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“El Gobierno quiere desactivar la acusación contra Agudo y Marcano”

Ángel Agudo con Francisco Pernía y Ahsan Ali Syed durante la reunión previa a la venta del Racing en Zúrich.

elDiario.es Cantabria

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Eduardo Van den Eynde, ha manifestado este jueves que la sustitución del letrado que ejercía la acusación particular en nombre de CANTUR en el 'caso Racing', es un “indicio claro de lo que se pretende desde el propio Gobierno, y que no es otra cosa que desactivar dicha acusación contra los exconsejeros Agudo y López Marcano”.

Este acuerdo del Consejo de Administración de CANTUR, empresa pública controlada por el consejero de Turismo, Francisco Martín, “es casi una confesión de culpabilidad de los partidos en el Gobierno. No tiene un pase que se sustituya al abogado que ha representado los intereses de CANTUR en este proceso, ya que es quien conoce a fondo la instrucción de la causa”.

“El problema”, según subraya Van den Eynde, “es que se acusa indiciariamente a los citados miembros del Ejecutivo, así como a otros particulares que colaboraron en la 'caso Racing', y eso sigue suponiendo un conflicto de intereses para quienes hoy forman el Gobierno de Cantabria”. Para el portavoz parlamentario del PP es “evidente” que dicho cambio “solo puede tener un interés, y es el de que la acusación particular, ejercida por CANTUR, decaiga de forma más o menos encubierta”.

“Es más, demuestra que el actual Gobierno del PRC-PSOE no está interesado en depurar responsabilidades por unos hechos que la juez instructora del caso evalúa en un presunto quebranto a las arcas públicas de más de 43 millones de euros”, y es que para Van den Eynde, el verdadero objetivo no es otro que “defender los intereses de los encausados que son destacados miembros de dichos partidos, y que como responsables de aquel Gobierno tuvieron presumiblemente una responsabilidad directa en los hechos que se están dirimiendo en los tribunales”.

“Nuestro grupo va a preguntar al actual consejero, el señor Martín, cuáles son las razones que aduce para este cambio de abogado, para conocer cuál es la disculpa que se utiliza para esta maniobra tan evidente y grosera, así como por los costes que va a significar el citado cambio y cómo se ha procedido para la nueva designación de letrado”.

“Tenemos la fundada sospecha de que este cambio se debe a que el abogado que estaba representando a CANTUR no ha querido plegarse a las directrices de dejar decaer la acusación y que, por tanto, para cumplir este objetivo de anular la acusación, era preciso acudir a otra representación legal”, ha concluido.

Críticas de toda la oposición

El resto de grupos en la oposición parlamentaria, Podemos y Ciudadanos, también han censurado la decisión de CANTUR de cesar al que ha sido su abogado hasta este momento en el 'caso Racing' y han acusado al Gobierno de intentar “obstaculizar” el proceso. A juicio de C's, el cese de Javier Noriega y su sustitución por el letrado Javier Burgada, constituye “un intervencionismo del Ejecutivo autonómico sin sentido y deja en dudas la clara voluntad de sus responsables de trabajar por los intereses de Cantabria por encima de intereses partidistas”.

El portavoz de la formación naranja en el Parlamento, Rubén Gómez, ha subrayado a través de una nota de prensa que el proceso lleva ya un amplio recorrido y el proceso está pendiente de su fase final de instrucción en el Juzgado número 5 de Santander, y ha mostrado su “sorpresa” por que el cese del abogado se produjo el lunes, día 28 de marzo, coincidiendo con la intervención del consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, en la Cámara regional, donde “llegó a afirmar que no se iba a modificar ningún papel en lo que respecta a este asunto”.

Mientras tanto, Podemos ha registrado una proposición no de ley en la que pide la reprobación del Gobierno y ha pedido el acta de la reunión de CANTUR del pasado 28 de marzo, así como documentación sobre el cese de Javier Noriega como abogado de la empresa pública en el 'caso Racing', y su sustitución por Miguel Burgada. La iniciativa tiene visos de prosperar dado que la coalición PRC-PSOE está en minoría y es previsible que cuente con el apoyo del PP y Ciudadanos.

Un cese sin explicaciones previas

Según ha confirmado Javier Noriega, el Consejo de Administración de Cantur lo cesó como abogado de la empresa pública en la querella que el anterior Gobierno del PP promovió contra responsables del Gobierno PRC-PSOE por la operación de compraventa del Racing.

CANTUR se lo comunicó por escrito el pasado lunes, 28 de marzo, aunque ya a primeros de mes le pidieron la venia, una circunstancia que, en su opinión, debería conocer el consejero Francisco Martín, responsable último de CANTUR, cuando ese mismo día declaró en el Parlamento que el Gobierno PRC-PSOE mantiene la acusación en el 'caso Racing'.

Noriega ha afirmado que “no entiende el motivo de su cese” en este momento, cuando hace ocho meses que el procedimiento “está parado”. En este sentido, ha recalcado que “no se ha movido ningún papel” desde que, en julio de 2015, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, Mercedes Compostizo, decretó la suspensión del procedimiento para el tribunal del jurado hasta que la Audiencia resuelva los recursos de los exconsejeros Francisco Javier López Marcano (PRC) y Angel Agudo (PSOE).

“No me pueden achacar una mala actuación porque no ha habido procedimiento”, ha dicho Noriega, quien asegura que deja el caso con “la conciencia muy tranquila porque ha metido mil horas en un trabajo en el que creía”. El letrado considera que los indicios de delito que plasmó por escrito en el informe que CANTUR le solicitó en 2013, “se han visto corroborados posteriormente a lo largo del proceso”.

En su opinión, “existen indicios delictivos serios” y “lo que merece el procedimiento es acabar en juicio”, en el que un juez o un tribunal de jurado, “con todas las garantías para todas las partes”, “dilucide si esas irregulares actuaciones constituyen delito o no”.

Noriega se ha preguntado por qué Cantur “ha esperado ocho meses” para cesarle si no ha existido actuación judicial y ha apostillado que los motivos del cese habría que preguntárselos al consejero Francisco Martin, aunque “a lo mejor es que no le han consultado la decisión”, ha ironizado.

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