Sobre la privatización de protectoras en la Comunidad de Madrid: “No es ético ganar dinero a costa de animales maltratados y abandonados”

A finales de 2025, se adjudicó en Torrejón de Ardoz un contrato de licitación que estipula que, desde abril de 2026, el Centro de Protección Animal (CPA) pasaría de ser gestionado por la ONG Hoope a estar a cargo de Arat Veterinarios Torrelodones S. L. En la actualidad, esta entidad se encuentra al frente de casi veinte protectoras en la Comunidad de Madrid. El caso de Torrejón ha sido especialmente mediático, después de que Hoope advirtiera públicamente del peligro que, a su entender, supone dejar en manos de una empresa un servicio municipal para el bienestar animal.

Para Jorge Martínez, actual miembro de la junta directiva de Hoope, la disonancia está clara: “Hay grandes empresas sacando beneficio. La protección animal no es una cuestión de dinero, sino de ética y dignidad; y no es ético ganar dinero a costa de animales maltratados y abandonados”.

Una persona conocedora de esta labor en otra de las localidades madrileñas gestionadas por Arat, que no quiere revelar su identidad, expresa su recelo ante el modo en que se produjo la adjudicación: “Algunos aspectos de la propuesta parecían ajustarse de forma muy precisa a los criterios de valoración, lo que generaba la sensación de que conocían bien cómo optimizar la puntuación. Parecía que Arat entendía con demasiada precisión qué temas iban a ser decisivos. Casi como si tuvieran a alguien ‘dentro del Ayuntamiento’. Curiosamente, esta situación se está dando en varios municipios gobernados por el PP”. En lo que llevamos de 2026, los CPA de Torrejón de Ardoz, Móstoles, Fuente el Saz del Jarama, Sevilla la Nueva, San Agustín de Guadalix, Torrelodones, Collado Villalba y Guadarrama han pasado a ser responsabilidad de Arat. El de San Martín de Valdeiglesias lo hizo en 2025.

El testigo, que durante un tiempo asistió de cerca a cómo se adjudicó y prestó el servicio, señala que “había (y hay) una extrema connivencia entre el técnico municipal responsable del contrato y Arat. Los técnicos son los encargados de velar por el cumplimiento del contrato. La conformidad parece producirse de forma automática, sin supervisión real. Sin hacer visitas al CPA. Sin repasar qué acciones se han llevado a cabo y cuáles han faltado.”

Otra persona, que trabajó como voluntaria en la protectora de una tercera localidad, cita algunas de estas supuestas faltas: “La mayoría de animales enfermos del centro no recibían tratamiento veterinario. Un gran número de perros con problemas no salían del chenil (caseta o cubículo cerrado en que se les mantiene) o sólo al patio, llegándose incluso a limpiar con mangueras los cheniles con ellos dentro. Del sábado al mediodía al lunes por la mañana, los animales no salían.” Otros testigos en Brunete, Móstoles y Boadilla del Monte se muestran igualmente indignados por las situaciones que han presenciado.

De esta voz de alarma colectiva surge una duda razonable: ¿es ético dejar a los animales a cargo de entidades con ánimo de lucro? ¿Dónde acaba el bienestar animal y empieza el negocio? Óscar Herrador Aguirre, administrador de Arat con el que ha tenido la oportunidad de hablar El Caballo de Nietzsche, se aferra a la legislación: “Uno de los principales argumentos que se están utilizando es que este tipo de servicios deberían recaer únicamente en asociaciones sin ánimo de lucro. Es una opinión, respetable, pero que consideramos muy discutible, y no es lo que establece la ley. Y, sobre todo, creemos que el debate importante no es la forma jurídica, sino cómo se trabaja y qué resultados se consiguen”.

La fórmula parece ser cada vez más habitual. Un Ayuntamiento –el de Torrejón, gobernado por mayoría por el PP de Alejandro Navarro Prieto– pone en manos de una empresa –el nombre de Arat Veterinarios Torrelodones S.L. se repite– un espacio destinado a rescatar y buscar adopciones. Y lo hace mediante un acuerdo de contratación redactado para la ocasión, sacado a concurso y, finalmente, adjudicado a una S. L. Poco a poco, las asociaciones animalistas se van quedando fuera. Al igual que los hospitales o los comedores escolares, los santuarios de animales no escapan al modelo capitalista, basado en la libre competencia a pesar de que no se trate con mercancías sino con vidas.

