IU denuncia un recorte de los servicios sociales del 7,7% en Cantabria

Izquierda Unida de Cantabria ha advertido del “deterioro continuado” del sistema de servicios sociales dado que las administraciones públicas de Cantabria han recortado un 7,7% sus presupuestos en servicios sociales entre 2011 y 2016.

La coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, se ha hecho eco así del informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (ADGSS), 'Valoración del desarrollo de los Servicios Sociales por Comunidades Autónomas', que califica como “débil” los servicios sociales en Cantabria, con un índice DEC (Derechos/Economía/Cobertura) en el 2017 de 4,60, frente al 6,60 de 2013.

Los tres indicadores de relevancia económica contemplados en el índice se encuentran muy por debajo del nivel de 2011 y “decisiones políticas como la reducción de plazas y el traslado de residentes del centro de atención a la dependencia de Sierrallana, de titularidad pública, a un ente privado, van en sentido contrario a las recomendaciones”, ha señalado la líder de IU.

En dicho informe se destaca la disminución de la relevancia económica, donde, además de constatarse el 7,7% de recorte en los presupuestos, también se ha reducido el porcentaje que supone la inversión de las administraciones públicas en servicios sociales sobre el PIB regional (2,55% en 2011, 1,86% en 2016) y el que representa la inversión de las administraciones públicas en servicios sociales sobre su presupuesto total (9,69% en 2011, 9,69% en 2016).

En materia de derechos y decisión política, Cantabria sigue mostrando un nivel muy bajo de desarrollo dado que “sigue sin aprobar un catálogo o cartera que concrete los derechos que la ley enuncia, así como un plan o mapa de cobertura”.

Tampoco existe una “eficiente y eficaz integración de su sistema de atención a la dependencia”, dado que Cantabria es una de las comunidades con mayor gasto en servicios sociales pero no alcanza los niveles de provisión de centros y servicios logrados por otras regiones con menor gasto, siendo su ratio cobertura/gasto es 0,52, el tercer peor valor del país.

Respecto a la cobertura específica de prestaciones y servicios, Cantabria cuenta con un profesional por cada 4.249 habitantes, mientras que en el conjunto del Estado la media es de uno por cada 2.436. Además, el servicio de teleasistencia domiciliaria cuenta con una cobertura del 5,64% frente al 8,89% de media estatal “y es muy deficitaria su cobertura de plazas residenciales para personas sin hogar, con 22,34 plazas por 100.000 habitantes, cuando la media estatal se sitúa en 38,77”.

Ante estos datos, Martínez ha instado al Gobierno autonómico a que “haga caso de las recomendaciones de los profesionales y no mire para otro lado como ha hecho con el informe de la Autoridad Fiscal (AIREF) relativo a la gestión de las empresas públicas”.

Martínez comparte la necesidad recogida en el informe de “recuperar la inversión de sus administraciones públicas, al menos, hasta el nivel que tenían en 2011, lo que supondría disponer de 18 millones de euros anuales más para los servicios sociales”. “Esperamos que no nos diga Revilla que no hay dinero pues lo que no hay es un uso eficiente del mismo, como ha constatado la AIReF”, han denunciado desde IU.

Y han instado al Ejecutivo autonómico para que desarrolle la Ley de Servicios Sociales de Cantabria, ya que aún no ha elaborado su catálogo ni el plan estratégico de Servicios Sociales, tal y como se recomienda en el informe de la ADGSS.

Martínez ha asegurado que las deficiencias en esta materia “son palpables” y como ejemplo se ha remitido a la reciente sentencia condenatoria al Ayuntamiento de Riotuerto “por un grave error de gestión”. El Consistorio no presta servicio de ayuda a domicilio desde marzo de 2017 a ninguno de los 16 usuarios que lo necesitan, mientras las cinco trabajadoras han estado sin cobrar desde noviembre de 2016 hasta diciembre de 2017.

También ha citado al Ayuntamiento de Piélagos, considerado por la ADGSS como “pobre” en Servicios Sociales, o los de Camargo y Santander, calificados como “precarios”.

“El problema es estructural y por ello es necesaria una mayor integración de la atención a la dependencia en el sistema de Servicios Sociales, apoyando a las entidades locales, los organismo más cercanos a la ciudadanía”, ha defendido Martínez. “Es imprescindible aumentar las plazas residenciales para personas sin hogar y reforzar y ampliar las plantillas de trabajadores desde lo público, donde el servicio es más eficiente”, ha sostenido.