Los trabajadores de AMPROS denuncian que la empresa “gasta el dinero público en despidos improcedentes”
Los trabajadores y trabajadoras de la Asociación Cántabra En Favor de las Personas Con Discapacidad Intelectual (AMPROS) denuncian que la empresa está despidiendo a sus empleados “con reconocimiento de la improcedencia en la mayoría de los caso”, así como la “doble estructura legal sobre la que actúa la asociación” y la “falta de transparencia en una entidad que recibe miles de euros”.
“La misión declarada de esta asociación es contribuir a mejorar la calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia”, por lo que sus empleados “no quieren seguir perdiendo derechos laborales”, según reclaman.
En un comunicado, el presidente del comité Centro Especial, Roberto Martínez, y la presidenta de Servicios Sociales, María Eugenia González, aseguran que esta asociación ha gastado desde 2012 hasta 2018 “aproximadamente 150.000 euros en despidos improcedentes” y critican la “falta de transparencia” de esta empresa que “recibe miles de euros de dinero público”.
Asimismo, denuncian que los trabajadores de AMPROS sufren “congelación salarial” desde hace cinco años y ponen de manifiesto los “recortes” que han padecido y que han supuesto una “notable merma de la calidad de atención a personas usuarias”, con “la no renovación en los equipos o con unas infraestructuras obsoletas”.
Por otro lado, señalan “la falta de acceso a la información económica de la organización, ya que prohíben a los trabajadores y trabajadoras asistir a la Junta Directiva y a la Asamblea General, como venía siendo habitual”. “De hecho, se desconocen los salarios de cinco directivos, además de pluses pactados que perciben ciertos trabajadores”, recalcan. Ante esta situación que consideran “insostenible” solicitan al Gobierno de Cantabria que realice “una auditoría de viabilidad, como ya han realizado en otras entidades”.
