Torrelavega estudia cómo recuperar su capacidad de crear plazas de aparcamiento gratuitas

En Torrelavega hay un coche por cada dos habitantes aproximadamente. Concretamente, 32.000; y, como ya es general en todas las ciudades, aparcar en sus calles se ha convertido en una odisea dado que no hay espacio ni rotación de vehículos. Quien aparca en Torrelavega no mueve el coche salvo en caso de necesidad imperiosa.

Junto con la pérdida de población y la falta de suelo industrial, el colapso de la movilidad es uno de los principales problemas a solventar esta legislatura. Esto último se encuentra, paradójicamente, con un obstáculo que se puso a sí mismo el Consistorio: el artículo 11.2 del contrato para la concesión del parking subterráneo de La Llama, un acuerdo que adoptó el Ayuntamiento aceptando hipotecar su política de aparcamiento público a futuro como garantía para mantener el 'equilibrio financiero' del concesionario (SIEC).

El artículo es ahora una espada de Damocles que cae sobre el Ayuntamiento en cuanto crea una plaza pública. La última sentencia trascendió en plena campaña electoral y le costará al erario torrelaveguense 405.000 euros. Todo en virtud del citado artículo que es como una soga al cuello que el Consistorio no sabe bien cómo quitarse ahora.

El artículo 11.2 del contrato firmado entre el concesionario y el Ayuntamiento dice lo siguiente: “La administración no ejecutará obras ni otorgará autorizaciones o concesiones en el espacio urbano que impidan, restrinjan o perjudiquen el estacionamiento subterráneo o su explotación”.

En la práctica, esto supone que el Ayuntamiento renuncia a cualquier política de movilidad que afecte al aparcamiento público y gratuito en el municipio. Cualquier iniciativa que se desarrolle al respecto, como ya ha ocurrido, llevará aparejada una compensación económica a la concesionaria del aparcamiento de La Llama, vía sentencia judicial.

El equipo de gobierno actual en Torrelavega lo integran los mismos socios que en la anterior legislatura, aunque con los papeles cambiados. La Alcaldía que ostenta Javier López Estrada está en manos del PRC y el socio de coalición es ahora el socialista. Ya en los estertores de la legislatura anterior ambos partidos barajaron públicamente la hipótesis de renegociar el acuerdo draconiano o directamente acudir al rescate. La pelota quedó en el tejado de la nueva Corporación, que se ha constituido con los mismos socios políticos, pero que aún no se ha pronunciado al respecto.

En mayo, en una comparecencia pública a raíz de la última sentencia condenatoria, PRC y PSOE negaban la mayor -ni se habían generado plazas nuevas ni SIEC vería amenazado su negocio-, pero, aunque los tribunales digan lo contrario, acto seguido, y a expensas de un posible recurso al fallo, ambos portavoces, Javier López Estrada y José Manuel Cruz Viadero, ya barajaban la necesidad de llegar a un acuerdo o acudir directamente al rescate de la concesión ya que, según dijeron, “no podemos asumir que una ciudad no pueda desarrollar programas de movilidad”.

“Independientemente del pronunciamiento de los tribunales hay que llegar a acuerdos y, si no hay posibilidad de acuerdo, acudir al rescate de la concesión”, aseguró José Manuel Cruz Viadero, quien en mayo dejó la decisión al actual equipo de gobierno, que es el mismo que el anterior pero sin él como alcalde.

El parking de La Llama es de dos plantas y tiene una capacidad para 555 vehículos. Se inauguró en 2005, corriendo SIEC con todos los gastos de construcción, así como de la urbanización de la plaza en superficie. En total, 9,6 millones de euros, a cambio de un canon anual durante 50 años, y de la renuncia por parte de la Corporación de crear nuevas plazas.

Vendrán más

La adopción de una orientación de futuro es necesaria, máxime cuando los programas electorales de PRC y PSOE se incluían la creación de parkings disuasorios de carácter público y gratuito en los principales puntos de acceso a la ciudad, así como otras medidas como la progresiva implantación de una regulación temporal del estacionamiento en superficie en algunas calles del casco urbano.

Y la decisión urge porque el equipo de gobierno quiere tenerlo todo preparado para licitar en septiembre el primer parking disuasorio en altura, en La Inmobiliaria. Estas semanas se definirán sus características, ya que este espacio pudiera compartirse con otros usos, pero la previsión inicial es invertir 1,6 millones de euros para dotar de 400 plazas gratuitas a ese área, lo que generará previsiblemente un nuevo conflicto con SIEC, que hará valer el artículo 11.2 para reclamar una compensación.

El parking en altura será el primero de otros muchos planeados. Hay anunciado otro parking disuasorio de 600 plazas junto al Mercado Nacional de Ganados y hay previsión de habilitar cuatro parkings disuasorios más, de tamaño reducido -un centenar de plazas aproximadamente-, en los puntos de intersección con la autovía y acceso a la ciudad: estarían en Barreda, Sierrapando, Tanos y Torres.

El Plan de Gobernanza que PRC y PSOE están elaborando para esta legislatura agrupa Urbanismo y Movilidad, bajo los cuales se gestionará la aprobación de dos documentos fundamentales, el Plan General y el Plan de Movilidad.

La política de movilidad ha sido adoptada como una prioridad del equipo de gobierno y más concretamente del alcalde, López Estrada. El concejal responsable es Gerson Lizari (PRC), el cual tendrá que poner en pie una mejora ostensible del transporte público comarcal, potenciando el Torrebús, crear aparcamientos disuasorios y subterráneos (hay una previsión para construir dos: uno entre la Plaza Baldomero Iglesias y El Zapatón; y otro bajo el actual parking de superficie junto a la estación de FEVE), regular el aparcamiento en superficie y desarrollar un proyecto de vehículos municipales compartidos.

El calvario de los aparcamientos

Santander tiene más experiencia que Torrelavega con parkings subterráneos privados que le han generado problemas económicos a la larga. Sobre todo en dos casos recientes y muy significativos.

El aparcamiento construido por Sadisa sobre el falso túnel del Distribuidor de la Marga fue una ruina tanto para el concesionario, por la falta de demanda, como para el Ayuntamiento, que aprobó la concesión por un canon de cero euros. Una demanda del concesionario contra el Ayuntamiento reclamando una indemnización no prosperó. El del parking de Mendicouague resultó ser otro fiasco, con el añadido de la movilización vecinal que lo precedió y el cierre que siguió tras estar abierto y sin demanda.

Estas concesiones no impidieron que el Consistorio santanderino desarrollara su propia política de aparcamiento público y gratuito. De hecho, ha abierto dos en los últimos años: el 'provisional' sobre el antiguo solar de la Prisión Provincial en la calle Alta y, en la misma calle, el que ocupa el solar de Tabacalera, frente a la sede del Parlamento de Cantabria y junto al antiguo convento de Las Clarisas. La diferencia entre Santander y Torrelavega es que en la capital nunca hipotecó su capacidad de hacer política de movilidad.