El 'banco malo' cederá parte de su stock de vivienda para alquiler social
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y el Gobierno de Cantabria están negociando un convenio para que la entidad, conocida como 'banco malo', ceda temporalmente al Ejecutivo cántabro parte de su stock de vivienda para destinarlo a alquiler social.
La Sareb ya ha facilitado a la Dirección General de Vivienda del Gobierno regional el mapa de los inmuebles de los que dispone en la Comunidad, y los técnicos de ambos organismos están analizando los municipios en los que existe “una mayor demanda”, según ha podido saber este diario.
Una vez alcanzado ese acuerdo, tendrán que definir las condiciones económicas, ya que la cesión no es gratuita. A cambio, la Sareb recibe una contraprestación de la Administración pública para “sufragar los gastos de seguro y de comunidad, del IBI y tasas y tributos vinculados a la propiedad de las viviendas, así como los gastos que genere el condicionamiento de la misma para su habitabilidad”. En cuanto al precio del alquiler, es el Gobierno el que determina el importe y las condiciones de acceso en función de sus criterios.
El dato oficial de las propiedades que el 'banco malo' tiene en Cantabria no ha trascendido, si bien la cifra podría estar en torno a los 1.900 pisos y 1.100 garajes. Un estudio encargado por el equipo de Gobierno PSOE-PRC del Ayuntamiento de Torrelavega cuantificaba en 105 las viviendas en la capital del Besaya, mientras que en el caso de Santander son cerca de 300 las propiedades que aparecen en los registros del Consistorio a nombre de la Sareb. No obstante, tan sólo es una pequeña parte de estas viviendas las que el 'banco malo' está dispuesto a ceder.
En este sentido, las negociaciones con el Gobierno de Cantabria se enmarcan dentro de la oferta de 2.000 viviendas que la entidad ha ofrecido como máximo -en total posee unas 50.000- al conjunto de las comunidades autónomas para que éstas puedan incorporarlas a sus propios programas sociales.
En julio de 2014, el Gobierno de Cataluña se convirtió en el primero en alcanzar un acuerdo. La Generalitat recibió 600 pisos que ha puesto en el mercado con una cuota mensual que oscila entre los 150 y los 400 euros. El Gobierno de Aragón y la Xunta de Galicia son las otras dos comunidades que, por el momento, han suscrito estos convenios. En febrero y en marzo, estas autonomías asumieron la gestión de 80 y 50 viviendas de la Sareb, respectivamente, con un precio de salida de entre 75 y 300 euros en Aragón, y del 30% de la renta de la unidad familiar en el caso de Galicia.
En todos los casos, la duración del acuerdo es por cuatro años, en los que los ejecutivos se hacen responsables de las viviendas en calidad de usufructuarios. Pasado ese tiempo, la entidad recupera su titularidad, o bien de mutuo acuerdo pueden prorrogar el convenio por otros dos años.
El Sareb se creó en 2012, con un 45% de capital público, con el objetivo de liquidar los inmuebles y préstamos adquiridos para ayudar al saneamiento del sector financiero y, en concreto, a las entidades bancarias que recibieron ayudas públicas. Ante la necesidad social y la dificultad de que el mercado inmobiliario absorba toda la oferta, el 'banco malo' se ha decidido a “echar una mano a los problemas de vivienda de la población”.
El caso de Ganzo
Precisamente una de las urbanizaciones inmobiliarias de la Sareb en Cantabria ha sido protagonista en los últimos días. El Ayuntamiento de Torrelavega ha advertido que las 78 Viviendas de Protección Oficial (VPO) que el 'banco malo' posee en Ganzo podrían tener que ser derribadas al encontrarse en una situación de “ilegalidad”.
Esta promoción ha sido uno de los 'caballos de batalla' del equipo de Gobierno municipal. Data del año 2011 y nunca se ha llegado a comercializar, ni ocupar, debido a deficiencias en el remate de la obra, lo que ha impedido que obtenga la licencia de primera ocupación. Esto ha supuesto que “caduque” la calificación provisional de VPO concedida por el Gobierno de Cantabria, al que el Consistorio reclama que tome las medidas oportunas para evitarlo.
El concejal de Urbanismo, José Otto Oyarbide, responsabiliza de esta situación a la “desidia, dejadez y despreocupación” del anterior alcalde, Ildefonso Calderón, y del anterior concejal del área, Alejandro Fernández Berjano -ambos del PP-, “que no se preocuparon por este tema que se hubiera solucionado con unos sencillos remates”.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Torrelavega también se ha movilizado. Este pasado sábado celebraron una concentración frente a las viviendas para exigir que sirvan para dar alojamiento a familias en situación de vulnerabilidad, al igual que propone el Consistorio local.