Varios testigos denuncian supuestas irregularidades: “Podrían estar produciéndose solapamientos en distintas vías de financiación”

En la conversación mantenida con este medio, el interlocutor que conoce bien la prestación de este servicio alerta sobre supuestas irregularidades: “Podrían estar produciéndose solapamientos en distintas vías de financiación. Por ejemplo, para castración e identificación de perros y gatos. Cobran a los ayuntamientos. Pero es que, luego, solicitan subvenciones autonómicas a la CAM, destinadas a asociaciones por castrar e identificar. Y, después, cuando dan a los animales en adopción, vuelven a cobrar a los adoptantes una cantidad en concepto de las atenciones veterinarias. Es decir, que a distintas entidades, ayuntamientos, comunidad autónoma y particulares les cobran por lo mismo. Y, como no hay comunicación entre las partes, esto no se detecta. Se llevan ese dinero por triplicado.”

Al ser preguntado por este aspecto, Óscar Herrador Aguirre lo niega: “Nosotros percibimos únicamente los importes establecidos por los ayuntamientos en cada contrato. A su vez, estos pueden recibir ayudas autonómicas, al igual que las asociaciones, que además pueden contar con donaciones y otras fuentes de financiación. En cuanto a los gastos veterinarios asociados a las adopciones —como identificación, vacunación o esterilización—, cuando estos están cubiertos por el Ayuntamiento, no se repercuten en ningún caso al adoptante”.

La fuente anónima va más allá al referirse a la aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno) a las colonias felinas: “Hay personas vulnerables con ‘contratos de voluntariado’ a quienes pagan en B por capturar gatos. Sin contrato real. Sin seguro de responsabilidad civil o de accidentes. El problema de esto es que escogen a personas vulnerables que, por poco que les paguen en B, es un dinero que necesitan; y, por tanto, no se atreven a denunciar, pero tampoco pueden renunciar a la miseria que reciben por ser personas vulnerables”.

Ante esta acusación, Arat responde: “No tenemos constancia de lo que se menciona. Si existe alguna información concreta, estaremos encantados de revisarla. Lo que sí hacemos habitualmente es colaborar con personas implicadas en el cuidado de colonias, facilitando atención veterinaria o condiciones favorables, algo habitual en este ámbito”.

La argumentación de la empresa difiere de lo que cuenta el testigo: “Para ganar más puntos en las licitaciones, Arat dice que pone a disposición del Ayuntamiento capturadores para practicar el CER. Lo cierto es que, en ese listado, ponen los nombres de sus trabajadores y familiares de los dueños de Arat, pero luego estos no capturan: delegan esa labor en las voluntarias de cada municipio, en contra de lo que en un principio prometían en su oferta para obtener la adjudicación”. Además, en relación con las casas de acogida, asegura que “dicen que tienen, pero la realidad es que no: no cuentan con las casas de acogida que aseguran tener para ganar los contratos (dicen un número, por ejemplo, veinte; se llevan los puntos de la licitación, nadie comprueba que esas casas de acogida realmente existan, ganan el contrato y no se supervisa que sea real)”.

“Conforme pasa el tiempo y te vas involucrando, te das cuenta de todas las negligencias”

Nuestra fuente denuncia que “hay perros que llevan años en la protectora. En algunos casos, más de diez. Aunque se escudan en decir que son animales adultos y que nadie los quiere, lo cierto es que no publican sus historias, no se esfuerzan en buscarles familia o adopción, no les dan una visibilidad especial. Y eso es una forma de maltrato: condenar a los animales a vivir el resto de sus vidas en el CPA, en jaulas, invisibles.”

Esta parte de su testimonio coincide con lo relatado por el ex voluntario: “La empresa no difunde a los animales que se encuentran en busca de casa; lo hacen sólo los voluntarios.” Desde Hoope, resaltan la importancia de la difusión para conseguir adopciones: “En Torrejón se recogen unos 400 animales al año. Todos se adoptan gracias a la difusión en redes sociales: es la clave. Se han adoptado 3.000 desde el cambio de la gestión del Ayuntamiento a asociaciones, hace ya 15 años. Nosotros contamos con un equipo de adopciones y de difusión. Estas empresas no van a destinar el dinero y la energía a eso”.

