Lo que debes saber para que tu perra no sea ‘secuestrada’

Lo que empezó siendo un viaje de placer, ese contacto con otras culturas que siempre le ha gustado emprender, se convirtió para Naomi en una pesadilla y para Pirata, en lo más parecido a un secuestro. A sus 23 años, Naomi, que vive en Barcelona, ha viajado por todo el mundo, de Colombia a Camerún. Esta vez se decidió por Marruecos. Iría con su perra Pirata, una preciosa cachorra de apenas cuatro meses, así que preparó con su veterinaria todo lo que creía necesario para viajar con ella: el microchip, el pasaporte, las vacunas…

Todo fue bien hasta que regresó de Marruecos. En el Punto de Inspección Fronteriza de Algeciras le comunicaron que Pirata no podía entrar de nuevo en España: faltaba “algo” en su documentación sobre la rabia (enfermedad endémica en Marruecos y erradicada en nuestro país). O volvían a Marruecos o Pirata pasaba una cuarentena en Algeciras o debía ser sacrificada (el eufemismo comúnmente utilizado para liquidar a los animales).

Naomi, desesperada ante semejantes alternativas, se preguntaba qué era ese “algo” que interceptaba el regreso a su país, si Pirata había salido de España con su documentación en regla. Descubrió que se trataba de una prueba serológica que confirma que la vacuna contra la rabia ha hecho efecto y que el organismo de la perra tiene los anticuerpos adecuados. Una prueba que ha de realizarse un mes después de la última vacunación y tres meses antes de la entrada del animal a España cuando procede de países donde existe la enfermedad de la rabia.

No solo nunca había oído hablar de esa prueba sino que, por la corta edad de Pirata, ni siquiera habría sido posible hacérsela. La propia veterinaria que había preparado su documentación (y que se hizo cargo después de los gastos de su cuarentena en Algeciras) reconoció no tener conocimiento previo de la necesidad de ese test serológico, imprescindible para volver a entrar a España desde cualquier país que no pertenezca a la UE: ella misma no había sido informada, ni por el Colegio de Veterinarios ni por ningún otro organismo oficial, de la obligatoriedad que marca el Reglamento 998/2003.

Comienza entonces la pesadilla de Naomi y Pirata, un penoso proceso en el que una perra sana, una cachorra de tan solo cuatro meses, será la principal perjudicada: es ingresada en un centro de aislamiento en el que deberá cumplir cuarentena. Por los primeros 15 días piden a Naomi 550 euros, una cantidad que no cuadra con el precio del alojamiento (10 euros al día, es decir, 150 euros) y las vacunas (100 euros). Según Naomi, todo se tuerce cuando exige que le expliquen a qué corresponde la diferencia de 300 euros: le responden que, por ejemplo, a faxes y llamadas, y la amenazan con no poder siquiera visitar a Pirata. Esto le provoca una crisis de ansiedad por la que tiene que ser trasladada en ambulancia a un hospital.

En los días posteriores, Naomi no es informada de dónde se encuentra Pirata, lo que conculca claramente sus derechos como ciudadana. Cuando consigue saberlo, comprueba que se trata de unas instalaciones sin las mínimas condiciones de salubridad e higiene, y que sus trabajadores no llevan medida alguna de protección. Se ha podido constatar después que el centro ni siquiera dispone de licencia como núcleo zoológico. El PIF de Algeciras deniega una y otra vez sus insistentes demandas de trasladar a Pirata a un lugar adecuado y, según cuenta Naomi, los propios responsables del centro de aislamiento le aconsejan estar “calladita” si quiere ver a la perra, a la que ya puede visitar de 10 a 10.30 de la mañana y entregando antes su teléfono móvil, presumiblemente para que no pueda hacer fotos y que quede constancia de las condiciones del lugar: un abuso de autoridad que nuevamente conculca sus derechos. La pequeña Pirata, antes feliz, llega a herirse las patas al meterlas, ansiosa y desconcertada, entre las rejas que ahora la separan de Naomi.

En vista de estas irregularidades y del trato recibido, Naomi y su familia deciden luchar por Pirata y hacen pública su situación. Crean un blog, denuncian los hechos en la prensa local y se ponen en contacto con Pacma Cádiz y con las asociaciones ‘Defensa Ciudadana Activa’ y ‘Tierra Nueva Ley Animal’. Una abogada se hace cargo del que ya se conoce como ‘caso Pirata’. Ante el ruido mediático y una más que previsible presión social, la responsable del PIF de Algeciras pacta con Naomi, a cambio de su silencio, que autorizará el traslado de Pirata a Barcelona. Naomi acepta, desesperada por que Pirata pase la ya inevitable cuarentena cerca de los suyos y en condiciones dignas.

Hace falta, no obstante, una autorización de la Subdirección de Acuerdos Sanitarios y Control en Fronteras, que está en Madrid y se lava las manos: recomienda que se haga lo que acuerden el PIF de Algeciras y Cataluña. Es palmaria la descoordinación entre las distintas Administraciones, pues simultáneamente se produce un caso similar con la perrita Cloe, que, tras pasar los quince días preceptivos de aislamiento en Algeciras y dar positivo su test serológico, ya puede pasar a cumplir el resto de la cuarentena en aislamiento domiciliario, lo que deniega el Ayuntamiento de Madrid basándose en la ley CE/998/2003 y en aras de una presunta salud pública. Pero sin hacer la consulta reglamentaria a la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, que, sin embargo, en vista de los resultados de esos mismo análisis de Cloe, y a instancias de su familia, autoriza su traslado a su domicilio de Getafe.

