas antes de su caída por la moción de censura presentada por Pedro Sánchez. 

Con los Presupuestos para 2021, el Gobierno de coalición logra la herramienta imprescindible para garantizarse la estabilidad y para acometer la reconstrucción de una economía y una sociedad devastadas por la pandemia. Pero el éxito hubiera sido mayor, al menos para la parte socialista del Gobierno, si la estrategia de Pablo Iglesias de sacar de la ecuación a Ciudadanos no le hubieran llevado hace tres semanas al vicepresidente segundo a saludar a toda prisa el sí de Bildu a las cuentas públicas como una bienvenida a esta formación política a la dirección del Estado o si el Ejecutivo no le hubiera dado a Gabriel Rufián la primicia y la bandera de la causa de la armonización fiscal entre Comunidades Autónomas para que lo convirtiera, en plena precampaña electoral catalana, en una bandera de tela y palo de Catalunya contra Madrid. La torpeza gubernamental o socialista ha convertido en héroes, de distintas parroquias, tanto a Rufián como a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al Gobierno en su conjunto probablemente le ha hecho más daño que bien. Por mucho que piensen en el PSOE y en Unidas Podemos en un tripartito con ERC en Catalunya tras las elecciones autonómicas.

La expresión 'paraíso fiscal' nace de una especie de errata. Al país o lugar donde uno apenas paga impuestos se le llama 'tax haven' en inglés. 'Haven' significa “puerto, refugio”, pero algún traductor poco avezado o algún hispanohablante duro de oído debió de confundirlo con 'heaven', que significa 'cielo', y trasladó el 'tax haven' al castellano como 'paraíso fiscal'. ¡Hasta las erratas se pueden convertir en una metáfora de éxito! A la luz de la multitud de datos que estos días se han puesto encima de la mesa por tirios y troyanos, no es seguro que la Comunidad de Madrid sea un paraíso fiscal, pero sí parece que al menos es un refugio fiscal para los ricos propios y para algunos ricos foráneos.

¿En competencia desleal con el resto de las Comunidades Autónomas? ¿Nos quejamos como Estado, con razón, de que la UE tolere singularidades fiscales como Holanda o Irlanda y al mismo tiempo consentimos que se cree una singularidad fiscal en una región española? Las preguntas son pertinentes. Merece la pena este debate público, y esta es buena ocasión para tenerlo. Pero quizás le convenga al Gobierno reconducirlo y que se haga donde procede: en ámbitos académicos -entre los expertos-; en el Ministerio de Hacienda, que es quien tiene que proponer las reformas de las normas si lo considera oportuno y conveniente; y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las Comunidades Autónomas.

Hace unos años, con la anterior crisis económica, se hablaba mucho de las élites extractivas, aquellas que se apartaban del bien común y dedicaban sus esfuerzos a su propio bienestar y al del grupo al que pertenecían. Hay quien ve en las políticas fiscales de Madrid una especie de élite extractiva institucional. Una comunidad de élite extractiva que, gracias a que es una de las regiones más ricas, a que es también la capital del Estado, y la sede de prácticamente todas las instituciones públicas estatales y de las grandes empresas y corporaciones, y el laboratorio liberal del PP donde se ensayan desde hace décadas las políticas fiscales comentadas y las sociales de adelgazar y/o privatizar los servicios públicos, atrae y absorbe recursos y talento de todo el resto de España pensando en el bienestar propio, no en el del conjunto del Estado. 

Entre los críticos a estas políticas no hay solo presidentes autonómicos socialistas. También algunos del PP, en privado, cuestionan algunas prácticas fiscales de Madrid. Estos últimos deberían posicionarse también en público, pensando menos en su disciplina de partido y más en su responsabilidad para con sus administrados. Como ellos mismos y sus jefes máximos en el PP saben, en 2017, en tiempos de Cristóbal Montoro, el de los Presupuestos del Partido Popular aún vigentes y que en breve van a pasar a mejor vida, los expertos que reunió el ministro para la reforma de la financiación autonómica propusieron una armonización fiscal para que los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, y transmisiones patrimoniales tuvieran unos tipos mínimos que evitaran distorsiones en la eficacia y eficiencia tributaria. Al PP no debería parecerle ahora una tragedia lo que cuando gobernaba consideraba justo y necesario.