Con respecto al desempeño del voluntariado, añade: “Conforme pasa el tiempo y te vas involucrando, te das cuenta de todas las negligencias. Quiero indicar que no comparto la forma de trabajo y gestión del centro. Empecé como voluntario sin saber que era llevado por una S.L., como muchas otras personas voluntarias. Acabé con un profundo sentimiento de impotencia, enfado y tristeza por los animales. Aguanté en el centro por mi vínculo con ellos.”

Suspensión cautelar de la licitación de la protectora de Torrejón de Ardoz

Después de que el Ayuntamiento adjudicase la gestión del CPA de Torrejón de Ardoz a Arat Veterinarios Torrelodones S.L., la ONG Hoope, que ha velado por su funcionamiento durante los últimos 12 años, recurrió y logró que se paralizase el expediente temporalmente. El recurso, aceptado el pasado 9 de abril, se interpuso alegando irregularidades e inaccesibilidad a la licitación para las organizaciones sin ánimo de lucro. Como medida cautelar, la adjudicación –que se llevó a cabo en base al PA 28/2026, que recoge en qué condiciones técnicas y económicas ha de prestarse el servicio– quedó suspendida hasta la resolución por parte del Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

Justo este viernes Hoope tuvo conocimiento de la desestimación de ese recurso. Según explicó la ONG, su recurso fue desestimado “principalmente por una cuestión formal” al considerar que, al haberse presentado a la licitación, acepta los pliegos, y que las alegaciones contra su contenido deberían haberse planteado en una fase anterior. Por tanto, precisó Hoope, la resolución “no entra a analizar” el fondo sobre si el modelo planteado es el adecuado y si el presupuesto es suficiente para garantizar el bienestar de los animales. Ahora, entiende que el Ayuntamiento puede seguir adelante con la ejecución del contrato. Hoope va a valorar con sus asesores legales la viabilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que únicamente pararía el proceso en caso de solicitar medidas cautelares y que fueran concedidas.

Antes de este movimiento por parte de Hoope, el PSOE, al frente de la oposición en el Ayuntamiento, propuso una moción que fue desestimada tras un debate en el Pleno. En el texto se pedía la suspensión del contrato PA 28/2026 y la creación de unos nuevos pliegos de condiciones, incluyendo un expediente que financiase el servicio de modo realista y colocase el bienestar animal en el centro. El alcalde de la localidad declaró ante los medios que “no respetar el resultado del concurso público sería ilegal”, motivo por el cual el Ayuntamiento “no podía alterar el desenlace de la licitación”.

¿Disparidad entre presupuestos y realidad? El bienestar animal, en cifras

Según las fuentes consultadas por este diario, una de las claves del problema podrían ofrecerla los números. El presupuesto del contrato PA 28/2026 de Torrejón de Ardoz es de 276.793,39 euros. Una cantidad que, para Jorge Martínez, de Hoope, resultaría del todo “irreal”. El portavoz de la ONG expone que, desde su experiencia, el coste mínimo para garantizar el cuidado de los animales, “si quieres salvarles la vida y no convertir el centro en un matadero”, oscilaría entre los 400.000 y los 500.000 euros.

Explica que, en este momento, todas las donaciones privadas con que se financia la protectora se reinvierten. Según este interlocutor, la cifra ascendería a 100.000 euros al año únicamente para cubrir gastos veterinarios. Asimismo, habla de una supuesta deuda: “No sé si la tendremos que pagar de nuestros bolsillos. Confiamos en la comprensión de las clínicas veterinarias”. Destaca que, dos meses antes de la licitación, pusieron en evidencia ante la opinión pública al Ayuntamiento por impago.

Según los datos aportados, entre 120 y 140 perros dependen de su gestión, además de los que se hallan en acogida y en otros espacios asociados, donde también se cuida de cabras, ovejas, patos o gallinas. Desde el pasado 1 de enero, se han dado en adopción más de 100 perros con el propósito de, en palabras de Jorge Martínez, “salvarlos” del inminente cambio de administradores. También se ha lanzado un crowdfunding para sacar adelante un nuevo santuario y seguir gestionando adopciones, así como difundiendo a quienes buscan casa –una labor crucial para encontrarles un hogar–. 