Teresa, la responsable legal de Cloe, muy afectada por el proceso, denuncia que “como propietaria de animales de compañía desde hace 20 años y usuaria de la Aduana de Tarifa desde hace 10, jamás ningún órgano competente me ha informado de la existencia de una ley promulgada en 2003 y aplicada en 2014”, e insiste en la necesidad imperiosa de canalizar la información para evitar que otras personas pasen por su trance. A los organismos competentes, se lamenta, “no les importa el perjuicio emocional y económico que se genera”.

Los responsables de la Generalitat, por su parte, estaban a favor de trasladar a Pirata a Cataluña, pero ni siquiera disponían de una relación oficial de centros de aislamiento. Carmen, la madre de Naomi, inició entonces un exhaustivo contacto con protectoras catalanas que pudieran acoger a Pirata en sus instalaciones: hasta 17 protectoras llegan a ofrecerse de forma totalmente altruista.

Tras un sinfín de descoordinaciones entre las distintas Administraciones, trámites administrativos contradictorios y ausencia de protocolo alguno, solo las gestiones de Pacma, ‘Defensa Ciudadana Activa’, ‘Tierra Nueva Ley Animal’ y otra protectoras logran que Pirata, después de 25 días de aislamiento en Algeciras, pueda viajar a Barcelona, donde cumplirá la preceptiva cuarentena, hasta el próximo 11 de enero, en la protectora APAN, cercana al domicilio de Naomi y que velará por su bienestar físico y psicológico (no olvidemos que Pirata es una cachorra en pleno crecimiento y desarrollo).

Pero, para entonces, Naomi y Pirata ya han vivido una pesadilla que debiera haberse evitado si no hubiera fallado toda una cadena de responsabilidades: ha fallado la información sobre la normativa vigente, que la Administración debe proporcionar a los veterinarios; ha fallado la información que los veterinarios deberían, si dispusieran de ella, proporcionar a las personas que van a viajar con sus animales fuera de la UE; ha fallado el sistema de aislamiento de los animales en los puntos fronterizos, indiferentes a su bienestar y plagados de irregularidades y posibles ilegalidades; ha fallado el protocolo del traslado a su lugar de origen de los animales que deban pasar la cuarentena; ha fallado la comunicación entre las distintas Administraciones.

A raíz del ‘caso Pirata’, muchos veterinarios han denunciado esa falta de información. El Colegio de Veterinarios aduce que no tiene obligación legal de aportarla, pues corresponde, en realidad, al Ministerio de Sanidad, y señala que es obligación de los responsables legales de los animales conocer la normativa. De hecho, la normativa es distinta según el país al que se viaje, motivo por el que muchos veterinarios derivan a sus clientes a los consulados correspondientes. Los responsables de los animales, por su parte, confían en que los veterinarios les informen convenientemente.

Un círculo vicioso en el que, por unos o por otros, Pirata ha sufrido algo parecido a un secuestro y Naomi, una chica de 23 años que creía estar cumpliendo las normas, una experiencia traumática y un maltrato oficial. Por eso ‘Defensa Ciudadana Activa’, que ha elaborado un completo informe sobre el ‘caso Pirata’, ha elevado una consulta a Sanidad Exterior sobre la aplicación del Reglamento 998/2003 y, más concretamente, sobre su artículo 11, que indica que “los Estados miembros proporcionarán al público información clara y fácilmente accesible sobre los requisitos sanitarios para los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial en el territorio de la Comunidad y las condiciones de introducción o reintroducción de los mismos en el mencionado territorio. También se cerciorarán de que el personal presente en los puestos fronterizos esté plenamente informado de esta normativa y sea capaz de aplicarla”.

Consideran que la información sobre reintroducción de animales en el territorio nacional no está clara ni para los responsables legales de los animales ni para los profesionales veterinarios, y que su aplicación en los puestos fronterizos es arbitraria. Las consecuencias de esta desinformación y de este descontrol las pagan los animales: algunos, con su propia vida, pues han sido sacrificados en la frontera (es decir, los han matado); otros, como Pirata, obligados a estar aislados en condiciones deplorables. Y las pagan los ciudadanos: “No informar de los requisitos para la reintroducción de animales, como marca el art. 11 del Reglamento 998/2003, puede tener unos daños imprevisibles para los ciudadanos, que además podrían reclamar a la Administración dentro de su responsabilidad patrimonial”.

Y, visto lo visto en el ‘caso Pirata’, van más allá, al preguntarse si no existe algún interés lucrativo en esa irregular cadena: “Entendemos necesario aclarar el motivo por el que no se está informando en salida a los ciudadanos, ya que eso sólo beneficia a las empresas de aislamiento que pueden lucrarse a costa de los animales”.

¿Se lucra alguien interceptando animales en el PIF de Algeciras? ¿Se lucra alguien en los centros de aislamiento en los que confinan a los animales? ¿Se ha lucrado alguien con la cuarentena de Pirata y de otros perros en su situación? El proceso que han iniciado ‘Defensa Ciudadana Activa’, Pacma y ‘Tierra Nueva Ley Animal’ tiene como objetivo responder a estas preguntas e impulsar un protocolo de información del que dispongan todas las partes implicadas, con el fin de erradicar los abusos que favorece la falta de control.

De hecho, Pacma señala que el circuito que seguía el PIF de Algeciras parece haber sido desactivado tras salir a la luz sus irregularidades con el ‘caso Pirata’, y alerta de que, si esto es así, es decir, si han desaparecido los centros de aislamiento, las únicas opciones que quedan en este momento serían el retorno al país de origen (en el caso de Pirata, Marruecos) o el referido ‘sacrificio’.

Gracias a la lucha incansable de sus familias, Pirata y Cloe ya están a salvo y cerca de los suyos. Pero, ¿qué habrá sido y será de otras Piratas, de otras Cloes? ¿Cuántos animales han sufrido ese cruel, injusto 'secuestro'? ¿Cuántos no han sobrevivido?