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Podemos reclama al Gobierno que elimine la limitación temporal para percibir las ayudas al alquiler

José Ramón Blanco, diputado de Podemos Cantabria. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Rubén Alonso

Podemos registra en el Parlamento una proposición no de ley (PNL) en la que reclama al Gobierno de Cantabria que elimine la limitación temporal para percibir las ayudas al alquiler, recogidas en el nuevo decreto presentado recientemente por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. En el texto se recoge el derecho a volver recibir la ayuda a quienes la hubiesen solicitado por primera vez en los años 2017 o 2016, excluyendo a los que lo hubieran hecho en años anteriores.

Para Podemos, esta medida “desvirtúa la razón de ser de este decreto” puesto que, según ha manifestado en rueda de prensa su diputado, José Ramón Blanco, “excluye a las familias” que solicitaron anteriormente la citada ayuda y que “todavía se encuentran en situación de vulnerabilidad”. Se trata de familias, según ha detallado, que entregaron sus viviendas en dación en pago durante los años 2011 y 2012, que recibieron el subsidio los años posteriores, pero que “continúan con unas deudas que son prácticamente impagables”.

Como consecuencia de ello, Blanco ha lamentado que con esta medida “quienes de verdad necesitan una ayuda para pagar el alquiler no van a poder acceder a ella”, y ha recordado la cantidad de desahucios que se produjeron en Cantabria durante los años 2010, 2011 y 2012, “la época más dura” en este aspecto.

“Si ya el año pasado se quedaron fuera más de 1.800 familias que la necesitaban, esta cifra va a seguir aumentando hasta que la población que pueda acceder a ella sea totalmente residual y esporádica”, ha subrayado esta formación. Blanco ha insistido en que el decreto “es una chapuza” que está pensado para “beneficiar a las arcas públicas y no a las personas”, y ha asegurado que si el consejero “rectifica” antes del próximo pleno retirarán la PNL.

“Tenemos más de 2.000 familias en Cantabria que necesitan esta ayuda y el Gobierno las está dejando fuera”, ha denunciado el diputado morado, al tiempo que ha destacado que ni ellos, ni los colectivos que están luchando por el derecho a la vivienda no entenderían que Revilla “se pusiera la camiseta de 'Stop desahucios' hace apenas tres meses y deje de lado a familias que pueden acabar desahuciadas por su incompetencia”.

Finalemente, ha señalado que económicamente es posible hacer frente a este subsidio puesto que se trata de una cantidad presupuestaria muy pequeña (4,6 millones de euros) en comparación con otras para “proyectos megalómanos de los que se está hablando actualmente como el de La Pasiega o el Superpuerto de San Vicente de la Barquera”.

La supresión del límite de tiempo para colectivos especiales es la principal novedad de este decreto, tal y como señaló el consejero, José María Mazón. Este colectivo incluye a familias monoparentales con hijos menores de edad, víctimas de violencia de género o terrorismo, unidades de convivencia que hayan sufrido ejecución hipotecaria o que hayan dado su vivienda en pago de la deuda dentro de los cinco años anteriores a la aprobación del decreto, situaciones catastróficas o de pérdida total de la vivienda o quienes se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones correspondientes a tal situación.

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