EH Bildu propondrá que el Ayuntamiento garantice los convenios en subcontratas y empresas públicas
Como cada último jueves de mes, mañana el Ayuntamiento de Bilbao celebrará el pleno municipal ordinario. En esta ocasión, la cita viene cargada de iniciativas con un orden del día que alcanza los 27 puntos sin tener en cuenta las de urgencia, 20 de ellos correspondientes a las propuestas de la oposición. Con el inminente 7 de julio en el horizonte y el fin de la ultractividad de los convenios colectivos como amenaza, una de ellas cobra especial relevancia. EHBildu ha registrado una propuesta con la que quiere instar a que el Consistorio garantice la renovación de los acuerdos laborales para todos los trabajadores que dependen del presupuesto municipal pero no son funcionarios.
La cifra de empleados que tienen en riesgo sus convenios asciende a varios centenares. Por un lado, las empresas públicas dependientes del Ayuntamiento tienen en nómina a más de 500 personas, según apuntaron ayer fuentes de la coalición Abertzale. Por otro, el 25% del presupuesto municipal se dedica a la subcontratación de servicios, por lo que el número de trabajadores amenazados por el fin de la ultractividad es a buen seguro mucho mayor.
La situación tiene su origen en una de las modificaciones introducidas por la nueva reforma laboral del gobierno del PP en Madrid por la que de no alcanzarse un acuerdo para renovar los convenios colectivos que rigen las condiciones de trabajo estos serán cancelados automáticamente pasando a estar en vigor el marco normativo inmediatamente superior. En caso de existir un acuerdo estatal, los contratos se regirían por él y de no haberlo se recurriría al estatuto de los trabajadores. Hasta ahora, al finalizar el plazo de vigor de un convenio, éste se prolongaba automáticamente de no haber entendimiento entre los sindicatos y la patronal.
En este sentido, la propuesta de EH Bildu insta a los consejos de administración de las sociedades públicas a que en caso de no alcanzar un acuerdo, los convenios se vean prolongados. Asimismo, pide al consejo de Gobierno que alcance acuerdos con las empresas subcontratadas para que apliquen el mismo criterio.
Sangría del comercio
Sangría del comercio
El PSE, por su parte, ha preferido hacerse eco de la “crítica” situación del comercio bilbaíno. La reciente avalancha de cierres de establecimientos históricos de la Gran Vía, como los de la cadena For o el local de Loewe en la plaza Moyua se une al constante goteo de otras tiendas como Carlangas, Delmar o Itxaso.
A los habituales carteles de liquidaciones por cese en los escaparates de los negocios hay que añadir los datos ofrecidos por la Cámara de comercio de Bilbao para lo que va de año, que dibujan una imagen desastrosa en el sector. Según la información que manejan, el 81% de los comercios consideran que los meses de marzo y abril fueron malos y en el 83,6% lo achacan a la falta de demanda del mercado.
Por estos motivos, el grupo socialista ha presentado una proposición de urgencia para el pleno de mañana. En la misma instan al equipo de gobierno a poner en marcha un plan de choque de apoyo al sector comercial. Una iniciativa para la que quieren contar con la colaboración de otras administraciones, las asociaciones del sector y las entidades financieras.
Alfonso Gil, portavoz del PSE en Bilbao, puso como ejemplo de posibles estímulos al comercio un programa de avales para ofrecer liquidez a los propietarios, negociar con los dueños de los locales para que reduzcan las altas rentas de algunos de ellos, especialmente los de la Gran Vía, u otros proyectos para incentivar el consumo como el desaparecido Bonocultura del anterior Gobierno vasco. “Lo importante es que no nos quedemos sin hacer nada mientras el comercio bilbaíno se desangra”, valoró.
En lo que respecta al Partido Popular, una de las proposiciones más destacadas que defenderán mañana es extender el observatorio de la convivencia que actualmente actúa en Bilbao la Vieja al resto de barrios de la villa. El objetivo de esta iniciativa sería atajar el “preocupante incremento de conflictos vecinales”. Los populares siguen insistiendo un mes más con la seguridad ciudadana y también pedirán que se mejore “la coordinación entre las diferentes administraciones que tienen relación con el ámbito de la Seguridad Ciudadana, fundamentalmente con la Consejería de Interior del Gobierno vasco y con la Subdelegación del Gobierno de España”.
