Castro vuelve a rechazar la recalificación del suelo del convenio con Anchoas Lolín en la repetición plenaria por orden judicial

Justo tres meses después de que el Ayuntamiento de Castro Urdiales tumbara el último trámite del convenio con Conservas Lolín, este lunes ha tenido lugar la repetición de aquel Pleno, esta vez por orden judicial, con mismo resultado que entonces.

A pesar de que el juez Luis Acayro Sánchez advirtió en su auto de responsabilidades penales para los ediles que no votaran a favor de la modificación puntual del PGOU que permite la recalificación del suelo de la fábrica de anchoas propiedad del secretario general y portavoz municipal del PRC, Jesús Gutiérrez, los concejales de PSOE, Cs y PP se han abstenido volviendo a rechazar así la aprobación de este polémico convenio urbanístico. 

Y es que el cambio de uso del suelo de industrial a comercial donde actualmente se ubica la conservera era el trámite necesario para poder situar un centro comercial en ese emplazamiento tras el traslado de la fábrica del núcleo urbano a las afueras, al polígono de Vallegón, tal y como contempla el acuerdo aprobado la pasada legislatura entre CastroVerde y PRC. 

Así pues, en un marco de estado de alarma por la crisis del coronavirus, Castro ha escrito un nuevo capítulo de este convenio urbanístico que lleva años generando controversia en el municipio, y que ha tenido al empresario y a su vez portavoz regionalista en el Ayuntamiento en el foco de todas las miradas. 

El Pleno, el primero que se lleva a cabo durante la pandemia, se ha celebrado de manera telemática y en él, la alcaldesa socialista, Susana Herrán, ha anunciado que el Ayuntamiento ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra el auto del juzgado que ha obligado a repetir la sesión, y que ha sido admitido a trámite. 

Según ha explicado la regidora, el recurso señala que el juzgado “no tiene competencia material para pronunciarse sobre recursos contra acuerdos sobre el planeamiento urbanístico, sino que es al TSJC” al que le corresponde. “Los tribunales tienen una función revisora controlando la legalidad de los acuerdos de la administración, pero no pueden sustituir al Ayuntamiento en el planeamiento urbanístico, que admite más de una solución válida”, ha subrayado.

De esta manera, Herrán ha iniciado la sesión recalcando que “el acuerdo adoptado quedará subordinado al pronunciamiento del TSJC sobre el recurso de apelación”. 

Las novedades de este Pleno respecto al anterior, más allá del método telemático empleado, han sido, por un lado, la presencia del grupo popular, que hace tres meses no acudió a la sesión, y el voto en contra del edil de Podemos, que mostrándose contrario al convenio, se ha posicionado a favor de la modificación “contra su libre criterio” por mandato del juez. 

Las argumentaciones de PRC y CastroVerde, ambas formaciones impulsoras de la celebración del Pleno de febrero, han estado sostenidas en el auto del juez Acayro. La portavoz regionalista, Carla Urabayen, en sustitución de Jesús Gutiérrez, que ha tenido que volverse a ausentar por ser parte interesada de la causa, ha acusado al equipo de gobierno de PSOE y Cs de poner “excusas torticeras” para no aprobar la modificación, en referencia, entre otras, al riesgo de inundabilidad que advierten la CROTU y los informes de la Confederación Hidrográfica.

Hasta tal punto ha llegado la ofensiva de la edil del PRC que ha insinuado que los ediles “se dejan llevar por un voto impuesto” por la alcaldesa, y que serán ellos, de manera individual, los que “deberán responder con su patrimonio personal”, a lo que Herrán ha intervenido para pedir “respeto” a la hora de dirigirse al resto de compañeros y que no se hagan ese tipo de manifestaciones sobre qué ocurrirá si no se vota a favor del punto del debate, puesto que se trata de “interpretaciones personales”. 

Así todo, la edil regionalista ha subrayado que el equipo de gobierno “cree que está por encima de la ley” y que “ha podido incurrir en un grave delito actuando de mala fe con faltas de respeto al poder judicial y a la democracia”. “La única decisión política ajustada a derecho es el voto favorable”, ha sentenciado. 

En la misma línea se ha mostrado Eduardo Amor, de CastroVerde, quien ha argumentado que no existe “intromisión de la justicia” en este asunto, sino que el juez ha intervenido “contra decisiones arbitrarias”, señalando que el voto del equipo de gobierno se hizo “por capricho” y no dentro “de las responsabilidades legales”. 

“Es insólito”

La respuesta a estas acusaciones ha venido por parte del actual edil de Urbanismo y portavoz del grupo socialista, Alejandro Fernández, quien ha subrayado como “insólito” que la voluntad de los concejales pueda “verse anulada por el auto judicial que interfiere en el derecho de los ediles a participar y decidir en los asuntos públicos”, tal y como recoge la Constitución.

Fernández ha resaltado “la coherencia” de su grupo, cuyo sentido del voto ha sido el de la abstención en todo este proceso y ha expresado que el expediente “se ha tramitado de forma diligente”, pero que “no está preparado para una aprobación definitiva” por las posibles “responsabilidades” que pudiera acarrear hacerlo para el Ayuntamiento.

Asimismo, tras señalar que el gerente de la empresa “no ha cumplido con el convenio, puesto que no ha acreditado que disponga de una parcela ni de los recursos necesarios”, Fernández ha afirmado que se debería haber redactado un Plan especial para todas las empresas de la zona, puesto que así se da “un trato especial y preferente a un empresario respecto a otros en una situación similar”.

Por su parte, la portavoz del PP, Ana Urrestarazu, ha resaltado que con este convenio el Ayuntamiento “está siendo generoso” ya que, en la línea de lo que ha señalado el portavoz socialista, “la empresa ni ha acreditado la compra de la parcela ni que tiene la solvencia económica para construir y poner en marcha la conservera”. “Lo que hay más bien es, por las declaraciones del gerente de la fábrica, una insolvencia”, ha dicho, haciendo énfasis en que el compromiso del Ayuntamiento es el de “tramitar a la mayor diligencia” la modificación del PGOU si la fábrica acredita esa solvencia. 

Al mismo tiempo, Urrestarazu ha ahondado en “las dudas” que todavía tienen los representantes políticos puesto que los técnicos todavía no las han resuelto, en referencia a la inundabilidad mencionada anteriormente. “Los informes siembran dudas y nadie a día de hoy ha sabido despejarlas absolutamente para dar tranquilidad a los que tenemos que emitir el voto”, ha remarcado. Y también se ha mostrado partidaria de una planificación general para “solucionar los problemas individuales y el interés general”.

En lo que respecta a la postura de Ciudadanos, el otro grupo integrante del equipo de gobierno, su portavoz, José Mari Liendo, ha afirmado que Anchoas Lolín “ha tratado de coartar el libre derecho el voto de los ediles y no ha avanzado en solventar las dudas que se suscitaron en el pasado pleno”. Así todo, no se ha mostrado en contra del proyecto, pero sí ha manifestado que en él se deberían haber incluido a otras empresas de la zona.

Llegado a este punto, la sorpresa ha llegado por parte del único edil de Podemos, Alberto Martínez, quien votó en contra en febrero y que ahora ha decidido votar a favor “tapándose la nariz”. “Hoy me tengo que tragar el inmenso y nauseabundo sapo”, ha dicho, refiriéndose a la actuación de PRC y CV, quienes, a su juicio, “priman el interés privado respecto al público”.