El sistema informático de Valdecilla amenaza colapsar por la imprevisión del Gobierno del PP a la hora de firmar el contrato público-privado del hospital

El sistema informático del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander está más colapsado que el ordenador de un adolescente. A los cuatro años de la puesta en servicio del nuevo hospital, en 2012, el sistema informático ya se encontraba al límite, lo que ha obligado en 2020 a afrontar un nuevo gasto de 27 millones de euros para adaptarlo a las necesidades reales de la información sanitaria, una falta de previsión de grandes proporciones si se tiene en cuenta que no ha soportado ni los 10 años mínimos antes de ejecutarse modificaciones, plazo estipulado en el contrato con la empresa privada que se encargó de hacer este centro sanitario y gestionar algunos servicios como el informático.

El contrato público-privado firmado por la entonces Administración del Partido Popular, presidida por Ignacio Diego y con María José Sáenz de Buruaga, actual presidenta del PP y a la sazón consejera de Sanidad, no preveía ni los cambios tecnológicos ni el aumento de la demanda de capacidad, lo que ha llevado a comprometer 27 millones de euros más de dinero público hasta 2034, según un informe interno de Valdecilla consultado por elDiario.es.

Lo firmado no ha aguantado lo que tendría que haber sido previsto hasta 2034. Ahora, la pandemia ha acelerado la ocupación de la capacidad informática de la red que ya quedaba al borde del colapso en 2018, con la necesidad añadida de dar soporte a la receta electrónica y a la alta demanda de comunicaciones desatada por la actual situación sanitaria, incluida la capacidad de diagnóstico por imágenes.

Los informes indican que “la infraestructura inicialmente contratada es muy inferior a las necesidades reales”. El problema ha surgido cuando se ha pretendido modificar el contrato suscrito y ninguna cláusula de este lo permite hasta que no hayan pasado 10 años de vigencia, es decir, hasta 2024. Como la necesidad es perentoria, se ha recurrido a una nueva adjudicación, aprobada por el Gobierno de Cantabria en agosto y que ha recaído en la misma empresa contratista, con el fin de adaptar los equipos a las necesidades reales. Esto costará 27 millones de euros, a razón de dos millones de euros por año, excepto este 2020 en que el gasto previsto será de 600.000 euros y en 2034 en que se afrontará el pago del último cuarto de millón. El calendario de pagos es el siguiente:

A la hora de firmar el contrato, el Gobierno de Ignacio Diego no tuvo en cuenta que entre 2014 y 2034 se producirían “avances en el campo tecnológico y el incremento en las necesidades del cómputo y memoria asociadas a cualquier sistema de información”. Ello supuso “un error fundamental en la redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas”, al no contemplar “una proyección realista o basada en datos de mercado a 10 años” como es habitual en un campo que se modifica tan rápidamente como es el de las tecnologías de la comunicación.

Los gestores sanitarios actuales han tenido que solucionar el problema recurriendo a la Ley de Contratos del Sector Público para realizar la modernización, eso sí, pasando por caja nuevamente. La citada Ley de Contratos contempla que las modificaciones no previstas en los pliegos de condiciones iniciales solo puedan efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna circunstancia como la “inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas”.

Riesgo grave

El 14 de enero de 2014, el Gobierno del PP formalizó el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la realización de una actuación global e integrada en el Hospital Valdecilla con Smart Hospital por importe de 759,2 millones de euros, contrato que incluía el Servicio de Informática. Seis años después, el 6 de mayo de 2020, los informes técnicos son demoledores, con sistemas informáticos prácticamente al 100% de ocupación. 

Los primeros problemas ya se detectaron en 2018. Desde noviembre de ese año se recogen “incidentes especialmente importantes en cuanto a funcionamiento, afectación de usuarios y aplicaciones, ventanas de degradación del servicio, y en distintas localizaciones”. La situación se consideraba grave ya que se corría el riesgo de que se “cayera” el sistema informático sobre el que se basa el trabajo del Servicio Cántabro de Salud, tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada (hospitales).

Uno de las primeras consecuencias ha sido la paralización de la Historia Clínica Electrónica que se quería implantar en centros de salud y consultorios rurales. El objetivo era no saturar más los sistemas. Como indica un informe: “Un fallo simple en esta infraestructura podría hacer caer por tiempo indefinido todos los sistemas de información clínica del SCS, tanto hospitalaria como de Atención Primaria. Además, el principio de prudencia y para no empeorar la situación ha obligado a la paralización del proyecto de migración e implantación de la nueva herramienta de Historia Clínica Electrónica de Atención Primaria del SCS, con el consiguiente perjuicio para el plan de modernización de la Gerencia de Atención Primaria y sus profesionales y usuarios, en definitiva, la ciudadanía de Cantabria”. 

Un fallo simple en esta infraestructura podría hacer caer por tiempo indefinido todos los sistemas de información clínica del SCS, tanto hospitalaria como de Atención Primaria

Sistemas saturados

Las necesidades demandadas al sistema informático no han dejado de crecer. Desde acoger los archivos de la extinta Residencia Cantabria y la Gerencia de Atención Primaria hasta la cada vez mayor atención al paciente usando recursos digitalizados, bien presencialmente, bien a distancia. Cada vez hay más aplicaciones necesarias y se asumen graves riesgos al sobrepasarse el 90% de uso de los recursos disponibles con riesgo de colapso del servicio.

Este es el caso de la que se denomina 'Cabina de almacenamiento HP 3PAR del CPD principal', cuya capacidad en febrero de 2020 rondaba el 90%, “con una tendencia de incremento mensual de entre el 1 y el 2%. En marzo de 2020 tuvo un incremento del 4%, situándose en una ocupación muy crítica del 94%, motivada por la nueva provisión de servicios para dar respuesta a las necesidades urgentes de la COVID-19 y al incremento de las pruebas diagnósticas de imagen” .

Otra función, la de 'backup', está también al límite de su capacidad, de tal modo que “si no se toman medidas y persiste la tendencia de crecimiento actual alcanzaríamos el 100% de ocupación del sistema en un plazo de dos meses”, refleja este informe.