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El Gobierno de Cantabria busca un inmueble para albergar un centro de acogimiento a víctimas de violencia sexual

Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual en Santander.

Javier Fernández Rubio

Santander —

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El Gobierno de Cantabria está a la búsqueda de un inmueble que comprar y en el que ubicar un Centro de Acogimiento de Emergencia para víctimas de violencia sexual. Esta es una de las medidas financiadas con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con los que el Ejecutivo autonómico podrá adquirir en propiedad un inmueble que será complementario del Centro de Crisis 24 Horas que ya tiene operativo en Santander.

El Ejecutivo acaba de licitar la compra del edificio para lo cual requiere de un inmueble de unos 200 metros cuadrados útiles, como mínimo, con dependencias comunes y siete habitaciones. Está dispuesto a pagar por él hasta 400.000 euros.

Fue la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del 'solo sí es sí', la que mandata la creación de una red nacional de atención a la violencia sexual similar a la que existe para la violencia de género.

Cantabria ya dispone de un centro de crisis, en la calle Las Marzas de Santander, en donde se prestan servicios de atención psicológica, jurídica y social, así como acompañamiento y la información telefónica y presencial las 24 horas del día todos los días del año. Faltaba un centro habitacional para complementarlo, en donde alojar a las víctimas, y este es el que ahora se busca, con cargo a los fondos europeos destinados a financiar la creación de Servicios de Atención Integral 24 Horas a víctimas de violencia sexual.

La licitación publicada en el Boletín Oficial de Cantabria establece una serie de condiciones geográficas de ubicación que condicionan que el futuro centro de crisis esté en Santander o en un radio de acción máximo de 45 kilómetros: tiene que estar próximo al centro de crisis, con un centro sanitario público y colegio en las inmediaciones, así como disponer de una parada de autobús o tren a menos de tres kilómetros de distancia.

El inmueble deberá tener una superficie útil mínima de 200 metros cuadrados, calefacción, agua caliente, espacios comunes (sala de estar/comedor, tres baños/aseos y una cocina) y al menos siete espacios privados con ventana o balcón al exterior, susceptibles de ser utilizadas como dormitorios, con una superficie mínima de 10 metros cuadrados cada uno.

En la exposición de motivos que hace el Gobierno, este justifica la compra en que la agresión sexual puede haberse producido en la vivienda de la víctima, ya sea el agresor la propia pareja o terceras personas, “y el regreso a su domicilio le pone en situación de revivir el trauma”. También tiene en cuenta, en el caso de que la agresión no se haya producido en el propio domicilio, que “la víctima puede experimentar la necesidad subjetiva de marcar distancias, no solo con la vivienda, sino con la zona urbana o la localidad en que haya tenido lugar la agresión”.

El centro proporcionará manutención a las víctimas y apoyo del personal técnico que permanecerá en la casa las 24 horas de todos los días del año. Allí, las víctimas “pueden coincidir con otras personas que hayan atravesado experiencias similares y compartir con ellas las maneras en que las han ido afrontando”. En definitiva -concluye el Gobierno de Cantabria-, con este recurso “se busca ofrecer a las víctimas un entorno acogedor en el que encuentren las condiciones más adecuadas para facilitar la recuperación necesaria de la situación de violencia antes de reintegrarse a su domicilio y a su rutina habitual”.

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