El representante de Hoope resume así su punto de vista: “Es imposible ganar dinero en el CPA de Torrejón de Ardoz. Por algún lado hay que recortar, y me temo que la nueva empresa va a recortar en aspectos básicos como el veterinario, el tipo de alimentación, las instalaciones o el número de empleados. En otros municipios están sacrificando animales de manera desaforada para sacar beneficio en centros de concentración animal. Esto no tiene cabida y es responsabilidad de los ayuntamientos, las comunidades y el Gobierno estatal.”

Silencio desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Tras contactar con la administración de Torrejón de Ardoz a través del formulario oficial de su página web y no obtener respuesta, hemos llamado varias veces por teléfono al Ayuntamiento, todas ellas, sin éxito. En un comunicado oficial publicado el pasado 18 de marzo en dicha web, el Ayuntamiento se defiende aludiendo a conceptos mercantilistas como la libre competencia y concurrencia en el que, reconoce, se trata sin embargo de un servicio público:

“El Centro de Protección Animal de Torrejón de Ardoz es un servicio público, de titularidad del Ayuntamiento, creado por el actual equipo de Gobierno local, que lo mantiene y lo va a potenciar con el objetivo de garantizar el bienestar animal. Este servicio se presta mediante gestión indirecta, a través de licitación pública. La Ley de Contratos del Sector Público impide que desde el Ayuntamiento se limite la libre competencia y concurrencia, no pudiéndose restringir la licitación sólo a asociaciones”.

¿Quién es Arat Veterinarios Torrelodones S.L., la gestora con pasado taurino de 19 protectoras madrileñas?

Arat Veterinarios Torrelodones S.L. fue constituida como entidad veterinaria hace más de 30 años. Hoy, gestiona los centros de protección animal de 19 municipios madrileños, entre ellos, los de Brunete, Móstoles, Collado Villalba, Torrelodones, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. “En 2017, comenzamos a colaborar con nuestro municipio, Torrelodones, encargándonos de la protección de los animales en base a la ley 4/2016. Lo hicimos inicialmente a través de una asociación sin ánimo de lucro, A.R.A.T. (Asociación de Recogida de Animales de Torrelodones). Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que la realidad del servicio –instalaciones, contratación de personal, atención veterinaria continuada y la responsabilidad que conlleva– requería de una estructura más sólida que garantizara su continuidad y calidad”, expone su portavoz.

Según su visión, se trata de un “servicio profesional” que requiere de “personal cualificado: veterinarios, auxiliares de clínica, cuidadores, educadores y administrativos”. Agrega que “son funciones que no pueden cubrirse únicamente con voluntariado y que deben ser remuneradas de forma acorde. Detrás de este trabajo hay personas y familias que viven de ello, como ocurre en cualquier otro sector. (...) En cuanto al beneficio, como en cualquier actividad profesional, existe un margen que permite sostener la estructura, asumir costes y garantizar la continuidad del servicio en el tiempo. (...) En torno a este tema existe una confusión bastante extendida, especialmente en nuestra profesión: la de pensar que vocación significa trabajar gratis”.

Hay quien piensa distinto. La primera fuente con la que conversamos llama la atención sobre que, a su entender, “desde Arat se está haciendo un lavado de imagen: han cambiado su web en los últimos días y ahora se llaman a sí mismos ‘protectora’. Igualmente, se han querido conformar como ‘asociación’ con el mismo nombre de Arat para poder operar con la entidad que les convenga según la situación y presentarse incluso a ayudas públicas, subvenciones y ferias de adopción. Pero es una maniobra societaria, con una estructura donde la matriz es una empresa con ánimo de lucro. El hecho de querer enmascararlo no responde a una preocupación por el bienestar animal, sino a maximizar fiscalidad y oportunidades de dinero público”.

Arat estuvo vinculada al mundo taurino. En lo referente a este punto, no exento de polémica, Herrador Aguirre expresa que su relación con este sector “ha sido siempre estrictamente profesional, en el ejercicio de nuestra labor como veterinarios, y siempre desde una misma premisa: velar por el bienestar de los animales y por el cumplimiento –y mejora– de la normativa vigente. No hemos formado parte de ese ámbito desde una posición ajena o pasiva, sino precisamente intentando aportar nuestra experiencia para garantizar que se respeten unas condiciones adecuadas para los animales”.

¿Pueden ser ese “bienestar” y esas “condiciones adecuadas para los animales” a los que alude compatibles con la tauromaquia?