El juzgado anula un desahucio en Santoña realizado sin orden judicial
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santoña ha declarado la nulidad del desahucio practicado a una familia del municipio por la infracción de varios preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y por el incumplimiento de las obligaciones de Bankia como entidad ejecutante.
Los afectados, asesorados por los colectivos antidesahucios, denunciaron que se trataba de un “desalojo ilegal” porque la Policía les obligó a abandonar el inmueble el pasado verano pese a “no contar con la autorización del juez”, un extremo confirmado ahora en un auto fechado el 3 de marzo y dado a conocer este viernes desde la plataforma STOP Desahucios.
Esta organización ha celebrado a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación la reciente resolución del Juzgado de Santoña, por el cual se anula el lanzamiento de la vivienda de una familia santoñesa el 29 de julio de 2016.
Concretamente, el auto judicial explica que se han incumplido los artículos 675 y 661 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, prescindiéndose “de una norma esencial del procedimiento generando, así, indefensión en los recurrentes”. El contenido de los preceptos se refiere a la obligación del adquiriente (Bankia) de comunicar al Tribunal la existencia de ocupantes de la vivienda, cosa que no hizo la entidad bancaria.
Desahucios parados
Asimismo, la plataforma STOP Desahucios ha informado sobre los últimos lanzamientos suspendidos o anulados en Cantabria y ha mostrado su satisfacción por los dos últimos desahucios parados, que iban a practicarse el 22 y el 31 de este mismo mes. Según han explicado, se trataba de dos familias de Santander y las peticiones de lanzamiento fueron producto de sendas ejecuciones hipotecarias promovidas por Liberbank y La Caixa, respectivamente.
Dichas suspensiones han sido fruto de la colaboración de la plataforma con la Oficina de Emergencia Habitacional habilitada por el Gobierno de Cantabria, la cual “ha realizado un gran trabajo para llegar a acuerdos con las entidades bancarias”, según fuentes de la plataforma.
Llamamiento a los juzgados
Por último, la plataforma también ha hecho un llamamiento a los Juzgados de Cantabria para que, al igual que se ha hecho en otras comunidades como la de Madrid, “se paralicen todas las ejecuciones hipotecarias en curso”.
El colectivo de afectados entiende que, después de las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), deberían anularse o, como mínimo, suspenderse todos los procedimientos de ejecución hipotecaria.
De hecho, en la plataforma existe una gran cantidad de afectados a los que se ha sobreseído el procedimiento y ya hace meses que hubo incluso dos autos de la Audiencia Provincial en relación con las apelaciones de las entidades bancarias. Dichos autos, de junio y diciembre de 2016, desestimaban sendos recursos de Bankia y de BBVA.
Para la plataforma, estas resoluciones judiciales obedecen en gran medida a la iniciativa del actual juez decano, Jaime Anta, el cual elevó cuando era titular del Juzgado de primera Instancia número 2 al TJUE varias cuestiones prejudiciales sobre los efectos de la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado y de las cláusulas abusivas en general.
Dicha iniciativa tuvo como respuesta el auto de 11 de junio de 2015 y, sobre todo, la sentencia de 16 de enero de 2017, ambas del TJUE. Según la plataforma, “estas sentencias van a ser un punto de inflexión de cara a los procedimientos de ejecución hipotecaria a partir de ahora, los cuales podrán ser anulados si existen cláusulas abusivas como el vencimiento anticipado. De hecho, se podría decir que una gran parte de las ejecuciones hipotecarias desde 1995 podrían ser consideradas ilegales y contrarias al derecho comunitario”.
