El Ayuntamiento de Santander desiste de reclamar daños por la anulación del PGOU

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha acordado el desistimiento en los procedimientos ordinarios de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por daños patrimoniales por anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012.

Este punto ha contado con los votos a favor del equipo de Gobierno PP-Cs, que consideran que desistir es la solución “menos lesiva” para el Ayuntamiento y que así se puede evitar una posible reiteración de sentencias, ha explicado el concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Cs).

Sin embargo, el acuerdo aprobado incluye ratificar que sigan su marcha los procesos iniciados ante la Audiencia Nacional.

Esta segunda parte del acuerdo es la que ha llevado a que el resto de grupos se hayan abstenido en la votación --a excepción de Vox que quería mantener vivo el proceso y se ha pronunciado en contra-- porque estaban de acuerdo en desistir pero de todos los procesos para evitar una actitud “frentista” frente a otras administraciones.

Según los socialistas, el Ayuntamiento tendrá que pagar 155.560 euros al Gobierno de Cantabria y al Ministerio de Medio Ambiente tras desistir del recurso por consejo de los Servicios Jurídicos Municipales, con lo que, según sus estimaciones, el coste de la anulación es de más de 13 millones.

También se ha aprobado la corrección del anexo al acuerdo de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sobre la posibilidad y/o condiciones de implantación de gasolineras.

Según ha explicado Ceruti, se trata de una modificación de la suspensión de licencias de una gasolinera que se aprobó el pasado julio y que viene a enmendar un error a la hora de trasladar al Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el mapa de las zonas consideradas residenciales en Santander y que afecta a la solicitud de una licencia para una gasolinera sin personal en la calle Tomás y Valiente de Nueva Montaña.

En concreto, se omitió en el mapa considerar esta zona de Nueva Montaña como residencial.

Ceruti ha reconocido que “ha habido un error absoluto por escasez de personal”, ha negado que él haya manipulado nada, como ha insinuado el PSOE, y ha asegurado que no habrá gasolineras que se beneficien de este error. También ha dicho que no generará más responsabilidad económica que la del pago del proyecto ya iniciado.

Finalmente, el Pleno ha rechazado una moción presentada por el Grupo Socialista para revocar la delegación en la Junta de Gobierno Local de aprobación de las ordenanzas fiscales de precios públicos.

Mientras los socialistas y UxS han apelado a la transparencia que aporta un pleno para defender esta iniciativa, Ceruti ha asegurado que no afecta a la misma porque los precios son públicos, además de que es más ágil aprobarlos en Junta de Gobierno.

La iniciativa no ha prosperado por los votos en contra de PP, Cs y Vox, frente al apoyo de socialistas, regionalistas y UxS.