FACUA exige soluciones ante las “desproporcionadas” listas de espera en la Sanidad de Cantabria
La organización FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria que aclare los planes que ha puesto o va a poner en marcha para reducir las “desproporcionadas” listas de espera en los centros sanitarios de la comunidad autónoma, así como “los numerosos recortes y otras deficiencias sufridas por los usuarios” en la región.
FACUA ha indicado a través de una nota de prensa que ya se ha dirigido a la Consejería que dirige María Luisa Real (PSOE) a través de un escrito en el que expone su reclamación a instancias de su Delegación Territorial en Cantabria. La organización ha señalado en una nota de prensa que los datos ofrecidos por este departamento reflejan que “la lista de espera del Servicio Cántabro de Salud estaba a finales de 2015 en 9.140 personas y la demora media en 100,75 días, datos muy similares al año anterior”.
En este sentido, FACUA-Consumidores en Acción reclama que se informe “si la Consejería piensa tomar medidas para reducir estas cifras”. Además, también ha interpelado al Gobierno sobre “la exclusión en el nuevo Hospital de Valdecilla de la especialidad de Oftalmología, que implicará que los usuarios de dicho centro se vean obligados a desplazarse a más de 15 kilómetros de Santander para poder ser atendidos por un profesional de esta rama sanitaria.
Para esta entidad, “esta circunstancia es especialmente grave en el caso de las personas con algún grado de discapacidad o dificultad física, que podrían ver mermado el acceso a estos centros y, por lo tanto, sus derechos a una asistencia que debería estar garantizada por las autoridades sanitarias”.
Así, FACUA recuerda que el artículo 22.1 de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre) recoge que “las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas”.