La senda costera de Santander, crónica de un fracaso mortal: un proyecto fallido y abandonado en un limbo administrativo
La ciudad de Santander mira al sur, a una plácida bahía, de espaldas a los escarpados acantilados de la costa norte donde el mar abierto choca con furia contra las rocas. Un terreno descarnado y sin urbanizar sobre el que, sin informar a los vecinos, se proyectó una senda peatonal de unos diez kilómetros en la primavera de 2014, que unía el faro de Cabo Mayor y la playa de la Virgen del Mar. Era la única zona sin explotar de la ciudad, que el Ayuntamiento del entonces alcalde Íñigo de la Serna (PP) proyectaba urbanizar con un campo de golf –en una zona protegida entre la playa de El Bocal y el Panteón del Inglés–, diversas instalaciones deportivas y miles de viviendas.
La urbanización de la senda costera, con plataformas y pasarelas de madera por el antiguo camino peatonal, fue la primera piedra, un proyecto en paralelo al fracasado Parque Litoral del Norte para urbanizar cuatro millones de metros cuadrados en una zona de enorme riqueza natural y que abarca el 12% de la superficie total del municipio. Un caramelo urbanístico que se esfumó cuando el Tribunal Supremo anuló el plan de urbanismo de Santander en 2016.
Los vecinos de la zona, que posteriormente constituyeron la Asamblea en Defensa de la Senda Costera, dicen que el proyecto de intervención fue aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Santander en el año 2002. 12 años antes de comenzar a ejecutarse. De hecho, en 2004 fueron Gonzalo Piñeiro e Íñigo de la Serna –alcalde y concejal de Medio Ambiente en esa época, respectivamente– firmaron el compromiso oficial de hacerse cargo del mantenimiento de la senda cuando finalizasen las obras.
Aquel proyecto lo recuperaron años después, en la legislatura 2011-2015, cuando vieron la oportunidad de rentabilizar turísticamente la zona. Fue entonces cuando empezaron a gestionar las expropiaciones, que costaron 400.000 euros, para llevarlo a cabo en un momento en el que el PP copaba todas las instituciones implicadas: Gobierno de España, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Santander. La Demarcación de Costas, dependiente del Estado, y el propio Consistorio iniciaron su construcción para “poner en valor un elemento turístico de primer orden”, dijo durante la presentación del proyecto el entonces alcalde, Íñigo de la Serna.
Sin embargo, aquella senda no fue tal. En su lugar se optó por un camino artificial de maderas flanqueado por kilómetros de vallas que impedían incluso ver el mar en algunos puntos. El paraje natural se vio invadido por maquinaria pesada, se removió tierra y se pisotearon formaciones geológicas que quedaron destruidas por una pasarela artificial kilométrica, pese a que el director de la Demarcación de Costas, José Antonio Osorio, prometió una intervención “mínima”.
Unos meses después, en otoño de 2014, Costas y el Ayuntamiento de Santander accedieron a regañadientes a paralizar las obras, adjudicadas por 980.000 euros a la constructora Dragados, tras una intensa movilización ciudadana a la que se sumaron grupos ecologistas y partidos políticos. Los vecinos constituyeron la Asamblea en Defensa de la Senda Costera porque consideraban que era una intervención “muy agresiva” con el medio ambiente, ya que la idea inicial era cercar tres kilómetros de acantilados.
Paralización de las obras
El anuncio resultó no ser cierto. Al día siguiente siguieron las obras y algunos vecinos, en señal de protesta, se tumbaron delante de las máquinas para impedir su avance. Al final, las obras se detuvieron, pero la senda quedó a medio gas y el tiempo fue ahondando en el abandono y el deterioro. Antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2015 se retiró parte del vallado, manteniendo tan solo “puntos conflictivos” del trazado para mantener supuestamente las “condiciones de seguridad” de los peatones.
El coste de la fracasada senda supuso finalmente un gasto de 635.000 euros de dinero público, el 65% del presupuesto inicial del proyecto, que se adjudicó en 978.600 euros. El Ministerio de Medio Ambiente pagó a la empresa Dragados 592.000 euros en certificaciones ordinarias por las obras hechas antes de la paralización y otros 43.000 euros por la liquidación del contrato.
La cuestión que sobrevuela ahora es de quién es la responsabilidad de mantener esta estructura abandonada a su suerte desde entonces. El Ayuntamiento de Santander impulsó el proyecto a nivel político. El acuerdo fue que Costas se hacía cargo de la obra –al ser terrenos de su competencia– y que el municipio se responsabilizaría de su mantenimiento y reparación. “Una vez finalizada la obra”, precisa el acuerdo. El problema es que nunca se terminó. Se interrumpió de forma abrupta por la polémica que levantó entre los vecinos y la cercanía de las elecciones. De tal manera que se abandonó a su suerte sin terminarse.
Dejadez de las administraciones
Varios años después, en febrero de 2017, se publicó el proyecto definitivo, ligeramente más amable con la naturaleza, para poder reanudar las polémicas obras con un presupuesto de 400.000 euros. El Ministerio de Medio Ambiente rechazó la mayoría de las alegaciones de los vecinos, pero aceptó retirar la valla en casi todo el recorrido salvo en tres tramos concretos donde, por motivos de seguridad, mantuvo tres pasarelas: junto al Puente del Diablo, otra sobre las conducciones del Instituto Oceanográfico y la última sobre una grieta en las cercanías de la playa de El Bocal. La que este pasado martes ha resultado mortal para los cinco jóvenes fallecidos.
En 2019, el entonces portavoz de Unidas por Santander, Miguel Saro, pidió al Ayuntamiento que exigiese a la Demarcación de Costas y al Ministerio de Transición Ecológica que limpiase y retirase el material abandonado tras la interrupción de la obra. Pero que, mientras tanto, lo hiciese el propio Ayuntamiento subsidiariamente. Este concejal presentó una moción en el Pleno, aprobada por unanimidad, y el Ayuntamiento de Santander se comprometió de esa manera a retirar los restos de la senda costera e iniciar un proceso participativo para redactar un nuevo proyecto. Aquel segundo plan nunca se llegó a ejecutar. Las tres administraciones se miraban de reojo y ninguna dio un paso.
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